La resistencia a UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) y la privatización de la vida en Costa Rica

Idioma Español

Entrevista a Silvia Rodríguez Cervantes, integrante de la Red por la Biodiversidad de Costa Rica y activa participante del movimiento social que impulsó el Referéndum contra el TLC durante el año 2007 y que en estos momentos se encuentra trabajando por la realización de un Referendum para que se consulte a la ciudadanía sobre la aprobación de UPOV frente al intento de aprobar una Ley que lo acepte en el Congreso costarricense.

29 de marzo de 2008

1- ¿Cuál ha sido el proceso impulsado por el Gobierno con posterioridad a la derrota en el Referendum del NO?

Lo que tiene copada a la Asamblea Legislativa, son los proyectos de ley enviados por el gobierno (poder ejecutivo) que conforman la llamada "agenda de implementación". Esta agenda la constituyen, por el momento, nueve leyes nacionales y tres convenios o tratados internacionales (el de UPOV, el de Budapest y el de Marcas) y un convenio de cooperación ambiental, con los cuales el país daría señales de estar dando los pasos necesarios, aunque todavía no suficientes, para adecuar con la normativa nacional las exigencias del TLC. Sin esta legislación en orden, Estados Unidos no nos "certifica", o sea, no entra el TLC con Costa rica en "verdadera" vigencia. Esto es increíble: algo que pertenece a la legislación interna de Estados Unidos, de pronto pasa a ser de observancia obligatoria para nuestro país.

2- ¿Cómo han salido parados los movimientos sociales por el NO del Referendum?

Los primeros días fueron de atontamiento o de aturdimiento. Después de la movilización ciudadana que se había ido incrementando a lo largo y ancho del país, no podíamos creer que hubiéramos perdido. Seis días antes del referendo las encuestas, aún de las agencias sesgadas hacia el Si, tuvieron que reconocer que el No estaba siendo favorecido con seis puntos de ventaja. A pesar de eso, algunos y algunas presagiamos la derrota tres días antes del referendo.

Resulta de que había demasiados intereses en juego que no iban a permitir que se concretara nuestro triunfo. No lo permitiría ni el embajador de Estados Unidos que se había mostrado totalmente beligerante en forma pública a favor del TLC. Tampoco lo iban a permitir las cámaras de empresarios nacionales y la cámara "americana" ni los medios de comunicación impresa ni televisiva, incluyendo la cadena internacional de CNN. Menos aún iba a permitir el triunfo del No el presidente de la república que cuando candidato no tuvo empacho en decir que iba a gobernar con "tiranía en la democracia", cosa que así ha hecho manteniendo control sobre otros poderes: la asamblea legislativa en donde domina con apretados 38 votos, pero suficientes para ser mayoría; la sala constitucional que está bajo sus órdenes desde el momento en que hace tres o cuatro años "interpretó" la constitución para permitir la reelección presidencial y así favorecer la candidatura del actual presidente; y el tribunal supremo de elecciones.

Con este férreo blindaje no hubo forma de lograr que se frenara la descarada propaganda de pánico que siguió circulando a pesar de estar ya en el triduo de "amnistía" en que los contendientes deben parar sus respectivas manifestaciones. Consultado el Tribunal sobre esta situación, manifestó que eso eran "noticias" y no propaganda. Esas "noticias" siguieron insistiendo en prensa, radio y televisión así como en el interior de las mismas fábricas, que éstas se iban a cerrar, que la gente perdería empleos y que no habría manera de contar con un nuevo y más benigno tratado con los Estados Unidos, nuestro primer socio comercial.

Es entonces fácil de entender ese aturdimiento y desazón que llenó al movimiento popular una vez conocidos los resultados. Los escépticos habíamos sido sólo algunos o algunas. A pesar de la no observancia del triduo de "aministía", la esperanza estaba cifrada en ganar.

Al perder, y como siempre pasa, empezaron a salir chivos expiatorios y a no saber para donde dirigir los esfuerzos. Muchos de los 300 comités patrióticos se disolvieron. Otros continúan trabajando bastante bien y la diferencia la ha hecho, desde mi punto de vista, el entender que de aquí en adelante la "horizontalidad" con la que trabajamos en forma reactiva en contra del TLC, tiene que dar paso a una situación de una mínima organización, en la que incluso se dé algo de verticalidad, de reflexión sobre qué sociedad queremos y tácticamente por donde seguir las acciones y cómo articular los distintos comités. Durante el proceso la característica del movimiento fue de no querer líderes y sólo una mínima coordinación entre comités. Entonces, en la riqueza estaba también la debilidad. Recientemente, alguien dijo con sabiduría: "tanta horizontalidad nos dejó pasmados en la cama".

3- ¿Cua?es son las leyes que se quieren aprobar como "agenda de implementación?

Son las que constituyen la parte medular del TLC y que desgraciadamente vienen a desbaratar el estado social de derecho que eran tan querido por los costarricenses, como por ejemplo: las leyes que eliminan el monopolio estatal de la energía, las telecomunicaciones, los seguros tanto de vida como de salud, la educación pública así como todas las leyes de propiedad intelectual que se deben readecuar para "armonizarlas" con las de Estados Unidos.

4- ¿Cuántas de estas leyes tiene que ver con los Derechos de Propiedad Intelectual?

De las 13 leyes y convenios de la agenda de implementación, seis tienen que ver con DPI, tales como: variedades vegetales (Convenio UPOV y ley nacional), tratado de Budapest, Tratado del derecho de marcas, Ley de procedimientos, observancia de los derechos de propiedad intelectual y una reformas a nuestra s leyes anteriores de Marcas y otros Signos Distintivos, y la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. ¿No que la "territorialidad" era una de las características de las leyes de propiedad intelectual por la cual cada país soberano se daba el derecho de legislar según su propia decisión? Eso, parece pertenecer al pasado.

5- ¿Cuántas de estas Leyes afectan directamente la situación en relación a la Biodiversidad en Costa Rica?

Directamente el Convenio UPOV y su hijita la ley de protección a obtenciones vegetales. También el Tratado de Budapest. Indirectamente, quisieron de una vez incluir en las reformas a la ley de marcas, reformas a la ley de biodiversidad en lo que atañe a la propiedad intelectual que frenaba un poco a los biopiratas. Tuvieron que dar marcha atrás porque había problemas de lo que en el lenguaje jurídico se conoce como "no existencia de conectividad". En pocas palabras: "nada que ver la biodiversidad con las marcas y otros signos distintivos". Pero bien sabemos que eso se viene en pocos días porque si no, Estados Unidos no nos "certifica" y la ley de biodiversidad tiene suficientes escollos al "libre comercio" y a la "propiedad intelectual" que deben eliminarse.

Debo recordar que además de estos convenios y tratados que el capítulo de propiedad intelectual del TLC nos obliga a aprobar, hay algunos artículos en el texto del TLC que también afectan a la biodiversidad. Por ejemplo el artículo en que subrepticiamente, como sin querer queriendo, se cierra la posibilidad de exigir el certificado de origen (que incluye la constancia de que el biopirata, en este caso bio corsario, se llevó el material siguiendo todos los pasos exigidos en la ley de biodiversidad). Sabemos que el requerimiento de este certificado está empezando a tener aceptación dentro de los países miembros del Convenio de Diversidad Biológica, mientras que, por otro lado, los TLC están sacando la vuelta y negando en ellos lo que en el Convenio ha tomado años empezar a aceptar.

Sí quiero recalcar que en la Red de Coordinación en Biodiversidad, sabemos que el certificado de origen se convierte, de hecho, en la aceptación de la propiedad intelectual de nuestros recursos (y al fin de cuentas su control) a cambio de que el biopirata ( bio corsario) de unos pasos "legales" entre los que se incluye la obligación de un posible reconocimiento económico para el país y la comunidad en donde se hace la extracción del recurso; pero, siendo conscientes de eso, lo que queremos señalar aquí es cómo ni siquiera eso es aceptable para Estados Unidos.

6- Contanos brevemente cuál ha sido la historia de la lucha en defensa de la Biodiversidad durante las últimas décadas en Costa Rica.

Creo que la presencia de un instituto de biodiversidad en el país que logró un contrato con una empresa multinacional farmacéutica en 1993, incluso un poco antes de que se firmara el Convenio de Diversidad Biológica, creó en muchos y muchas costarricenses el deseo de no quedarnos sólo con la información periodística, sino empezar a cuestionarnos la naturaleza de ese instituto, cómo era que siendo un instituto privado disponía tan fácilmente de la biodiversidad contenida en los parques nacionales, por qué era que los términos del famoso contrato eran privados si se estaban vendiendo bienes públicos, etc. etc.

Poco a poco nos fuimos aglutinando pequeños grupos de personas y organizaciones ecologistas, académicas, campesinas e indígenas interesados en conocer los marcos internacionales que empezaban a imponernos el camino a seguir en nuestros países no sólo en el campo de la biodiversidad estrictamente, sino también en el campo de los tratados de libre comercio. Así, nos fuimos ganando a pulso el contar con varios asientos para participar directamente de la elaboración de la ley de biodiversidad. Teníamos la certeza de que era un tema no sólo reservado para técnicos y científicos sino del absoluto interés de todos y todas las costarricenses. De esta manera la ley de biodiversidad, que como decía anteriormente, tiene muchas inconsistencias y debilidades no sólo porque fue pionera en el mundo sino porque fue el resultado del trabajo de consenso de una comisión mixta especial legislativa integrada por representantes de partidos políticos, ecologistas, campesinos, indígenas, ecologistas, federación de cámaras empresariales y académicos y académicas, constituyó un hito en la elaboración participativa de una ley que de alguna forma ha puesto en jaque a quienes quisieron haber tenido normas más condescendientes con las leyes comerciales y con la ideología "vender para salvar".

Esta primera experiencia, de la que precisamente salió la Red de Coordinación en Biodiversidad, nos impulsó a seguir con una lucha también muy relacionada con la biodiversidad agrícola como fue la resistencia en contra de la aprobación del Convenio UPOV y la respectiva ley nacional. En 1999 sólo estábamos al tanto de lo que este convenio significaba unas cuantas personas (no más de diez), entre ellas un expresidente de la república, don Rodrigo Carazo, dispuesto a darnos el espaldarazo político a quienes no contábamos con ninguna fuerza en ese sentido y sólo teníamos algo de conocimiento sobre los alcances de su contenido sobre los campesinos y la biodiversidad. Junto a otros pudimos desarrollar los argumentos con los que pudimos no sólo frenar en dos oportunidades la aprobación de UPOV, sino también hacer una propuesta alternativa, la ley de protección de los derechos de los fitomejoradores, que fue formalmente introducida en la corriente legislativa en el 2003 pero frenada por la ya para entonces posible obligación de aprobar UPOV impuesta por el TLC.

Además la presencia de la red ha estado también en temas de bioseguridad y en defender aquellos artículos más importantes de la ley de biodiversidad.

7- ¿Cómo afectan estas Leyes de implementación estos logros?

Creo que ya hablé algo anteriormente pero en resumen, pronto seremos otro más de los países miembros del convenio upov y de Budapest, con todo lo que significa en la pérdida del control campesino de las semillas y de otro material vegetativo de reproducción. Igualmente perderemos los artículos más significativos de la ley de biodiversidad especialmente en los que tienen que ver con el freno que intentábamos poner a los derechos de propiedad intelectual que ahora será eliminado.

8- ¿Cómo ven específicamente que impactará UPOV en Costa Rica?

Tomando lecciones de otros países, sabemos que nos afectará en lo económico porque los derechos de obtentor significan enormes regalías para sus dueños, tal como es el ejemplo reciente de Corea del Sur, miembro de UPOV desde el 2002, y que año con año tiene que erogar miles de millones de dólares por ese concepto. Igualmente el caso de Argentina es significativo. En cuanto al impacto en la erosión de la biodiversidad sabemos bien que al imponerse variedades vegetales que están bajo estos derechos, que seguro también cumplirán con los estándares amañados de la certificación y liberación de semillas, vendrán a eliminar poco a poco las variedades de los campesinos y a ir diezmando la biodiversidad agrícola. Por último, es de preocupar que el control de las semillas, especialmente los granos básicos, esté siendo monopolizado por una cuantas empresas transnacionales que se han visto favorecidas con los derechos de propiedad intelectual y otro tipo de controles que también ejercen de tipo tecnológico (semillas estériles y zombies e incluso híbridos) y de tipo contractual; y en cambio, las semillas de los campesinos lleguen a ser consideradas "ilegales" si no cumplen a cabalidad con las certificaciones y control de calidad que ya están siendo impuestas en otros países.

9- ¿Cuál ha sido la reacción de los diferentes movimientros sociales (Movimientos Patrióticos, indígenas, campesinos) frente a estas leyes?

Muchas de estas leyes no son fáciles de entender para la mayoría de la gente. No les cabe que alguien sea capaz de impedir a los agricultores resembrar semilla de su propia cosecha o bien si lo hacen por un gran "privilegio", sea sólo a condición de que el producto sea para autoconsumo y nunca para venderlo como "semilla". El movimiento ecologista intentó llevar el convenio UPOV a referendo popular, lo que quiere decir que teníamos que conseguir 135,000 firmas en un lapso de un mes o mes y medio (ver recuadro).

En concreto, todavía no sabe el grueso de la población, los verdaderos alcances de estas leyes que por otro lado fueron poco discutidas durante los meses anteriores al referendo porque en los cientos de reuniones y mesas redondas los temas más solicitados fueron los relacionados con el TLC y el empleo, la privatización de empresas estatales, el precio de las medicinas, el impacto sobre la salud y la facilidad o no para exportar. UPOV y la biodiversidad no tenían la misma preocupación.

10- ¿Cómo se afecta la "institucionalidad" tan preciada por el pueblo de Costa Rica con la aprobación de estas Leyes?

Definitivamente y como ya mencioné, quiebran hondamente el sistema democrático del país y el estado social de derecho. Yo que soy mexicana de origen y crianza, aquilato enormemente los esfuerzos que las generaciones anteriores de costarricenses realizaron para hacer de Costa Rica un buen ejemplo de convivencia por ese tipo de organización que, aunque lejos de ser perfecta sí tuvo logros sociales muy grandes. Su pérdida o incluyo la posibilidad de seguir perfeccionando ese modelo es una de las mayores preocupaciones que tenemos actualmente porque sabemos que recuperarnos de este golpe nos va llevar muchísimos años si no actuamos aceleradamente y si no hacemos alianzas con otros países también sometidos a las mismas exigencias de los tratados de libre comercio.

11- ¿Cómo vislumbrás el futuro en torno a las acciones de los movimientos sociales frente a estos temas?

Olvidé señalar que una característica importante del movimiento social fue la participación de las universidades y un sinnúmero de académicos "orgánicos" que trabajaron desinteresadamente en los análisis y los debates en contra del TLC. Muchos de ellos han seguido aportando para ir lanzando ideas a los comités sobre la sociedad que queremos, el qué hacer ahora, sobre qué bases, y sobre la crítica constructiva de lo que hicimos y dejamos de hacer en estos casi cinco años de lucha en contra de este TLC.

Los comités patrióticos que sobreviven están ahora interesados en ir impactando las municipalidades. Muchos de ellos se encuentran debatiendo en si hacerlo como organizaciones civiles o ir dando pasos hacia la creación de pequeños partidos políticos cantonales…. En esas estamos, esperanzadamente y sacando bríos apoyándonos unos y unas con otros y otras. Cuando uno tropieza hay alguien listo para levantarlo o levantarla. Aquí sí que debe funcionar la metáfora de las aves que al volar cientos de miles de kilómetros buscando mejor clima, quien va abriendo el camino lo hace sólo por un tiempo. El ir en esa posición recibiendo de frente todo el golpe del aire y así proteger a los de atrás, requiere que de tanto en tanto ceda el lugar a otro o a otra y se vaya a la cola a descansar dejando su lugar de "líder" a alguien más.

Recuadros

¿Cuales son los impactos del TLC y las leyes de implemantación sobre La Ley de Biodiversidad de Costa Rica?

La ley de Biodiversidad de Costa Rica No. 7788, fue el resultado del trabajo de colaboración de muchas personas e instituciones para que el país contara con una legislación reguladora de la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de ese uso, de acuerdo a los lineamientos del Convenio de Diversidad Biológica (CDB). En la ley ocupan un lugar importante los derechos colectivos de las comunidades locales y los pueblos indígenas incluso su potestad de vetar la extracción de materiales de sus territorios por "motivos culturales, espirituales, sociales, económicos o de otra índole” (Art. 66).

El CDB fue ratificado por Costa Rica en 1993, la ley fue sancionada en mayo de 1998 y las Normas Generales para el Acceso a los Elementos y Recursos Genéticos y Bioquímicos de la Biodiversidad fueron publicados mediante Decreto Ejecutivo en diciembre de 2003.

Al entrar en contradicción algunos artículos de dicha normativa con el TLC (US-Cafta) o con otros tratados que el mismo TLC nos obliga a suscribir (p.ej. el de Budapest y el Convenio UPOV-91), gran parte de este esfuerzo nacional de casi diez años deberá ser reformado precisamente en artículos con los cuales muchos y muchas costarricenses nos enorgullecíamos por su carácter progresivo a favor de la biodiversidad y sus custodios, las comunidades locales y los pueblos indígenas.

La armonización de la normativa nacional con el TLC, está siendo ejecutada por medio de la aprobación o reformas a nueve leyes, y la aprobación o ratificación de otros tres tratados y un convenio de cooperación ambiental. Al conjunto de estas leyes y convenios se le conoce como "Agenda de Implementación" (del TLC), y constituye la expresión mínima con la cual Estados Unidos emitiría su "certificación" para que Costa Rica pueda entrar plenamente a formar parte del TLC. Más tarde vendrán necesariamente más reformas, nuevas leyes y decretos nacionales en vista de que el TLC pasó del sistema vigente en la OMC de "listas positivas" en donde las leyes nacionales están salvadas con tales y cuales excepcione; a un enfoque de “listas negativas” en donde las leyes nacionales no están excluidas de las obligaciones del TLC, sólo las actividades y regulaciones expresamente mencionadas.

Los siguientes son extractos de los artículos de la ley relativos a los requisitos para otorgar permisos de acceso a los recursos de la biodiversidad. Por el momento ya han sido anunciados como próximos a reformarse los artículos 78, 80 y 81 vinculados además, con la propiedad intelectual. En los documentos oficiales no se han justificado todavía las razones para modificarlos ni el nuevo articulado por lo que este análisis sólo tiene un carácter comparativo.

Ejemplos de conflicto entre la Ley de Biodiversidad, el TLC y otros Tratados de Propiedad Intelectual en materia de permisos de acceso.

Ley de Biodiversidad TLC u otros Tratados
Artículo 69 concede permisos de acceso a la biodiversidad pero no son contratos ni "acuerdos de inversión"

En cambio:

Según el Anexo 1, Lista de Costa Rica I-CR-31, la investigación científica y la bioprospección son un "servicio transfronterizo"; por tanto le son aplicables las disposiciones del Cap. 11 del TLC [1] que protege dichos servicios. Es decir el carácter de investigación y bioprospección cambia en el EU-CAFTA.

Según la ley de Biodiversidad, los investigadores y bioprospectores requieren de un permiso de acceso pero en el TLC, en la definición de "inversión", Cap.10 [2], Art. 10.28, inciso g) "las autorizaciones o permisos (…) otorgados de conformidad con la legislación interna" son inversiones.

Las inversiones en esa misma definición se consideran "activos" de propiedad de un inversionista.

Por lo tanto, si para ejecutar un servicio científico y de bioprospección el interesado debe ser autorizado conforme a la legislación interna, automáticamente el permiso se transforma en una inversión, los permisos de acceso, como cualquier permiso, pasarían a ser "acuerdos de inversión" y el inversionista tendría derechos “con respecto a los recursos naturales u otros activos controlados por las autoridades nacionales". (Art. 10.28, inciso b)

[1] Cap. 11 del TLC-EUCARD: Comercio Transfronterizo de Servicios

[2] Cap. 10 del TLC-EUCARD: Inversión

Art. 78 Contiene las excepciones a los derechos propiedad intelectual entre otras cuando se trata de:

· Secuencias de ácido desoxirribonucleico no modificado.

· Plantas y animales

· Microorganismos no modificados genéticamente

Invenciones que, al ser explotadas comercialmente en forma monopólica, puedan afectar los procesos o productos agropecuarios considerados básicos para la alimentación y la salud de los habitantes del país.

En cambio:

-El Tratado de Budapest facilita el patentamiento de ADN y de microorganismos no modificados, basta con haber sido aislados.

-Para aprobar el Tratado de Budapest se modifica la definición de microorganismo de la Ley de Biodiversidad.

-El TLC exige "hacer todos los esfuerzos necesarios para patentar plantas" (Art. 15.9.2) [1]

-Cualquier barrera a los derechos de propiedad intelectual podría ser cuestionada en el TLC, ya que éstos son protegidos como "inversión".

[1] Cap. 15 del TLC EU-CA-RD: Propiedad Intelectual

Art. 79. Congruencia del sistema de propiedad intelectual. (….) las resoluciones que se tomen en materia de protección de la propiedad intelectual relacionada con la biodiversidad, deberán ser congruentes con los objetivos de esta ley (de Biodiversidad) en aplicación del principio de integración.

 

Art. 80. Consulta previa obligada. (…) Se deberá consultar obligatoriamente a la Oficina Técnica de la Comisión (Nacional de Gestión de la Biodiversidad), antes de otorgar protección de propiedad intelectual o industrial a las innovaciones que involucren elementos de la biodiversidad. Siempre aportarán el certificado de origen emitido por la Oficina Técnica de la Comisión y el consentimiento previo (de las autoridades respectivas de donde se hizo el acceso a los recursos).

La oposición fundada de la Oficina Técnica impedirá registrar la patente o protección de la innovación

En cambio:

En el Art. 10.9.2: Requisitos de desempeño, del Cap. 10 de Inversiones, se indica que ninguna parte condicionará la recepción de una (….) inversión, con los requisitos allí indicados.

De manera que las exigencias de la ley de Biodiversidad en los artículos 79 y 80 podrían ser refutadas por imponer medidas que podrían constituirse en "restricciones encubiertas al comercio o inversión internacionales" (Art. 10.9.3. c)

Lo anterior es especialmente cierto para el requisito de presentación del certificado de origen al solicitar patentes, al cual Estados Unidos siempre se ha opuesto.

El Art. 15.9.9. del TLC pareciera eliminar dicha exigencia al hacer una pequeña pero significativa variación en los requisitos de divulgación del art. 29 de los ADPIC [1]. Esta enmienda se incluye en medio de una cada vez mayor aceptación internacional del certificado de origen en el seno de la OMC [2] y del CDB [3] con la cual entraría en contradicción. EL TLC impediría una reconsideración en ese sentido.

La presentación del certificado de origen de los recursos tampoco es considerado ni en el Tratado de Budapest ni en el Convenio de la UPOV.

[1] ADPIC: Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

[2] OMC: Organización Mundial del Comercio

[3] CDB: Convenio de Diversidad Biológica

Art. 81. Licencias obligatorias. Los particulares beneficiarios de la protección de la propiedad intelectual o industrial en materia de biodiversidad cederán, a favor del estado, una licencia legal obligatoria que le permitirá en casos de emergencia nacional declarada, usar tales derechos en beneficio de la colectividad, con el único fin de resolver la emergencia, sin necesidad del pago de regalías o indemnización. Ley de Protección a Obtenciones Vegetales. Art. 28 Licencias obligatorias. Esta licencia por razones calificadas de interés público emitida mediante decreto del Poder Ejecutivo, limita el derecho del obtentor pero indica que siempre recibirá una remuneración equitativa.

Hay otra serie de artículos que deberán ser modificados por ser obviamente incompatibles con el TLC. Por ejemplo los derechos otorgados a las comunidades y autoridades indígenas para rechazar los permisos y la exigencia de otorgar permisos de acceso a cambio de transferencia de tecnología.

¿Cómo se sigue en estos momentos la lucha contra UPOV?

Un grupo ecologistas encabezado por la Federación de Conservación de la Naturaleza (FECON), solicitó en noviembre de 2007 al Tribunal Supremo de Elecciones la celebración de un referéndum popular para aprobar o rechazar tanto el Convenio UPOV como la ley nacional correspondiente de "Protección a Obtenciones Vegetales". En el mes de diciembre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aprobó la recolección del 5% de las firmas del padrón electoral (135,000 firmas) como paso indispensable para que el trámite de referéndum ciudadano continuara. Al emitir la autorización el Tribunal aceptó que ni el Convenio ni la ley habían sido materia de consulta en el referéndum del TLC de octubre de 2007.

La iniciativa tuvo desde el principio varios problemas que en su oportunidad deberán ser evaluados adecuadamente. Lo que sí puedo señalar ahora es que unos problemas son de orden interno como la misma forma de decidir la solicitud de un referendo y la organización y el financiamiento del movimiento para solicitar las firmas. Otros problemas son de orden externo como las condiciones exigidas por el Tribunal para autorizar la recolección de firmas. Una fue que no habría suspensión del trámite de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa, hasta en el momento de hacer la convocatoria oficial del referendo. Esa convocatoria requiere no sólo completar la recolección de las firmas y su revisión una por una por el TSE, sino esperar hasta el 7 de julio, es decir, tres meses antes de la celebración del próximo referendo a celebrarse un año después del recién pasado. Otra condición fue que en el momento que tanto el Convenio de la UPOV como la ley nacional se aprobaran en la asamblea legislativa, dejaría de haber materia de referendo.

Aunque el movimiento tenía presente las exigencias del TSE, la campaña continuó por considerar que la entrega de las 135 firmas o más para su revisión lo más pronto que se pudiera, constituiría un efecto de demostración que podría mover la voluntad de los legisladores a rechazar los proyectos en referendo.

El 23 de enero de 2008, con un nutrido número de personas se realizó el acto de lanzamiento de la campaña "Yo firmo por la Vida", una vez que diversos comités patrióticos del No al TLC, tres partidos políticos minoritarios, distintas organizaciones campesinas y sindicatos prometieron sumarse a la recolección de firmas.

En un primer momento se plantearon objetivos que no pudieron cumplirse por distintas razones. Por ejemplo que en menos de un mes se estarían entregando las firmas al tribunal (entre el lanzamiento de la campaña el 23 de enero y el 28 de febrero). Esto en el fondo surgió con el deseo de entregar las firmas antes de que se aprobara definitivamente la ley de Protección a Obtenciones Vegetales. Para el Convenio UPOV se disponía de más tiempo.

Resultados:

· El 27 de febrero se aprobó la ley de protección a Obtenciones Vegetales, por lo que sólo quedó vigente la recolección de firmas para el Convenio UPOV.
· Al 14 de marzo habían 52,000 firmas recogidas. Con una renovación de cuadros de apoyo al 26 de marzo se habían contabilizado 61,247. Si bien estamos muy lejos de la meta se debe valorar el enorme trabajo realizado en un lapso relativamente corto. La ley de Referendo concede un plazo de nueve meses para la recolección de las firmas, tiempo que no podía utilizarse por las circunstancias arriba señaladas.
· Se considera que antes de la primera quincena de abril estará el Convenio UPOV en el segundo debate por lo que ahora la meta sería únicamente presentar el mayor número de firmas a la asamblea legislativa para demostrar, con una serie de acciones y movilizaciones, el interés de los y las ciudadanas que en un breve tiempo y sin recursos fueron capaces de recoger.

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