Silvia Ribeiro

Plantean que urge evitar que ésta se normalice como si fuera una opción más frente al cambio climático, cuando en realidad funciona como coartada para seguir aumentando las emisiones de carbono y desviar la atención de la investigación y las políticas necesarias.

Desde hace algunos años, en casos más de una década, se ha expandido el negocio de la apropiación y venta de datos genéticos humanos. Es una “industria” con muchas aristas e impactos, sobre la que en general hay poca información. Cada vez es más común que los gobiernos y empresas privadas establezcan bancos de datos con nuestra información genética, con o sin nuestro consentimiento, en la mayoría de los casos sin plena conciencia de cómo pueden ser usados. En la era de los hackeos digitales, estas bases no son una excepción.

El pasado 10 de enero, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) dieron a conocer que un juez federal del estado de Puebla otorgó una suspensión provisional al acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre 2021, que declara los proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional.

En las últimas semanas se han sucedido una serie de importantes asambleas y foros en el estado de Oaxaca, convocadas por comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. El 20 de noviembre, reunidas en la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, acordaron fortalecer las luchas que las comunidades llevan a cabo desde hace años e incluso décadas, articulándose en la campaña ¡No es desarrollo, es despojo!

El 10 y 11 de diciembre 2021, comunidades zapotecas de los valles centrales de Oaxaca realizaron dos nutridas asambleas regionales, el primer día en Santa Catarina Minas, Ocotlán y el segundo en San Dionisio Ocotepec, Tlacolula para analizar y manifestarse sobre la minería en su territorio. Allí decidieron, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, afirmar su rechazo y frenar las actividades de la minera Cuzcatlán, filial de la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mining. En sus acuerdos, exigen a la Secretaría de Medioambiente (Semarnat) que respete el resultado de esta amplia consulta organizada por las comunidades, y que se no otorgue la Manifestación de Impacto Ambiental que solicita la minera para continuar y expandir sus actividades contaminantes. Agregan que “ante la amnesia gubernamental le recordamos al presidente AMLO sus declaraciones: “ninguna concesión minera en México”.

A la cárcel por guardar semillas de su propia cosecha. Suena increíble pero es la consecuencia que ha tenido en varios países la aplicación de leyes que otorgan propiedad intelectual sobre semillas a grandes empresas, con la protección del convenio UPOV (Unión internacional de Protección de Obtenciones Vegetales), institución que esta semana cumple 60 años. 

La falta de decisiones para detener el calentamiento global en la recién finalizada COP26 (reunión de ONU sobre el clima) conlleva que la temperatura global aumentará en promedio tres grados centígrados en este siglo, sobre la media preindustrial. Quizá suene poco, pero es un escenario catastrófico. Con el aumento de 1.1 °C que ya vivimos, hay decenas de miles de migrantes climáticos, incendios e inundaciones devastadoras, alteración de corrientes oceánicas y otros graves impactos. Aún así, en lugar de acciones reales, la COP26 avanzó en retóricas engañosas y de alto riesgo.

"El tema es grave y no es nuevo, pero ante las crecientes e innegables evidencias de la crisis climática y las catástrofes que conlleva, y sobre todo, por las protestas de diversos movimientos y más evidencias de investigación, existe una creciente presión para reconocer el alto impacto climático del militarismo. Incluso en la propia COP26, se nombró -pero no se tomó ninguna acción- que debe ser revisado el tema de los reportes de sus emisiones en la COP27, algo que en sí mismo no cambiaría la situación, pero aún así es resistido".