Ni oro, ni plata: la mina mata

EL SUEÑO DE LA RAZÓN

Columna de Silvia Ribeiro

Las comunidades que participaron, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, Magdalena Ocotlán, Santa Catarina Minas, El Vergel, Los Ocotes, San José del Progreso, San Nicolás Yaxe y San Dionisio Ocotepec, están agrupadas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos y llevan más de una década resistiendo los proyectos mineros y sufriendo atropellos de todo tipo: contaminación, devastación de sus territorios, asesinato de opositores y otras formas de violencia. Tuvieron que hacer protestas públicas para que la Semarnat los recibiera el 25 de octubre de 2021. En esa reunión, acordaron con la Secretaria María Luisa Albores que se realizarían consultas con las comunidades para analizar los impactos y el proyecto de expansión de concesiones mineras en lo que se conoce como el corredor minero Ocotlán-Ejutla-Tlacolula.  Posteriormente, la Semarnat despreció el acuerdo y decidió que haría una consulta solamente con los pobladores de un área llamada Sistema Ambiental Regional, que fue definida por la propia minera e incluye las áreas comunitarias concesionadas a la empresa, sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.  Ante ello, las comunidades decidieron organizar ellas mismas la consulta de todas las comunidades afectadas. Pese a la profunda legitimidad y amplitud de la consultar convocada, las autoridades no se presentaron, mostrando a quienes sí escuchan.

La industria minera es una de las más rapaces del capitalismo, lo cual es mucho decir. En términos generales, consiguen enormes lucros para sí mismas, pagan cifras entre escasas y ridículas a los estados de los países donde explotan los recursos y se caracterizan por una gigantesca devastación social y ambiental. A la contaminación de suelos y aire, se suma el envenenamiento de aguas –fuente de sobrevivencia de quienes viven en estas áreas– sea por contaminación de mantos freáticos o por “accidentes” de sus presas de jales, es decir enormes estanques altamente tóxicos donde echan sus residuos, que muchas veces se derraman en ríos y arroyos. Obviamente no son accidentes, sino que son actividades de altísimo riesgo con la menor inversión posible en prevención y seguridad.

A todos esos daños, que tienen matices según el tipo de minería y el lugar, se suman en la mayoría de los casos repetida y graves violaciones a los derechos indígenas, campesinos, a mujeres y trabajadores. El asesinato de opositores de las áreas donde se quieren establecer o ya se han establecido es un manto recurrente que echa su tétrica sombra sobre esta industria, pero pocos de esos crímenes llegan a juicio, ya que quien protesta, denuncia y reclama derechos legítimos se enfrenta a más violencia y muertes.

Otra estrategia repetida en la industria minera es la ingeniería de conflictos: comprar autoridades nacionales, estatales o locales, comprar técnicos y representantes comunitarios, pagar o presionar y extorsionar a otros habitantes de la zona para que parezca que parte de las población está a favor de la mina, creando así conflictos internos en las comunidades y entre organizaciones, familias, etc.  Cerca de la mitad de las empresas mineras del mundo están registradas en Canadá, un gobierno que pese a haber recibido miles de denuncias de violaciones de la industria minera en todo el mundo,  no ha tomado medidas para obligarlas a cambiar sus formas de actuar, por el contrario, ha favorecido un código voluntario, manejado por las propias empresas.

Todas esas violaciones a derechos, despojo de territorios, contaminación y muertes se han dado en el caso de la minera Cuzcatlán en Oaxaca. Desde el inicio, fueron asesinados opositores al proyecto, como sucedió en San José del Progreso y luego amenazaron a las familias de las víctimas y otros opositores a la mina. Causaron contaminación de mantos freáticos,  derrames graves de las presas, negados e ignorados por el gobierno anterior y ahora por el actual. La contaminación afecta a las actividades de la mayoría de la población, que viven de la siembra de milpa y hortalizas.

En las asambleas las comunidades informaron sobre la minera y sus planes de expansión y dieron testimonio de atropellos vividos desde que se permitió a la minera instalarse en su región. Entregaron también las actas firmadas por las comunidades y 6.172 firmas en oposición a la minera Cuzcatlán. También acuerdos agrarios y municipales que constan en sus archivos comunitarios, ya que desde 2015 han llevado un proceso de información y documentación comunitaria, han realizado sus propios análisis, a partir de lo cual acordaron “a través de sus propios usos y costumbres enmarcados en sus sistemas normativos propios, prohibir todas las actividades de prospección, exploración y explotación minera, debido a los graves impactos sociales y ambientales que el proyecto minero ha dejado en nuestros territorios”.

En los  pronunciamientos de las comunidades luego de los dos días de asambleas regionales y consulta, mencionan que según la propia minera habría 1200 trabajadores, pero son más de 25,000 comuneros y comuneras a los que la contaminación de aguas y despojo de tierras amenaza sus fuentes de subsistencia. Denunciaron también la colusión de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Azael Santiago Chepi, Ángel Domínguez Escobar y la legisladora Yeidckol Polevnsky, que favorecen a la organización sindical CTM comprada por la minera y realizan gestiones en varios niveles de gobierno para favorecer los intereses de la empresa contra las comunidades zapotecas.

Una  misión de observación de la consulta, formada por académicos y organizaciones de la sociedad civil de la  Colectiva Cambiémosla Ya, dieron también testimonio de la importancia y legitimidad de estas asambleas. Se sumaron en sus conclusiones a la petición a Semarnat y al gobierno a no otorgar ningún nuevo permiso, cancelar las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, ya que fueron otorgadas sin consulta previa, libre e informada a los habitantes y sin cumplir con el Convenio 169 de la OIT, y fiscalizar 75 obras irregulares de la minera que se han realizando sin manifestación de impacto ambiental ni consulta previa.

Los dos pronunciamientos de las comunidades son claros: terminar con la minería en la región. Por defender sus derechos se ponen en nuevos riesgos de más violencia y muertes. Es fundamental expresar solidaridad y sumarnos a ese justo rechazo: la mina mata.

Fuente: Desinformémonos