Silvia Ribeiro

En medio de una nueva ola de aumento de la explotación de gas y petróleo, favorecido por el aumento de precios y el argumento de blindarse ante la guerra en Ucrania, el panel de expertos sobre cambio climático de la ONU acaba de publicar su tercer informe en un año, cuyo mensaje principal es la urgencia de reducir rápida y drásticamente el uso de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) en todos los rubros.

Los precios de los alimentos van en rápido aumento, aparentemente como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania. Grave impacto para muchas poblaciones, que expone la vulnerabilidad global en que nos coloca el sistema agroalimentario industrial dominado por corporaciones trasnacionales.

México es el mayor importador mundial de maíz, lugar que ocupó por primera vez en 2017. Es un dato preocupante por la dependencia que sugiere, y suena absurdo por ser México el centro de origen del grano y uno de los países donde su consumo para alimentación de la población es de los más altos del planeta. Pero si miramos la realidad detrás del dato, hallamos que a quien alimenta ese maíz importado no son personas, sino ganancias de trasnacionales de la industria agrícola y pecuaria, que todo el tiempo pujan por aumentar sus lucros, a despecho de los graves impactos que causan a la salud, el ambiente, la economía nacional y las economías campesinas y populares.

A nivel global, más del 70 por ciento de la gente se alimenta por lo que proveen las y los más pequeños: comunidades campesinas e indígenas, pescadores artesanales, pastores, apicultores, huertas urbanas. Debido a los despojos, desplazamientos forzados y sucesivas agresiones por siglos y hasta el presente, lo hacen con menos del 25 por ciento de la tierra y el agua y con un 10 por ciento de combustibles de uso agrícola.

Mucha gente, sobre todo en las ciudades, cuando se pregunta quién produce los alimentos, piensa en extensos campos y maquinarias, grandes empresas y supermercados. Muchos saben que esos alimentos no son los mejores, pero creen que son los que proveen la alimentación de la mayoría. Es un mito. Incluso la FAO (organización de alimentación y agricultura de la ONU) reporta que las granjas familiares producen 80 por ciento de los alimentos, lo cual reafirmó al inicio del Decenio de la agricultura familiar (2019-2028).

Plantean que urge evitar que ésta se normalice como si fuera una opción más frente al cambio climático, cuando en realidad funciona como coartada para seguir aumentando las emisiones de carbono y desviar la atención de la investigación y las políticas necesarias.

Desde hace algunos años, en casos más de una década, se ha expandido el negocio de la apropiación y venta de datos genéticos humanos. Es una “industria” con muchas aristas e impactos, sobre la que en general hay poca información. Cada vez es más común que los gobiernos y empresas privadas establezcan bancos de datos con nuestra información genética, con o sin nuestro consentimiento, en la mayoría de los casos sin plena conciencia de cómo pueden ser usados. En la era de los hackeos digitales, estas bases no son una excepción.

El pasado 10 de enero, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) dieron a conocer que un juez federal del estado de Puebla otorgó una suspensión provisional al acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre 2021, que declara los proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional.