Clima y economía verde militar

COLUMNA EL SUEÑO DE LA RAZÓN

Por Silvia Ribeiro

Uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero (GEI) del planeta son las fuerzas armadas, especialmente las de Estados Unidos. No obstante, sus emisiones no son tomadas en cuenta en las negociaciones de cambio climático. Por ejemplo, el proyecto  Cost of War de la Universidad de Brown estimó que entre 2001 y 2017, las fuerzas militares de ese país emitieron 1200 millones de toneladas de dióxido de carbono, la tercera parte fuera del país y en guerras como las de Iraq y Afganistán. Esto es equivalente a las emisiones anuales de 257 millones de autos, más del doble de todos los autos que circulan en Estados Unidos.

El Pentágono es además  el mayor consumidor institucional de combustibles fósiles del planeta. Un grupo de científicos que han estado colaborando en investigación sobre los impactos ambientales y climáticos del militarismo denunciaron en el marco de la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima (COP26) realizada este noviembre, que el Pentágono es responsable de causar  más emisiones GEI que 140 países juntos, incluyendo a países industrializados como Suecia, Dinamarca y Portugal. Pese a ello, las emisiones GEI provenientes de las actividades militares no son tema en la agenda de negociaciones y ni siquiera se reportan como tales. Esto debido a que el ejército de Estados Unidos se opuso temprana y activamente a cualquier análisis o informe sobre éstas. En 1997, en las discusiones que llevaron a crear el Protocolo de Kyoto sobre control de emisiones de gases de efecto invernadero, Estados Unidos obstaculizó firmemente que se reportara sobre las emisiones GEI militares alegando razones estratégicas y de seguridad, que logró imponer al resto de la comunidad internacional. En 2015, con la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático, se incluyó por primera vez que las emisiones militares debían ser reportadas pero solo en forma voluntaria, por lo que en la mayoría de los casos no sucede y ello no tiene consecuencias. Aún así, investigadores independientes estiman que las actividades militares globales son responsables de entre el 5 y 6 por ciento de todos los gases que causan el caos climático, más que lo emitido globalmente por todos los aviones y barcos comerciales combinados. La principal fuente de emisiones GEI militares conocidas proviene de los combustibles usados en sus aviones, barcos y vehículos terrestres, pero hay que sumar las emisiones del vasto complejo militar industrial, por lo que aún ese porcentaje es probablemente muy bajo.

Ante esta opacidad, una colaboración de centros de investigación presentó en actividades paralelas a la COP26 el mapa interactivo  https://militaryemissions.org/, que muestra la información disponible sobre emisiones GEI de los países con mayor gasto militar a nivel global. De América Latina incluyen Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México, pero en todos los casos la información de emisiones relacionadas a lo militar no existe, no se reporta o no está desagregada.

El  Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs publicó en 2021 dos importantes informes sobre el impacto medioambiental y climático del militarismo. El informe  Militarismo y crisis medioambiental. Una reflexión necesaria coordinado por Pere Brunet y Chloé Meulewaeter con investigadoras e investigadores del Centro Delàs, analiza de qué manera el militarismo es una de las causas relevantes del calentamiento global y los daños ecológicos en el planeta. Pone sobre la mesa datos de impactos ambientales y climáticos y plantea su vínculo con la violencia que genera el militarismo y la amenaza que representa el uso creciente de la fuerza militar para imponer un modelo económico capitalista, extractivista y depredador de comunidades y ambiente, así como para reprimir las resistencias de quienes se oponen a éste.

Entre los 23 principales países exportadores de armas (97,8% de ese comercio bélico) que tienen el 35,48% de la población mundial, concentran el 82% del gasto militar global y son responsables de dos terceras partes de las emisiones mundiales de GEI (67,1 %). Esos mismos países acogen a los 50 mayores agentes económicos que a su vez controlan 63,000 corporaciones transnacionales en todo el planeta, que son las que se benefician del enfoque militar-represivo que protege sus intereses.

El segundo informe  Crisis climática, fuerzas armadas y paz medioambiental resume “La seguridad militarizada tiene un papel esencial en el empeoramiento constante de la crisis ambiental a nivel planetario que consiste en proteger a todos los agentes de poder no democráticos (corporaciones transnacionales extractivas, grandes entidades financieras, industria militar), para beneficio y lucro de sus minorías dirigentes, rompiendo equilibrios sociales y eco-planetarios. Una protección de los pocos que deja al margen a las grandes mayorías de población, a través de la llamada seguridad nacional. Una protección que es esencial, porque sin ella, el sistema depredador de recursos que amenazando el planeta y su sistema biológico, no podría existir (…) Los esquemas de seguridad nacional, bajo el pretexto de preservar los “intereses nacionales”, en realidad lo que realmente protegen son los intereses económicos de determinadas élites de grandes corporaciones, junto con los intereses lucrativos de aquellos que mueven los hilos del complejo militar-industrial”.

A las emisiones militares por uso de combustibles fósiles, se suman los impactos por los restos tóxicos y destrucción de hábitats que se producen a lo largo del ciclo del conflicto, que contaminan tierra, aguas y atmósfera, con efectos que en general duran largos períodos de tiempo con graves impactos en la vida humana y la salud de ecosistemas, flora y fauna, incluidos sobre los sistemas agrícolas, pastoriles y forestales que son sustento de muchas comunidades.

El tema es grave y no es nuevo, pero ante las crecientes e innegables evidencias de la crisis climática y las catástrofes que conlleva, y sobre todo, por las protestas de diversos movimientos y más evidencias de investigación, existe una creciente presión para reconocer el alto impacto climático del militarismo. Incluso en la propia COP26, se nombró -pero no se tomó ninguna acción- que debe ser revisado el tema de los reportes de sus emisiones en la COP27, algo que en sí mismo no cambiaría la situación, pero aún así es resistido.

No obstante, los altos mandos militares ya han comenzado una perversa tarea de recuperación de imagen. El 2 de noviembre, al comienzo de la COP26, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg  declaró “Necesitamos encontrar un camino para reconciliar que las fuerzas armadas sean fuertes y efectivas con que sean verdes y amigables con el ambiente.”

Como no podía ser de otra manera, también desde la OTAN se refieren a que las fuerzas armadas deben ir a  “cero emisiones netas”, no reales. Justamente, porque este paquete de tecnologías y mercados de carbono, les permite continuar sus actividades y aumentar el lucro de los intereses que protegen.

Fuente: Desinformémonos