Desinformémonos

Sin permisos ambientales, estudios ni programas de reubicación de flora y fauna silvestre, iniciaron los trabajos de desmonte y deforestación en la selva virgen de Playa del Carmen, Quintana Roo, para construir el Tramo 5 del megaproyecto federal del Tren Maya, denunció la organización Moce Yax Cuxtal.

El acuerdo presidencial que blinda los proyectos y obras del gobierno federal fomenta la «utilidad privada y despojo público», así como representa «una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados» por los megaproyectos, aseguraron organizaciones indígenas y campesinas, colectivos y activistas.

Los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec reafirmaron su rechazo al Corredor Interoceánico, que conectaría los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, y denunciaron las presiones por parte de las autoridades federales, estatales y locales para que las comunidades entreguen sus territorios a la construcción del megaproyecto.

El Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno se declaró en alerta ante el acuerdo presidencial para blindar las obras y proyectos del gobierno federal y considerarlos como asunto de seguridad nacional, publicado el pasado 22 de noviembre.

El gobierno de Yucatán avala en tribunales «una maniobra» de la empresa PAPO para levantar la suspensión otorgada en octubre de 2018 contra una megagranja porcícola en Homún, denunciaron el coletivo Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes) y el Equipo Indignación.

Los pueblos mayas de San Fernando, Kinchil y Celestún, en Yucatán, realizaron este domingo la fase consultiva sobre la operación de las megagranjas porcícolas en sus territorios, en un ejercicio al que se autoconvocaron “ante la ausencia de un proceso de consulta indígena por parte del Estado” y de las empresas involucradas.

“Conforme avanza el tiempo detectamos una actitud aún más intimidatoria y de presión por parte de las autoridades encargadas del Tren Maya, quienes pretenden obligarnos a aceptar la pérdida de nuestros barrios y decir que se trató de un acuerdo consensuado y pacífico”, denunciaron habitantes de la comunidad de Candelaria y de San Francisco, en Campeche.

La comunidad otomí residente en la Ciudad de México convocó a un Encuentro de Resistencias y Rebeldías en la toma del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para denunciar «los despojos, los dolores y las rabias que el sistema capitalista impone», así como para reivindicar las luchas por el territorio y la vida que encabezan los pueblos originarios.