Desinformémonos

La puesta en marcha de un tren de mil 500 kilómetros que tendrá 15 estaciones a lo largo de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Un proyecto que es presentado por el gobierno federal como un plan “integral de ordenamiento territorial, infraestructura, crecimiento socioeconómico y turismo sostenible”, y que, se argumenta, tiene como principal objetivo “el bienestar social de los habitantes de la zona maya”, con la conexión de “las principales ciudades y circuitos turísticos de la región para integrar territorios de gran riqueza natural y cultural al desarrollo turístico, ambiental y social en la región”.

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende imponer megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos con «verdaderas tácticas de contrainsurgencia», tales como «sus programas asistencialistas individualizados, sus consultas amañadas del mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con líderes cooptados, sus campañas de desprestigio de los movimientos sociales, violando el derecho fundamental a la libertad de asociación y manifestación y sus métodos de condicionamiento autoritario al peor estilo Priísta», denunciaron comunidades y organizaciones indígenas en la Asamblea Nacional e Internacional entre los Pueblos «El Istmo es Nuestro».

"Ante las amenazas de la imposición de la minería, hidroeléctricas, agroindustriales, corredores industriales, gasoductos, oleoductos, fracking, parques eólicos y paneles solares empresariales a gran escala, entre otros, los pueblos asistentes acordaron impulsar una campaña continua de información y difusión contra los megaproyectos a nivel nacional e internacional, construir puentes entre las luchas de los trabajadores y las luchas indígenas y tejer núcleos y procesos colectivos hacia la autonomía anticapitalista y antipatriarcal desde abajo, entre otras acciones".

Ejidatarios, colectivos e integrantes de la comunidad wixárika en el Altiplano Wirikuta, en San Luis Potosí, denunciaron que fueron excluidos de una asamblea convocada por la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano Norte, en la que junto con funcionarios del gobierno estatal y municipal se discutirían las amenazas al territorio y a la población de la región como la explotación indiscriminada de peyote, la pobreza y la falta de agua.

El defensor maya Gregorio Gau Caamal, activista y representante común en la demanda de amparo interpuesta contra el megaproyecto fotovoltaico “Yucatán Solar”, fue amenazado el pasado jueves en Yucatán cuando recibió una llamada telefónica desde un número registrado en Mérida, en la que un hombre que se identificó como “comandante de la guardia del Cartel del Golfo” advirtió que “están en Valladolid y conocen su dirección” para actuar en su contra “por andar molestándolos”, denunció la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.

Un juez de distrito otorgó al ejido de Amilcingo la suspensión de plano sobre el funcionamiento del gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), con la cual se protege a las 60 comunidades afectadas, “pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca”, explicó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) Morelos, Puebla, Tlaxcala.

“Así como Madero quiso comprar a Zapata, el mal gobierno quiso comprar a Samir (Flores Soberanes, activista asesinado en Morelos) y a los pueblos que resisten, con apoyos, proyectos y demás mentiras”, aseguró el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el marco del centenario de la muerte de Emiliano Zapata, “el Caudillo del Sur”, quien fue asesinado a tración el 10 de abril de 1919 en la Hacienda de Chinameca, Morelos.

Ante los “graves atropellos del Estado” contra los pueblos y organizaciones indígenas, así como por las violaciones a sus derechos en materia de justicia, territorio y libertad, el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA) inició una jornada de lucha para exigir un alto a los asesinatos de defensores y activistas, a las “consultas simuladas” para los megaproyectos y a la criminalización de la protesta, entre otras demandas.