Desinformémonos

Seguir siendo lo que son es la demanda profunda de quienes habitan el territorio mexicano desde antes de que lo fuera. Son 68 los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas que mantienen tierras, recursos naturales, culturas, lenguas y organización ancestral en todo México. Sobre sus territorios se pretende la construcción de diversos proyectos que promueven el desarrollo, pero, como se preguntaba Samir Flores Soberanes, defensor nahua y comunicador comunitario asesinado en febrero pasado, “desarrollo para quién”.

Organizaciones sociales y de derechos humanos llamaron a la sociedad en general a unirse a la campaña #AsíRespondimos para recaudar fondos adicionales y fortalecer la respuesta de las comunidades y grupos vulnerables frente a la pandemia de Covid-19.

La Coordinación Metropolitana Anticapitalista-Antipatriarcal y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) interpuso un amparo indirecto en el Juzgado Decimoquinto en la Ciudad de México contra los megaproyectos federales del Tren Maya, Corredor Transístmico, Proyecto Integral Morelos, la Refinería Dos Bocas y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Expertos en agroecología, organizaciones campesinas y activistas defensores de la soberanía alimentaria solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que emita un decreto para dejar de producir y consumir Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en México.

El Observatorio Latinoamericano de Geopolítica realizó un informe con observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para el megaproyecto del Tren Maya, y concluyó: «Después de revisar la MIA con toda seriedad y cuidado, la conclusión es que el proyecto no tiene condiciones para llegar a buen término y que el daño que causará no compensa ninguno de sus buenos propósitos».

La Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio convocó a una Jornada por la Vida y la Madre Tierra para reflexionar sobre los desafíos de comunidades y movimientos sociales frente al extractivismo en Oaxaca.

En un comunicado, en el que manifestaron su solidaridad con el pueblo ikoots de Oaxaca, los académicos y organizaciones explicaron que la violencia y el hostigamiento contra los habitantes de San Mateo del Mar escalaron «desde que se nombró al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa en octubre de 2019», pues las elecciones «no sólo no respetaron el sistema normativo interno, sino que además tuvieron serias irregularidades».

Ante los amparos que interpusieron siete consorcios de energías renovables contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el cual impedía la operación de nuevas centrales solares y eólicas en el mercado eléctrico, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) reafirmó que las energías renovables en México sirven a las grandes empresas y contribuyen al despojo de los pueblos indígenas, además de que no combaten la crisis climática por servir a las transnacionales y proyectos extractivos e industriales.