Organizaciones interponen amparo contra cinco megaproyectos federales y una queja ante la CIDH
La Coordinación Metropolitana Anticapitalista-Antipatriarcal y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) interpuso un amparo indirecto en el Juzgado Decimoquinto en la Ciudad de México contra los megaproyectos federales del Tren Maya, Corredor Transístmico, Proyecto Integral Morelos, la Refinería Dos Bocas y el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
Los integrantes de la Coordinación también presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones a los derechos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Carlos González, abogado especialista en derecho agrario, aseguró que los cinco megaproyectos “han sido impuestos”. “Nunca han sido consultados a las poblaciones afectadas, particularmente poblaciones indígenas, con las cuales se debe hacer un procedimiento específico adaptado a estándares internacionales que marcan los convenios, de los cuales México es parte a nivel constitucional”, agregó en una conferencia de prensa.
Recordó que los megaproyectos del gobierno federal “son parte de un gran proyecto, el Plan Puebla Panamá, luego Proyecto Mesoamérica”. “Ahora nos lo presentan de manera distinta. Todos en su conjunto (los cinco megaproyectos) obedecen a los intereses geopolíticos de Estados Unidos”, añadió.
Sobre el Corredos Transístmico, el abogado explicó que se pretende construir diez corredores urbano-industriales y fijar a la población para que no migre al norte, así como que, en el proyecto de Tren Maya, pretenden que en 19 de las 30 estaciones se construyan polos de desarrollo, y algunos industriales y turísticos.
Por su parte, el defensor y poeta maya Pedro Uc denunció que “la violación de los poderes a sus mismas leyes es una verdadera vergüenza”. “Aun con las leyes para su propio beneficio, aun así no les alcanza para el despojo, con la forma que tienen de ventaja, alevosía, premeditación, nosotros hemos sabido encontrar los resquicios y recovecos de estas leyes para defendernos”, aseguró.
Indicó que las 135 consultas próximas que anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la Península de Yucatán para evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya también son violatorias de los derechos de los pueblos mayas, pues el proyecto no ha sido avalado y no se debería avanzar legalmente si las comunidades no lo aceptan.
Añadió que desde antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión, “ya había anunciado la construcción del tren mal llamado maya”. “Esto nos hace pensar que lo que sigue a esto es una especie de justificación de una decisión que ya se había tomado. Desplegó propaganda y cruzada con los comisarios ejidales a través de personeros de Fonatur”, denunció Uc.
El amparo y la queja en la CIDH forman parte de los recursos legales que han interpuesto los pueblos y comunidades indígenas afectados por los megaproyectos para frenar la imposición y el despojo en sus territorios.
Fuente: Desinformémonos