Empresa busca levantar suspensión contra megagranja en Homún, denuncian defensores

Los defensores explicaron que la empresa PAPO, propietaria de la megagranja porcícola, el pasado 6 de julio presentó ante el Juez Segundo de Distrito un documento de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) en el que su directora jurídica, Karen Aguirre Bates, afirma que «la planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y que cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes». 

«Este recurso, presentado mañosamente por la empresa como un “hecho superveniente”, es decir, un elemento nuevo, que no existía antes, le sirve para solicitar de nueva cuenta la revocación de la suspensión de la megagranja», otorgada a la infancia en Homún que interpuso un amparo por la violación a su derecho a un medio ambiente sano.

Las organizaciones explicaron que ante la maniobra de PAPO el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, fijó para el próximo 5 de agosto la audiencia para decidir si lo alegado por PAPO es procedente, y si mantiene la suspensión de la granja de Homún o la revoca.

Recalcaron que la acción de la empresa «va en contra de reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en contra del pueblo de Homún que rechazó megagranja porcícola instalada a través de diversas irregularidades», como la aprobación de una Manifestación de Impacto Ambiental «técnicamente deficiente y firmada por una cirujana dentista», o la inspección de «tan sólo unos minutos» a la megagranja.

Los defensores recordaron que la suspensión otorgada no se basó únicamente en que la planta de tratamiento de PAPO no estuviera completa, sino también en la ausencia de una consulta indígena conforme a los estándares internacionales y en que se consideró «insuficiente» el acta de inspección generada por la SDS y presentada por la empresa para probar que la granja no ocasionaría daños.

Frente a la maniobra de PAPO, el Equipo Indignación y el colectivo Kanan ts’ono’ot exigieron al gobierno de Yucatán que «rompa el contubernio» con los empresarios y garantice los derechos del pueblo maya de Yucatán.

«Esperamos que esta nueva acción legal de PAPO y el gobierno de Yucatán no prospere. Aceptar como procedente algo que es notoriamente improcedente sería una burla al sistema jurídico y a la protección que se otorga por medio de la suspensión en el juicio de amparo», subrayaron.

A continuación el comunicado completo:

Kanan ts’ono’ot invitan a los medios de comunicación, así como a los pueblos y colectivos que quieran unirse a la marcha que realizarán el día de mañana martes 3 de agosto a las 11 hrs. de Mejorada hacia la plaza grande ante el desprecio a la decisión del pueblo, dado que el gobierno de Yucatán avala en tribunales una maniobra de la empresa que intenta levantar la suspensión otorgada por la Juez Miriam Cámara Patrón desde el 9 de octubre de 2018.

Esta maniobra va en contra de reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en contra del pueblo de Homún que rechazó megagranja porcícola instalada a través de diversas irregularidades. El 6 de julio de 2021 la empresa PAPO, propietaria de la mega granja que pretende establecerse en Homún, presentó ante el Juez Segundo de Distrito un documento, emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) en el cual su Directora Jurídica, Karen Aguirre Bates, afirma que “la planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y que cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes”. Este recurso, presentado mañosamente por la empresa como un “hecho superveniente”, es decir, un elemento nuevo, que no existía antes, le sirve para solicitar de nueva cuenta la revocación de la suspensión de la mega granja, otorgada en Tribunales a la niñez de Homún. Ante esta acción de la empresa PAPO, el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, ha fijado el 05 de agosto de 2021 la audiencia para decidir si lo alegado por PAPO es procedente, y si mantiene la suspensión de la granja de Homún o la revoca.

La lucha por el agua, la libre determinación y el medio ambiente del pueblo de Homún

Por más de cinco años, el pueblo maya de Homún se ha mantenido en lucha contra la imposición de instalar en su territorio una mega granja de más de 49 mil cerdos. A su lucha se han sumado diversos pueblos mayas, como Celestún, San Fernando, Kinchil, Chapab, Sitilpech, por nombrar algunos, lo que evidencia el carácter regional de la amenaza que representa para la península una industria porcina que viola los derechos del pueblo maya, afecta al medio ambiente y pone en riesgo el derecho a la salud y el agua de la población.

El Gobierno del estado de Yucatán ha tratado de legitimar la instalación autorizando una manifestación de impacto ambiental (MIA) técnicamente deficiente y firmada por una cirujana dentista, entre otras muchas irregularidades. En septiembre de 2019, la titular de la SDS, Sayda Melina Rodríguez Gómez, otorgó a la granja PAPO un acta que avalaba una inspección que duró tan sólo unos minutos. Este documento fue presentado para asegurar que la planta de tratamiento de agua estaba lista para funcionar. En octubre de ese mismo año la Juez Miriam Cámara Patrón negó la petición de PAPO y confirmó que la suspensión se mantenía.

Inconforme, PAPO impugnó la decisión, y de nueva cuenta, en noviembre de 2020. el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito confirmó que la suspensión otorgada a los menores quejosos debía continuar. En mayo de 2021, la Suprema Corte de Justicia ratificó también la suspensión. A pesar de todas estas confirmaciones, ahora la SDS y la empresa pretenden de nuevo revocar la suspensión, usando la misma argumentación rechazada por la Juez Cámara Patrón desde 2019.

Asombra que, frente a la movilización social contra las granjas porcinas y el apoyo nacional e internacional [i] que ha recibido la lucha de Homún, el gobierno de Vila siga llevando a cabo acciones para facilitar la instalación de granjas, desdeñando las demandas sociales.

Entre las razones que compartieron la Jueza Cámara Patrón y el Tribunal Colegiado para mantener la suspensión a favor de Homún, están: la evidente ausencia de consulta indígena y participación del pueblo, la obligación de proteger los derechos a la salud, el medio ambiente y el agua de la niñez de Homún, la aplicación del principio precautorio para tomar medidas que protejan al medio ambiente y al acuífero maya ante una industria que genera impactos en un ecosistema tan vulnerable a la contaminación. Es decir, la suspensión otorgada no se basó únicamente en que la planta de tratamiento de PAPO no estuviera completa. El Tribunal consideró insuficiente el acta de inspección generada por la SDS y presentada por la empresa para probar que la granja no ocasionaría daños.

En evidente triquiñuela jurídica, la empresa porcina presenta ahora el documento de la SDS como un “hecho superveniente” para solicitar de nueva cuenta la revocación de la suspensión otorgada a la niñez de Homún. Esta acción se suma a otras que ha realizado la empresa PAPO, como el intento de recusar a la Juez Cámara Patrón ante la acusación infundada de ser parcial en el juicio, así como el nombramiento de su abogado particular como representante de la empresa PAPO cuya finalidad fue que la juez tuviera que renunciar al juicio.

A todo esto, preocupa que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, ha emitido resoluciones favorables a la granja en otro juicio. Y ante esta estrategia de PAPO, debió desecharlo por su notoria y evidente improcedencia.

Denunciamos la participación del Gobierno del Estado en esta estrategia que representa una burla para el estado de derecho, pues presenta algo que ya ha sido juzgado en varias ocasiones, como si fuera un hecho nuevo.

Ante este nuevo embate de la empresa y el gobierno, exigimos:

Al Poder Judicial Federal en el Estado de Yucatán, exigimos una actuación transparente, imparcial y garante de los derechos humanos.

Al Gobierno del Estado exigimos rompa el contubernio con los empresarios y actúe de acuerdo al mandato constitucional que ha recibido de respetar, proteger y garantizar los derechos del pueblo maya de Yucatán.

Esperamos que esta nueva acción legal de PAPO y el Gobierno de Yucatán no prospere. Aceptar como procedente algo que es notoriamente improcedente sería una burla al sistema jurídico y a la protección que se otorga por medio de la suspensión en el juicio de amparo.

[i] Homún ha sido galardonado con el premio “Corazón de León”, de la Universidad de Guadalajara. Su lucha es también reconocida y acompañada por las organizaciones Earth Justice, Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica, científicos/as de la Universidad del Sur de California, la Universidad John Hopkins y el Instituto Tecnológico Autónomo de la Ciudad de México (ITAM). Incluso la PROFEPA, autoridad ambiental del nivel federal, ha clausurado, a partir de una denuncia regional, cuatro granjas porcinas el pasado mes de mayo.

Fuente:  Desinformémonos