Utilidad privada, despojo público

Utilidad Pública y conceptos análogos relacionados con actividades minero-energéticas

Análisis en Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Honduras, Chile, México y Perú

Las actividades extractivas cobran cada vez más fuerza en América Latina poniendo en riesgo la permanencia en los territorios de las comunidades afectadas con su implementación, la integridad de éstos y la garantía y realización de derechos.

La hipótesis de este documento parte de la connotación negativa que los términos “interés público, interés social, interés general, conveniencia pública” y otros análogos tienen en la actual realidad de país, y de otra connotación positiva que, en contraposición, propone una posible solución o elementos que coadyuven al arribo de soluciones justas y acordes al sistema democrático, constitucional y de derecho en el país.

En el accionar gubernamental, lo público y los conceptos "utilidad pública", "interés público", "interés colectivo", "interés social", "lo estratégico", contienen también las tergiversaciones de una visión nacional colonialista, individualista y capitalista predominante, que desvirtúa la protección de los intereses colectivos en tanto cometido de las instituciones que administran los bienes públicos.

Las actividades extractivistas en América Latina y Bolivia en los últimos años no solo cobraron mayor importancia, sino que incidieron en gran medida en la forma en que se organiza la economía, la política e incluso los aspectos culturales y sociales en nuestros países. La vulneración de los derechos humanos y el medioambiente es parte intrínseca de los extractivismos. En este contexto, las transformaciones normativas para posibilitar la consolidación de los extractivismos son un mecanismo central de estas vulneraciones y afectaciones.

Está comprobado que el extractivismo genera grandes impactos medioambientales, fenómeno que en América Latina durante los últimos años ha sido ampliamente analizado por distintos movimientos socioambientales e intelectuales Latinoamericanos, así como denunciado por diversas comunidades que han dado cuenta de los impactos negativos a nivel social, cultural, económicos y ambientales, tal como señala el Informe “Utilidad Privada, Despojo Público”. En el presente análisis ahondaremos específicamente en el caso del proyecto minero Vizcachitas, ubicado en el Valle de Putaendo, comuna del mismo nombre, Región de Valparaíso, y que pretende extraer cobre y molibdeno, y cuya implementación está justificada en la concepción constitucional de utilidad pública de este tipo de extracciones.

"Mientras el Estado colombiano justifica sus políticas extractivas como una necesidad inexorable para el desarrollo, la inversión y otorga títulos y concesiones a las empresas para legitimar sus operaciones, las comunidades reclaman la protección de sus territorios, los ecosistemas, el agua, las semillas, el alimento, el respeto a sus formas de vida y su derecho a decidir sobre estos elementos, que son entendidos como bienes comunes de los pueblos".

Especial: proyecto minero Santa Ana en Puno

Las y los invitamos a participar de la presentación del informe este jueves, 10 de febrero a las 4 pm (Perú) por FACEBOOK LIVE en las páginas de Facebook de GRUFIDES y RED MUQUI.

¿Es de utilidad pública el extractivismo mineroenergético en América Latina? ¿Quién decide? ¿Se hacen balances transparentes sobre los verdaderos costos y beneficios de esas actividades? ¿Se escucha a la gente? ¿Quién responde por los daños? ¿Se necesita resignificar la Utilidad Pública? ¿Puede existir una economía del bien común?

¿Es de utilidad pública el extractivismo mineroenergético en América Latina? ¿Quién decide? ¿Se hacen balances transparentes sobre los verdaderos costos y beneficios de esas actividades? ¿Se escucha a la gente? ¿Quién responde por los daños? ¿Se necesita resignificar la Utilidad Pública? ¿Puede existir una economía del bien común?

Con el presente estudio pretendemos indagar sobre el andamiaje jurídico y conceptual sobre el que se sostienen las figuras de utilidad pública y otros conceptos análogos (en adelante “UPYCA”) con altos costos en los procesos de construcción de democracias que han de cimentarse en el respeto de los Derechos Humanos. Estudiamos desde diversas disciplinas cómo operan las declaraciones de UPYCA en nuestros países y cuáles son sus consecuencias.