Minería o bien común: Utilidad pública en la normativa minera en Bolivia
Las actividades extractivistas en América Latina y Bolivia en los últimos años no solo cobraron mayor importancia, sino que incidieron en gran medida en la forma en que se organiza la economía, la política e incluso los aspectos culturales y sociales en nuestros países. La vulneración de los derechos humanos y el medioambiente es parte intrínseca de los extractivismos. En este contexto, las transformaciones normativas para posibilitar la consolidación de los extractivismos son un mecanismo central de estas vulneraciones y afectaciones.
Un argumento importante para justificar estas transformaciones es el bien común o interés común por sobre los intereses particulares. En términos normativos, es la priorización de la utilidad pública frente al beneficio privado. Contradictoriamente, en gran parte de los países de América Latina, incluida Bolivia, estos cambios normativos tienen un rol relevante como mecanismo de despojo de los territorios y como preámbulo para la imposición de megaproyectos extractivos. Mecanismo que, además, es aplicado unilateralmente por los Estados, eludiendo la participación social en su construcción y desconociendo otras formas de comprender desde la sociedad civil lo útil, estratégico o de bienestar general.
En gran parte de los países de América Latina no existen criterios claros sobre lo útil o lo público. A pesar de esto, los gobiernos imponen a su nombre una noción de lo útil/colectivo desconociendo lo que la sociedad civil concibe y vive. Por tanto, estas “imposiciones están en fuerte contraste con las nociones de lo valioso y vital para las poblaciones, cuyos intereses están estrechamente enlazados con la protección de bienes comunes relacionados con la naturaleza y el respeto de los derechos humanos de las actuales y futuras generaciones” (Arias, 2021a, p. 5).
El presente informe hace un breve análisis de esta problemática en la normativa boliviana. Desde un abordaje más sociológico que legal del uso del término en las normas, se busca indagar en el significado e implicaciones que tiene este —y otros similares— en el sector minero de Bolivia. Este trabajo forma parte de un esfuerzo colectivo de instituciones de Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Honduras, Chile, México y Perú para reflexionar sobre este aspecto en un informe denominado "Utilidad privada, despojo público. Utilidad pública y conceptos análogos relacionados con actividades minero- energéticas".
Esta aproximación sociológica e histórica se basa en un análisis exploratorio de la normativa minera, que permite comprender los factores que inciden en construir ese imaginario de lo común en nuestro país.
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Fuente: CEDIB