Resumen ejecutivo del Informe Regional "Utilidad privada, despojo público"
Con el presente estudio pretendemos indagar sobre el andamiaje jurídico y conceptual sobre el que se sostienen las figuras de utilidad pública y otros conceptos análogos (en adelante “UPYCA”) con altos costos en los procesos de construcción de democracias que han de cimentarse en el respeto de los Derechos Humanos. Estudiamos desde diversas disciplinas cómo operan las declaraciones de UPYCA en nuestros países y cuáles son sus consecuencias.
Constatamos que la implementación de megaproyectos extractivos por parte de los gobiernos y con el argumento de la utilidad pública suelen tener impactos negativos muy graves en el bienestar de la población y en la naturaleza. Las comunidades aledañas a estos proyectos son las más afectadas, al sufrir de manera directa sus impactos sociales y ambientales. Muchas veces se trata de colectividades étnicas y campesinas que enfrentan riesgos sobre su propia existencia, dadas las consecuencias que derivan de la devastación ambiental y del ataque a sus formas de vida ligadas a la naturaleza. A su vez, comprobamos que la defensa de los derechos humanos, de los espacios vitales, del ambiente y del territorio conlleva serios riesgos para la vida y la integridad de las personas y grupos defensores.
Del mismo modo resaltan otros efectos negativos que impactan a la sociedad en su conjunto, como la contribución masiva del sector extractivo al calentamiento global, la pérdida de sociobiodiversidad, el aumento de los conflictos sociales, la destrucción de ecosistemas, la contaminación del agua, la dependencia de la economía de estos países de la explotación de los bienes naturales, entre otros.
El extractivismo pone en riesgo la existencia de culturas enteras asociadas a la naturaleza y con ella a la tierra, así como las fuentes de agua, suelos, bosques, biodiversidad y glaciares. Abundantes estudios dan cuenta de ello.
Este análisis pretende mostrar el uso del concepto de UPYCA por parte de los Estados latinoamericanos, generalmente, incompatible con los estándares del DIDH. Así mismo, busca impulsar un debate crítico al respecto que involucre la participación de comunidades afectadas, la academia y otros sectores sociales.
Este estudio también servirá de insumo para una etapa posterior que hemos denominado de resignificación de la UPYCA, en la que buscamos estimular el debate sobre lo que auténticamente es útil y benéfico a lo colectivo, y a la conservación de lo público en una perspectiva intergeneracional, como a la protección de los derechos humanos, de los bienes comunes y de la naturaleza.
Las preguntas que queremos plantear en dicha etapa son: ¿Qué es útil y beneficioso para la sociedad como conjunto? ¿Qué criterios debe cumplir una actividad económica denominada de utilidad pública? ¿Quién o quiénes tienen legitimidad para dar la declaratoria de utilidad pública? ¿Cuáles deben ser las condiciones para dar esta declaratoria? ¿Cuál debe ser el proceso de una declaratoria de utilidad pública? ¿La declaración de utilidad pública la puede definir un gobierno unilateralmente o debe ser el resultado de un proceso de debate democrático basado en la participación social efectiva, y no meramente procedimental?
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Organizaciones autoras de este estudio:
Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) –Brasil, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) –Chile, Acción Ecológica –Ecuador, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) –Honduras, Grupo Semillas –Colombia, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) –México, Grupo de Formación e intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) - Perú.
El equipo de producción de este informe fue coordinado por Dora Lucy Arias Giraldo.