Minería

"El comentario de Jean Henry Céant que la ley de la minería posee extenso apoyo, es falso; en efecto, la ley ha sido rechazada a causa de la falta de transparencia y de los derechos al acceso a la información y a la participación en toma de decisiones de las comunidades afectadas, según el artículo 40 de la constitución haitiana".

"La repartición de licencias ambientales a partir del golpe de estado (2009), sin tomar en cuenta los impactos ambientales y económicos en las comunidades afectadas por proyectos de minería y energéticos; han generado un sinnúmero de conflictos sociales, causando asesinatos, persecución y criminalización de los defensores de los bienes comunes".

"La delegación comprobó el aumento de campamentos mineros y diez motores con sus respectivas tuberías y alfombras instaladas en medio de los aguajales. Estas instalaciones, según los dirigentes comunales, destruyen los aguajales y los suris, animales que se encuentran en estos árboles".

La sentencia sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas. El marco jurídico de la minería en México debe ser revisado para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y para no interferir con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados.

Un nuevo Informe Especial destaca la importancia de la Cordillera del Ybytyruzú como espacio de conservación de cientos de especies de animales y plantas, además de la enorme riqueza en biodiversidad del lugar; todo esto se ve amenazado por la intención de instalar la explotación minera en la zona

El Parque Nacional Montaña Carlos Escaleras Mejía fue manipulado utilizando argumentos de intereses de la Empresa Minera Inversiones los Pinares al modificar la zona núcleo del parque Nacional para permitir la concesión mediante un decreto en el Congreso Nacional ya que en la zona núcleo del parque Nacional no se permite ningún tipo de actividad económica

"Luego de 20 años la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá (CSJ), en fallo del 21 de diciembre de 2017, declara inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, que aprobaba un contrato entre el Estado Panameño y la Sociedad Minera Petaquilla, S.A., otorgándole a esta última la concesión de los yacimientos de oro y cobre y otros minerales".

Los megaproyectos violan gravemente los derechos humanos y generan muerte, sostuvo la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), que lamentó, en un boletín, la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien dijo la semana pasada que no ve violación a los derechos de los pueblos indígenas en la presa La Parota y las concesiones mineras.