Minería

Las diferentes organizaciones sociales y ambientales del país están promoviendo una movilización nacional para este viernes 7 de junio en favor del agua y en contra la minería contaminante y el fracking. Asimismo, se espera que #CarnavalesPorElAgua sea tendencia en redes sociales.

Informe de Amigos de la Tierra denuncia la contaminación y las afectaciones sociales de la energía a carbón en ese país africano.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminará que la ley de protección glaciares que rige en la Argentina es constitucional. De este modo termina con 12 años de incertidumbre respecto de, al menos, 40 proyectos mineros y de su posible afectación al ambiente que garantiza los recursos hídricos de buena parte del país. Según pudo confirmar Infobae a través de fuentes oficiales el fallo saldría por unanimidad.

Especialista ambiental advierte que el extractivismo indiscriminado del litio en la puna jujeña provocará un ecocidio en la región e indicó que uno los mayores efectos es la disecación del territorio.

Un proyecto minero administrado por rusos y ucranianos volvió a contaminar el agua en Izabal. Ahora se trata del proyecto minero Niquegua Montufar II, suspendido en definitiva en 2015 por el Ministerio de Energía y Minas MEM por una oposición de ambientalistas. Tres años después están explotando hierro, cromo, cobalto, níquel, y magnesio, la mina está ubicada en el municipio de Los Amates Izabal, en el caribe guatemalteco.

Desde Colombia llegan los ecos de la imponente movilización de la población en defensa de su agua y su ambiente. Una vez más queda claro el valor de la participación y la organización de las comunidades que deben enfrentar a transnacionales poderosas y sus socios de la política.

"Mientras el gobierno deposita su esperanza en las cifras del auge minero, otros sectores temen por el impacto ambiental en la Cordillera del Cóndor, un ecosistema único que alberga 2030 especies de flora, entre ellas una de las pocas plantas carnívoras del Ecuador".

Un grupo científicos europeos, junto a 300 organizaciones indígenas, han instado a la Unión Europea (UE) que modifique las actuales negociaciones comerciales con Brasil para que su presidente Jair Bolsonaro respete el medio ambiente y los derechos humanos.