Megaproyectos

Un total de 66 empresas, en todo el país, multinacionales, agroindustriales, mineras y bancos, fueron condenadas a: restituir la tierra, suspender títulos mineros y anular las hipotecas bancarias. 

El agua es un derecho humano, pero las compañías mineras transnacionales en América Latina, con la complicidad de las autoridades públicas locales, insisten en robar este derecho a la población, especialmente a nuestras comunidades tradicionales. Para aumentar sus ganancias, estas empresas privatizan el acceso a este recurso vital, contaminan y agotan sus fuentes.

El colectivo GeoComunes comparte una síntesis de la investigación que ha realizado en los últimos meses alrededor del proyecto llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este trabajo, informa el colectivo, se ha enriquecido con el diálogo y el trabajo colaborativo con muchas organizaciones hermanas, y busca ser un material de apoyo para la información y discusión entre las comunidades directamente afectadas, así como también entre el resto de la sociedad.

Lo único que generará el Tren Maya es un nuevo orden de control de los bienes naturales y del territorio de las comunidades indígenas, pues estas ahora serán manejadas por las empresas relacionadas con este proyecto, señaló Sara Cuervo, coordinadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

El Tren Maya, uno de los principales proyectos del actual sexenio, vuelve a ser señalado por los daños ambientales que puede ocasionar. En esta ocasión fueron 159 organizaciones y 85 activistas los que enviaron una carta «al pueblo de México, a los medios de comunicación» y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unas horas encabezó el evento para inaugurar las obras del tercer tramo.

Ante los amparos que interpusieron siete consorcios de energías renovables contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el cual impedía la operación de nuevas centrales solares y eólicas en el mercado eléctrico, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) reafirmó que las energías renovables en México sirven a las grandes empresas y contribuyen al despojo de los pueblos indígenas, además de que no combaten la crisis climática por servir a las transnacionales y proyectos extractivos e industriales.

El Monitoring or the Andean Amazon Project (MAAP) ha podido constatar mediante imágenes satelitales, que 2,2 kilómetros fueron abiertos hacia el sur de la Plataforma Petrolera Tambococha B, entre el 15 de marzo y el 6 de mayo, en plenas medidas de emergencia nacional por la pandemia de la COVID19.

"Nosotras y nosotros, indígenas que somos parte del pueblo maya de la península de Yucatán y que integramos la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, levantamos la voz para denunciar los megaproyectos empresariales que tienen como finalidad despojarnos de la tierra y el territorio".