Defendamos nuestro derecho al agua, antes de que la minería acabe con él

Para obligarlos a dejar de matarnos y garantizar que el agua sea para toda la vida, no para la minería, nosotros, los pueblos y comunidades tradicionales de Argentina, Brasil, Colombia y Perú, nos unimos para desafiar a la ONU y sus países miembros para que Actuar firmemente a favor del derecho humano al agua y contra las empresas y gobiernos que violen nuestro derecho.

En la siguiente carta, explicamos quiénes somos, los impactos que sufrimos de las actividades de las empresas transnacionales y lo que exigimos de las Naciones Unidas y sus países miembros. Más de 70 entidades en Brasil y en el extranjero ya han firmado el documento; consulte la lista al final del mismo.

Lea la carta, escriba su firma y únase a nosotros para defender nuestro derecho al agua, nuestro derecho a la vida.

Agua para los pueblos, no para la minería: demandas urgentes a la ONU a favor de las comunidades que tienen su derecho al agua atacado por transnacionales mineras en Argentina, Brasil, Colombia y Perú

Extracción de litio, potasio y boro en lagunas alto-andinas de Catamarca, Argentina; extracción de mineral de hierro y logística en el corredor Carajás, Brasil; extracción de carbón en La Guajira y Cesar, Colombia; y, extracción de cobre en el Sur Andino, Perú: son solo algunas intervenciones, con graves impactos negativos,  de la minería transnacional enfrentadas por comunidades locales. Por eso una red internacional de organizaciones de la sociedad civil ha lanzado la campaña ¡Agua para los pueblos!: transnacionales, respeten nuestros derechos, que quiere informar y hacer denuncias sobre los daños e impactos en los Derechos Humanos por parte de empresas mineras transnacionales en territorios de Argentina, Brasil, Colombia y Perú, con especial énfasis en el derecho al agua y la autodeterminación de los pueblos

Violaciones de las transnacionales mineras en América Latina

La minería transnacional en América Latina es una de las figuras extremas del modelo extractivo practicado por empresas transnacionales, que saquean los bienes comunes y los mercantilizan para sostener el sistema económico financiero global. La expansión de las operaciones mineras no reconoce a las comunidades indígenas, las afrodescendientes y las campesinas, muy por el contrario acapara y privatiza sus tierras y aguas. Asimismo, el modelo debilita y ocupa el lugar del Estado en sus deberes de proteger el medioambiente y derechos humanos, responsabilidades y garantías planteadas a través de las políticas públicas.

Las grandes corporaciones mineras se asientan en los territorios de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y otros países latinoamericanos siguiendo los avatares de las demandas mundiales de minerales, y lo hacen sin previa consulta a las comunidades que viven en esos territorios y sufren los impactos de las actividades extractivas que se presentan de forma directa y en menor espacio de tiempo. En los últimos años, la nueva avanzada corporativa minera ha acaparado tierras, aguas y energías  a niveles extremos, vulnerando los Derechos Humanos con una clara connivencia por parte de los Estados, que modifican sus normativas ambientales, laborales, y hasta educativas, en pos de la ganancia empresarial por sobre la vida de las comunidades.

Empresas transnacionales como Liex S.A., MMG, Vale S.A. y Glencore son algunas de las principales responsables, junto con los gobiernos nacionales y locales, de las violaciones y tragedias diarias que afectan la vida de los pueblos, la tierra y las aguas. Por esta razón, uno de los objetivos de la campaña informativa ¡Agua para los pueblos! es denunciar, nominalmente, las empresas transnacionales que cometen crímenes socioambientales.

Tenemos en cuenta que los Principios Rectores sobre las empresas y derechos humanos, dado su carácter voluntario, no han logrado ser una respuesta efectiva para que Estados y empresas protejan, garanticen y respeten estos derechos en las comunidades locales. 

Consecuencias para los pueblos que protagonizan la campaña ¡Agua para los pueblos!

En Argentina, el caso de la minería transnacional de litio, potasio y boro, se lleva a cabo en un sitio Ramsar, en lagunas altoandinas del oeste de Catamarca, un ecosistema frágil de gran aporte y necesidad para al equilibrio de la humedad planetaria. Las empresas obtuvieron la aprobación para la etapa exploratoria y de extracción piloto - que implica perforaciones, trazados, construcción de caminos, entre otras construcciones, además de extracción y secado solar de salmuera- sin estudios hidrogeomorfológicos que informen oficial y fehacientemente acerca de la capacidad hídrica total de las cuencas afectadas por los proyectos, ni de la magnitud de los impactos para las fuentes de agua superficiales y subterráneas en un ecosistema con déficit hídrico. De esta forma, la minería pone en riesgo la continuidad del recurso hídrico y de las fuentes de la vida de las comunidades campesinas que viven de la producción agrícola y silvopastoril.

En Brasil, la transnacional minera Vale S.A. impacta todos los dias la salud de cientos de miles de personas y sus formas de vida tradicionales, en particular su derecho al agua. En la comunidad de Piquiá de Baixo, en Açailândia, Maranhão, en la Amazonía brasileña, hace más de 30 años que las aguas de los ríos son contaminadas con mineral y polvo de hierro, además de desechos tóxicos que los fabricantes de acero descargan directamente en los ríos, causando enfermedades y muertes en la población. En Enero 2019 el desastre en Brumadinho (estado de Minas Gerais, sureste) provocó una ola tóxica que dejó 272 muertos y un grave impacto ambiental. En la ciudad de Itapecuru-Mirim, los afrodescendientes del quilombo Santa Rosa dos Pretos han tenido parte de sus tierras tomadas por Vale S.A. para la construcción y duplicación del ferrocarril Carajás, quedando sin fuentes de agua y alimentos. 

En Colombia, en los departamentos del Cesar y La Guajira, la extracción de carbón a cielo abierto ha dejado profundos daños en el territorio y en la salud de las comunidades locales, las cuales son particularmente campesinas, afrocolombianas e indígenas. El desvío de ríos, la contaminación y el uso excesivo del agua por parte de las empresas son problemas alarmantes, ya que las multinacionales han privatizado el recurso dejando a las comunidades sin acceso al agua para el consumo humano. Tan solo en el departamento de La Guajira, según miembros de las comunidades afectadas e investigaciones de ONG, se han desviado, secado, explotado o apropiado,  al menos 17 arroyos y se han contaminado por lo menos otras 50 relevantes fuentes de abastecimiento hídrico, incluido el principal río de la región, el río Ranchería, con gran cantidad de agentes químicos contaminantes y metales pesados que hoy han hacen que sea difícil encontrar fuentes de agua que puedan ser utilizadas para el consumo humano. Todo esto en una región en la que han muerto más de 5 mil niños wayuu y otros 40 mil se encuentran en grave estado de desnutrición. Adicionalmente el reasentamiento obligado ha llevado la ampliación de la frontera minera. 35 comunidades han sido desplazadas forzosamente de sus territorios debido a la actividad minera, de las cuales solo 5 han sido reasentadas, en condiciones que no han garantizado una reparación, sino que por el contrario han revictimizado a las comunidades. 

En Perú, las empresas mineras transnacionales MMG Las Bambas y Glencore no cumplen con asumir sus responsabilidades por las afectaciones al agua. Se invisibilizan los impactos reales en ríos, bofedales y manantiales, y en el caso de Glencore no asume ningún tipo de responsabilidad por la situación de la calidad del agua en la provincia de Espinar, departamento de Cusco, que ha generado que más de 700 personas se encuentren contaminadas con metales pesados en su organismo, según diversos dosajes realizados por el Ministerio de Salud. Así mismo, las actividades empresariales contribuyen a causar afectaciones al derecho a la vida, a la libertad de expresión, la libertad de tránsito y el derecho a la protesta, a través de mecanismos coercitivos como los convenios de seguridad suscritos con la Policía Nacional, las declaratorias permanentes de los estados de emergencia, y criminalización y persecución penal de cientos de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos.

Frente a estas situaciones nos proponemos adelantar acciones de defensa en el marco de la campaña ¡Agua para los pueblos!, con el objetivo de encaminar y visibilizar las demandas de las comunidades y sus acciones de movilización. Esto permitirá crear las bases para que los Estados promuevan políticas públicas en beneficio de la población y no de intereses de las empresas transnacionales. Buscamos recuperar, respetar y promover las prácticas tradicionales basadas en la reproducción y cuidado de la vida y el cuidado de los bienes comunes.

Las soluciones que buscan estas comunidades

En Argentina, las comunidades del oeste catamarqueño buscan ser escuchadas y se movilizan para lograr que sus voces sean las que  toman las decisiones sobre sus territorios y promuevan, junto a los estados, las políticas públicas que beneficien sus modos de vida y no los intereses de las empresas transnacionales. Mientras tanto, las resistencias y reexistencias comunitarias pasan por la apropiación colectiva de las prácticas tradicionales y la construcción de saberes que diversifique reproduzcan y cuiden la vida y los bienes comunes.

En Brasil, tanto la comunidad de Piquiá de Baixo como los afrodescendientes del quilombo Santa Rosa dos Pretos exigen que Vale y los gobiernos locales reparen el daño que han hecho a sus tierras y aguas. En Piquiá, la lucha se centra en el proceso de reasentar a 312 familias a un nuevo hogar que se construirá en un terreno alejado de la contaminación. Este proceso necesita soporte completo para su finalización. También requieren que las siderúrgicas dejen de arrojar desechos tóxicos a los ríos. En Santa Rosa dos Pretos, los afrodescendientes iniciaron una acción civil pública contra Vale y organismos estatales brasileños exigiendo, entre otras reparaciones, la recuperación del arroyo principal del territorio que fue cementado por la transnacional. La demanda fue juzgada hace casi 8 años, y hasta ahora la compañía no ha cumplido con sus obligaciones legales.

En Colombia las acciones están encaminadas a advertir las implicaciones del desvío de ríos y a recuperar la visión ancestral y cultural del agua para pueblos indígenas, afros y campesinos, quienes de manera tradicional han preservado el recurso y lo han cuidado para su consumo. Hoy en día esta situación se ha visto afectada dados los intereses corporativos que apropian y destruyen la única fuente de agua que existe en estos territorios.

En Perú, las comunidades del sur andino buscan respeto al derecho al agua con mecanismos del Estado que dejen de dar facilidades a las empresas y que hagan efectivo este cumplimiento para que asuman responsabilidad y reparación por los daños ocasionados. Así mismo, que el Estado ofrezca las garantías para la libertad de protesta y la protección de los defensores de derechos humanos criminalizados solo por defender el derecho al agua, al ambiente y la vida de sus pueblos. Por último, que se formule una solución para el corredor minero por donde pasan los camiones de las empresas los cuales actualmente ocasionan rajaduras en viviendas, temblores, ruido y polvo muy cerca de las viviendas que habitan este corredor vial.   

Demandas de los pueblos a la ONU

Los pueblos protagonistas de la campaña ¡Agua para los pueblos!, y las entidades que los apoyan solicitan a la ONU:

1) una misión de relatoría con el tema específico de las afectaciones de las actividades extractivas mineras a los Derechos Humanos al agua y a la soberanía y la autodeterminación en los cuatro países de la acción y otros casos América Latina; 

2) que exhorte a los Estados miembros a la construcción de un tratado vinculante sobre Derechos Humanos y empresas transnacionales sobre la base fundamental del derecho a la autodeterminación, con una participación protagónica de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso. Los Principios Rectores generaron un debate interesante y necesario acerca de las responsabilidades de las empresas en la vulneración de Derechos Humanos, pero hoy existe un consenso entre las organizaciones de la sociedad civil acerca de la necesidad urgente de la construcción del tratado vinculante;

3) que exhorte a los Estados miembros y a las instituciones encargadas del tema hídrico que lo regulen en beneficio de las comunidades, y que no permitan que las autoridades estatales y las empresas la desviación de ríos y sus afluentes. Por ejemplo, las autoridades ambientales no pueden continuar entregando en concesión el agua superficial y subterránea para intereses corporativos. Se necesita ponerle fin a la captura corporativa de la institucionalidad ambiental. Necesitamos que el agua deje de ser vista desde una perspectiva mercantil y sea realmente un bien común.

¡Sumá tu firma ahora!

Fuente: Change.org