Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Organizado por La Vía Campesina Internacional

El conflicto armado ha afectado enormemente el medio ambiente y el sector rural. Para las seis millones de víctimas de desplazamiento y, en general, los campesinos y campesinas de Colombia que abandonaron su hogar, el territorio y los frutos de la tierra son elementos fundamentales. De los 303 procesos de reparación colectiva, aproximadamente el 40% corresponde a comunidades étnicas y otro 40% a comunidades campesinas.

Rechazamos de manera contundente estas nuevas amenazas contra nuestra comunidad, líderes y lideresas, que siguen profundizando las fuertes desarmonías territoriales y espirituales como pueblo Nasa. Reiteramos nuestra neutralidad como población civil frente al conflicto armado.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Campesinas y Campesinos (UNDROP, sigla en inglés) fue adoptada en 2018.  La Vía Campesina (LVC) lideró el movimiento que condujo a esta conquista, junto a importantes aliados que fueron fundamentales para que se alcanzara la etapa de adopción del texto. Otros movimientos sociales, como la  Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra Internacional y varias organizaciones populares, instituciones académicas y aliados fueron esenciales para apoyar a LVC para lograr la adopción de este marco de derechos y ayudar en su fase de implementación.

Comunicado: Estamos firmes con la Revolución Cubana

Revista Biodiversidad, sustento y culturas #119 

En un duro golpe a las multinacionales del litio y al gobierno de Catamarca, el máximo tribunal provincial prohibió que se entreguen nuevos permisos y exigió que se realicen estudios del impacto de todos los proyectos mineros de la región. El reclamo fue impulsado por comunidades diaguitas y asambleas socioambientales. Crónica de un triunfo.

Ciudad de México | Desinformémonos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para 13 defensores nahuas de la comunidad de Ayotitlán, en Jalisco, por el «riesgo de daño irreparable» que enfrentan por su labor contra la explotación minera ilegal en su territorio ancestral y los «actos de intimidación, amenazas de muerte, violencia y desapariciones» perpetradas por el crimen organizado.