Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

El pasado 10 de enero entró en vigor la Ley General de Minería Metálica en El Salvador, luego de ser aprobada el 23 de diciembre de 2024 por la Asamblea Legislativa y ratificada por el presidente Nayib Bukele.

Gobierno e inversionistas buscan imponer los proyectos mineros El Algarrobo y Río Blanco sin aceptación social y pese a la posible afectación a ecosistemas de Piura.

La Justicia Federal dispuso la expulsión de la Lof Pailako de su territorio ancestral en el Parque Nacional Los Alerces. Pero el despliegue del Ministerio de Seguridad de la Nación no tuvo el efecto esperado: la comunidad se retiró antes de la llegada de la Policía Federal y de la Gendarmería. Un entramado político-judicial de despojo y vulneración de derechos.

Las comunidades pesqueras encabezan una lucha global para frenar el avance de la acuicultura industrial de camarón y peces. Argumentan que las grandes operaciones de cultivo afectan gravemente sus territorios y sostienen que las necesidades alimentarias mundiales pueden ser atendidas de manera más efectiva mediante la revitalización de las áreas de pesca silvestre y la promoción de sistemas de acuicultura sustentable y a pequeña escala. Sin embargo, enfrentan a oponentes formidables. 

“Justicia ambiental también tiene que ver con recuperar la historia para impedir que se siga reproduciendo la lógica de explotación de la naturaleza y las personas”.

Declarados Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, la zona hoy enfrenta la construcción del megaproyecto inmobiliario Maratué, el cual pondrá en riesgo la integridad y conservación de sus ecosistemas. De llevarse a cabo, el proyecto devastaría más de 131 hectáreas de bosque nativo, amenazando la estabilidad ecológica de la zona. La organización Salvemos Quirilluca está trabajando para proteger los acantilados. 

Los primeros días de diciembre, en San José de Costa Rica, capital de ese país, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) realizó una conferencia titulada «Propuestas de políticas públicas para enfrentar las falsas soluciones», con la participación de organizaciones nacionales aliadas. Entre ellas, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica, el Movimiento Ríos Vivos, la Red Coordinación por la Biodiversidad, la organización de mujeres rurales Tinamaste, la federación ecologista FECON y la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN). Hubo también organizaciones de Amigos de la Tierra de varios países de América Latina y el Caribe, y otras internacionales como La Vía Campesina y el Movimiento Popular Mesoamericano.

"Dos décadas. No es poco. Es una partecita de la historia, de un compromiso de una organización que lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género y la soberanía de los pueblos, junto a movimientos sociales y comunidades de todo el mundo".