Cómo detener a los cárteles y crimen organizado de México —sin etiquetas de terrorismo

Pero la administración de Trump afirma estar combatiendo la producción de drogas, el crimen organizado y los cárteles mexicanos al designarlos como “organizaciones terroristas extranjeras”. Esta medida corre el riesgo de aumentar el racismo y los prejuicios contra México, mientras evita abordar las verdaderas causas y consecuencias del crimen organizado, como la prevención de adicciones o el apoyo a personas con adicciones, el tráfico de armas o la pobreza y los bajos salarios que facilitan el reclutamiento por parte de los cárteles.

La designación de los cárteles entró en  vigor el mes pasado, con seis cárteles transnacionales, pero con base en México,  incluidos en la lista: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. El nuevo jefe de la DEA (Administración de Control de Drogas), Derek Maltz,  expresó su deseo de construir un “ejército multinacional del bien para luchar contra el mal” en contra de los cárteles mexicanos, vinculando claramente la medida de Estados Unidos con un intento de satanizar a México.

Pero “llamarlos terroristas… es una fantasía. Es claro que ellos (la administración de Trump) no conocen el problema. Todo lo que hace el presidente Trump de Estados Unidos es fanfarronear y buscar beneficios económicos; usa la designación de terroristas y los aranceles como una especie de periódico con que se le golpea a un perro en el hocico. ‘Si no haces lo que digo, te pego’”, me dice Luis Cardona, un periodista que investigó a los cárteles durante décadas, hasta que fue secuestrado y torturado. Sigue comentando sobre el tema desde un lugar clandestino, bajo protección. Su casa es “como una cárcel, llena de alambre de púas y todo de vigilancia en video”, y cuenta con escolta. Actualmente enfrenta dos amenazas de muerte, dijo.

Cardona relató que fue llevado a un campo, donde le dijeron que lo matarían. En 2012, estaba escribiendo sobre 15 jóvenes que fueron asesinados por negarse a trabajar en los campos de amapola o marihuana. Recibió amenazas de muerte y fue capturado por distintos grupos en tres ocasiones antes de ser secuestrado. “Me torturaron, me iban a matar. Me llevaron a un campo abierto, diciéndome que en ese lugar ya habían matado a muchas personas ahí, y hoy en día se están localizando fosas clandestinas en ese lugar”.

Dijo que fue secuestrado por policías vestidos de soldados, algo de lo que estaba seguro porque escuchó sus comunicaciones por radio y reconoció las palabras clave que usaban, además de saber qué grupos utilizaban qué armas. Sin embargo, fue liberado gracias a la presión de periodistas.
El envío de tropas a la frontera por parte de México y Estados Unidos es solo “teatro”, dijo Cardona, y la etiqueta de terroristas “demuestra una concepción muy infantil» de la situación.

Por qué los cárteles están prosperando

En 2024, hubo un total de  30,057 homicidios en México, según cifras oficiales, que suelen ser menores a la realidad, ya que solo incluyen los reportados por las fiscalías estatales y excluyen las aproximadamente  10,000 desapariciones forzadas (2023) u otros homicidios no registrados.
Estas tasas han crecido de manera constante desde que comenzó la mal-llamada “guerra contra las drogas” liderada por Estados Unidos, también conocida como la Iniciativa Mérida. Fue una campaña de “ayuda” militar e intervención en México a partir de 2008, que provocó un aumento del  900% en la cantidad de cárteles y pandillas entre 2006 y 2012, y las desapariciones forzadas pasaron de  18 por año en 2004 a 3,111 en 2010.

“Declarar una guerra no funciona, ya pasamos por eso. La guerra contra las drogas generó miles de pérdidas de personas inocentes y un estado de excepción que violentaba los derechos humanos, y nada mejoró”, me dijo Raúl Caporal, abogado y consultor en derechos humanos y migración.

Mientras tanto, en Estados Unidos,  48.5 millones de personas enfrentaron un trastorno por consumo de sustancias en 2023. Según un  estudio (que comparó decenas de países, aunque no todos), el país tiene la tasa de sobredosis más alta en el mundo. Cardona argumentó que la proximidad de México a Estados Unidos y la alta demanda de drogas también contribuyen a la proliferación de los cárteles.

Además, las fuertes restricciones a la migración y al acceso al asilo “han sido una gran oportunidad para el crimen organizado… el tráfico ilegal de migrantes es otra rama de su negocio, y las rutas de migración hacia el norte coinciden con las rutas del tráfico de drogas”, explicó Caporal. “Lxs migrantes son presas fáciles del crimen organizado, que luego los adhiere con sus operativos de venta en Estados Unidos”, añadió Cardona.

De hecho, una investigación reciente  encontró que los cárteles están “adaptando sus estrategias para explotar las nuevas políticas de Washington” y cada vez más recurren a redes de extorsión de escala industrial y al secuestro masivo de migrantes que apenas llegaron a México, al punto de que tales acciones se han vuelto lo normal.

Las personas que se rehúsan a cooperar con los grupos criminales, como periodistas y activistas, están en peligro. Los jóvenes enfrentan el reclutamiento forzado y huyen de sus comunidades, lo que deja a los pueblos marginados aún más aislados y sin gran parte de su población en edad de trabajar. Hay un ambiente de extorsión y corrupción normalizados. Actualmente, negocios en partes de Guanajuato han cerrado por miedo a los extorsionadores, presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa, que, según La Jornada, han exigido pagos de  40,000 pesos.

El crimen organizado también tiene un fuerte impacto en la gobernabilidad, especialmente en los gobiernos locales de las zonas que los grupos buscan controlar. Por ejemplo, recientemente el CJNG supuestamente  secuestró a un alcalde y a su familia en Jalisco para obligarlo a elegir a un jefe de policía afín al cártel.

Cardona estimó que alrededor del 80% de lxs políticxs mexicanxs coluden con el crimen organizado, pero subrayó: “No es solo corrupción, si no entran a este tipo de negociaciones, los matan, o matan a sus familias”.

Comunidad, no coerción

No es sorprendente que los cárteles prosperen en un contexto de desigualdad (tanto dentro de México como entre México y Estados Unidos), violencia, consumismo, trauma, intervención estadounidense y apatía. Abordar un problema tan complejo implica fomentar la educación y los valores, sostiene Cardona, así como brindar empleos dignos y bien remunerados.

Quienes dejan la escuela temprano o no encuentran un empleo con salario justo pueden terminar “trabajando más al comercio informal y pueden caer en las garras de los cárteles. Aquí los salarios son tan bajos que dan risa”, dijo, reconociendo que el gobierno de Morena ha aumentado el salario mínimo, pero que aún es “miserable”. Por ello, trabajar con los cárteles, en lugar de sufrir la superexplotación de empresas locales o transnacionales europeas y estadounidenses, puede ser económicamente más atractivo.

Las dinámicas comunitarias también influyen en la expansión del crimen organizado. El pequeño grupo que controla la zona donde vivo, por ejemplo, cobra derecho de piso a lxs ambulantes y se sabe que paga a policías y políticos. La gente de la comunidad tiene miedo de hablar y el hecho de que nadie (ni los medios ni los políticos) se atreva a criticarle al grupo públicamente contribuye a la tolerancia y apatía hacia el, ayudando a normalizar su presencia.
Telésforo participó en una protesta en su comunidad en septiembre del año pasado que fue reprimida por grupos de choque, mientras la policía local observaba sin intervenir.

“Ese trato se vaya normalizanda”, me dijo en una entrevista. “Se vaya habituando a la población que es así como debe ser tratado … mientras que los métodos de los grupos del crimen organizado son exaltados, casi que se admira”, comentó.

Telésforo es una líder comunitaria en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco. Luego de que políticos locales se apropiaran de un amplio espacio comunitario en la cima de un cerro para sus fiestas privadas, la asamblea de Atlapulco lo recuperó. Ahora lo gestionan como la Casa del Pueblo Tlamachtiloyan, donde realizan talleres, foros, educación en derechos humanos e indígenas, y más. Sin embargo, tras esto, y después de resistir a la contaminación de las chinampas, Telésforo recibió una  citación judicial en agosto del año pasado, en un intento de criminalizar su labor organizativa.

En muchas partes del país, la demanda para alcohol y drogas—y por lo tanto la venta de drogas y el fortalecimiento de los cárteles—se ha visto impulsada por el reemplazo de la comunidad con una cultura de consumismo y alienación. Telésforo explicó cómo las celebraciones indígenas y tradicionales, las fiestas patronales, el carnaval y los festivales de barrio pueden fortalecer la organización comunitaria y la identidad, pero que “la corrupción del gobierno ha utilizado estas formas de organización para romper los tejidos sociales”.

Describió cómo las costumbres indígenas están siendo folclorizados para el consumo popular, lxs organizadores comunitarixs de estos eventos han sido reemplazadxs por empresas externas, y el enfoque se ha desplazado hacia la venta de alcohol y drogas. “Esta visión capitalista es que si consumes, tienes un lugar en este mundo, y si no consumes, no eres nadie”, dijo Telésforo. Tal visión del valor propio termina por justificar el consumo o producción de drogas como símbolo de estatus.

Por otro lado, una comunidad fuerte y otras formas de organización pueden promover el respeto y la autoestima a través de la responsabilidad y la participación. En lugar de normalizar el consumo excesivo y la violencia, Telésforo cree que prevenir y reducir el crimen organizado y los cárteles comienza con que la gente “se reconozca como un sujeto comunitario y reflexionar qué tendríamos que estar abonando a nuestra propia comunidad… cómo podemos organizarnos sobre todo para fines de mejor convivencia y de salvaguardar nuestros derechos”.

En Tlamachtiloyan, “estamos realizando actividades que nos permiten reencontrarnos como comunidad, restablecer lazos sociales y superar el miedo, porque eso es lo que hace el crimen organizado… genera mucho miedo… pero este espacio es una forma de decir que nos cuidamos unxs a otrxs, y cuidamos lo que es nuestro”, dijo.

“Nos diagnosticamos como una comunidad que nos hemos ido enfermando, no solo físicamente, sino mentalmente… Entre los chavos, hay una normalización de la idea de que la vida no tiene ningún valor, entonces, si te metes al crimen y te matan, pero pues ya viviste”.

El número de niñxs y adolescentes reclutadxs por el crimen organizado en México varía según los  estudios, desde cifras mínimas de 35,000 hasta estimaciones de hasta 460,000. Estas investigaciones coinciden en que el reclutamiento ocurre con mayor frecuencia en zonas donde la violencia extrema y el crimen organizado ya forman parte de la vida cotidiana, y donde hay pobreza, marginación, altas tasas de deserción escolar y una baja oferta de servicios públicos.

Por otro lado, “aquella gente que prospera su salud mental y físicamente pocas veces se mete en cuestiones de adicciones o con la idea de querer mucho dinero de forma fácil”, enfatizó Telésforo. Para prevenir y reducir el crimen organizado, “debemos crear una cultura de cuidado de nuestro agua, de nuestro ambiente … porque si tú te pones a cuidar algo, difícilmente tú te vas a ir en el extremo de la irresponsabilidad”.

La impunidad moral y legal sostiene el crimen organizado

En México, la tasa de impunidad para homicidios es del  93%. Apenas el  6.4% de los delitos en general son denunciados y, de esos, solo el 14% se resuelven, debido a la corrupción, la falta de recursos y personal, y la ineficacia del sistema judicial.

“Desde el principio, hubo una falta de reconocimiento por parte del gobierno de que existían los cárteles, y eso les fue dando un campo de impunidad muy fuerte”, dijo Cardona. Además, los funcionarios y medios que, por la fuerza o por voluntad, colaboran con los cárteles, difícilmente van a denunciar el problema.

Este silencio, junto con el uso de la violencia por parte del crimen organizado, es una “garantía de su existencia”, argumentó Cardona, describiendo cómo las amenazas, agresiones físicas, desapariciones y asesinatos son usadas contra cualquiera que se interponga en sus operaciones o ganancias.

“Ahora esto está básicamente normalizado… al punto en que la población ha aprendido a convivir con los criminales”, señaló.

Más allá de la impunidad legal, la impunidad moral refuerza esta tolerancia. Cuando la presidenta Sheinbaum  decidió mantener a Francisco Garduño como titular del Instituto Nacional de Migración (INM), a pesar de que fue  acusado en 2023 de ejercicio ilícito del servicio público tras la muerte de 40 migrantes en un incendio en una “estación” (cárcel) migratoria en Ciudad Juárez, envió un mensaje de mucha tolerancia ante las violaciones de derechos humanos.

Esta cultura de impunidad nos enseña que denunciar a criminales en los tribunales no vale la pena.
“La idea de que puedes hacer lo que quieras y no va a pasar nada forma parte de la apatía y la está alimentando”, dijo Telésforo.

Contrarrestar a los cárteles implica “aumentar el sentido de responsabilidad que todxs sentimos por una región”, explicó. Describió cómo los pueblos indígenas y otras comunidades están acabando con la permisividad a través del ejemplo, mostrando que no se tiene que dejar que quienes tienen poder hagan lo que quieran en la comunidad. De lo contrario, los criminales “no se preocupan si alguien los ve o no”. Las comunidades, argumenta, deben ser espacios donde las personas rindan cuentas.

Proteger los derechos humanos en lugar de las armas y la militarización

Al menos el  70% de las armas recuperadas en México y sometidas a rastreo entre 2014 y 2021 provinieron de Estados Unidos. Según Stop U.S. Arms to Mexico, esto significa que, en 2019, más personas fueron asesinadas con armas estadounidenses en México que en el propio EE.UU. Efectivamente, fabricantes como Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger están  facilitando la violencia de los cárteles en México. Varias empresas de armas estadounidenses también se han  lucrado del genocidio en Gaza, por lo que resulta irónico que el gobierno de Estados Unidos se sienta con derecho a juzgar a otros países.

La etiqueta de “terrorista” implica soluciones militares al problema del narcotráfico, al igual que la reciente exigencia de Trump, aceptada por Sheinbaum, de enviar  10,000 soldados más a la frontera. Sin embargo, la militarización de las fronteras y de la sociedad mexicana solo criminaliza a los migrantes y a las comunidades. Además, las fuerzas de seguridad son conocidas por colaborar con el crimen organizado y por extorsionar a los migrantes, no por protegerlos. Los tratan como enemigos, matando a  seis e hiriendo a diez en un solo incidente en octubre pasado, por ejemplo.

Por otro lado, “abrir las fronteras quitaría mucha presión al problema de caer trabajando para estas organizaciones criminales, pero más bien se trata de legalizar (regularizar) la migración y reconocer los derechos humanos de todas las personas, su derecho a la dignidad”, dijo Cardona.
Asimismo, Caporal enfatizó la necesidad de “fortalecer los sistemas de justicia más que la militarización. Creo que tendríamos que empezar ahí: una perspectiva de justicia social, de construcción de cultura de paz”.

Cuantos más derechos tengan los migrantes, incluyendo acceso a visas de tránsito o humanitarias en México (actualmente limitado) y la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos (severamente restringida por Biden y ahora detenida por Trump), menos vulnerables serán ante los cárteles y más difícil les será a estos lucrar con su tráfico.

Impacto real de la designación de “terroristas”

Designar a los cárteles como organizaciones terroristas puede traer consigo medidas concretas que afectarían aún más a quienes ya han sido víctimas de estos grupos: desde complicar las remesas y transacciones financieras, hasta ampliar el margen para procesar a personas o grupos sospechosos de colaborar con los cárteles (incluyendo a migrantes obligados a pagar rescates), restringir derechos humanos o incluso justificar incursiones militares. Aun si ninguna de estas consecuencias se materializa, la designación le sirve a Trump como un ataque ideológico destinado a presentar a México y América Latina no como pueblos soberanos con los que colaborar, sino como enemigos a ser controlados.

Dicha designación no ofrece ninguna solución real a las adicciones o a la violencia, ni en México ni en Estados Unidos. Para muchxs en México, ya aplastados por el miedo, es común refugiarse en la apatía como una opción fácil y aparentemente segura, o en la ilusión de que el consumismo puede otorgar estatus. Sin embargo, activistas y movimientos sociales tienen claro que evitar, callar y anestesiarse solo protege a los perpetradores y no es tan diferente de las drogas mismas.

Después de 10 años de marchas y protestas para exigir justicia por los 43 estudiantes desaparecidos o asesinados por el crimen organizado y las fuerzas de seguridad, seis años pidiendo justicia para Samir Flores, y muchas más luchas, es la determinación de alzar la voz lo que desafía la impunidad moral del crimen organizado y lo que realmente puede prevenir más violencia.

Fuente: Desinformemonos