Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Las comunidades pesqueras encabezan una lucha global para frenar el avance de la acuicultura industrial de camarón y peces. Argumentan que las grandes operaciones de cultivo afectan gravemente sus territorios y sostienen que las necesidades alimentarias mundiales pueden ser atendidas de manera más efectiva mediante la revitalización de las áreas de pesca silvestre y la promoción de sistemas de acuicultura sustentable y a pequeña escala. Sin embargo, enfrentan a oponentes formidables. 

“Justicia ambiental también tiene que ver con recuperar la historia para impedir que se siga reproduciendo la lógica de explotación de la naturaleza y las personas”.

Declarados Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad, la zona hoy enfrenta la construcción del megaproyecto inmobiliario Maratué, el cual pondrá en riesgo la integridad y conservación de sus ecosistemas. De llevarse a cabo, el proyecto devastaría más de 131 hectáreas de bosque nativo, amenazando la estabilidad ecológica de la zona. La organización Salvemos Quirilluca está trabajando para proteger los acantilados. 

Los primeros días de diciembre, en San José de Costa Rica, capital de ese país, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) realizó una conferencia titulada «Propuestas de políticas públicas para enfrentar las falsas soluciones», con la participación de organizaciones nacionales aliadas. Entre ellas, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica, el Movimiento Ríos Vivos, la Red Coordinación por la Biodiversidad, la organización de mujeres rurales Tinamaste, la federación ecologista FECON y la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN). Hubo también organizaciones de Amigos de la Tierra de varios países de América Latina y el Caribe, y otras internacionales como La Vía Campesina y el Movimiento Popular Mesoamericano.

"Dos décadas. No es poco. Es una partecita de la historia, de un compromiso de una organización que lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género y la soberanía de los pueblos, junto a movimientos sociales y comunidades de todo el mundo".

Aunque la nueva normativa de la Unión Europea debía entrar en vigencia a finales de 2024, América Latina ha avanzado muy poco para adaptarse a la regulación. La ley, que se aplazó un año, prohíbe a Europa importar productos que hayan implicado deforestación a 2020 y todavía es desconocida para pequeños productores que exportan a Europa.

La reciente sentencia judicial otorgada al Colectivo de comunidades mayas de los Chenes por la jueza cuarta de distrito del centro auxiliar de la quinta región en Culiacán Sinaloa, Mónica Pereda, representa un logro histórico en América Latina para la protección de la naturaleza en materia de derechos ambientales y colectivos. 

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay presentó el miércoles 18 de diciembre un recurso de revocación a la Resolución de Autorización Ambiental Previa otorgada por el Ministerio de Ambiente (MA) al proyecto de potabilización de agua Neptuno-Arazatí y solicitó expresamente la suspensión del acto.