Fabián Pacheco

En respuesta a la pasada inspección comunitaria realizada el día domingo 21 de junio del presente 2020, donde se tomaron fotografías con dron evidenciando que la toma de agua llamada Plantón está completamente rodeada de cultivos que utilizan agroquímicos irrespetando los 200 metros que por ley deben de considerarse para cuidar el agua de la gente; la Señora Yamileth Astorga Presidenta Ejecutiva del AyA envió a analizar el agua de dicha ASADA.

"El ecologismo social costarricense esta vez asume el reto de desintoxicar el país. El banderazo de salida está dado y ahora estamos trabajando para que nuestro dinero público no llegue a las arcas de los señores del agroveneno. Queremos vivir en un país con zonas públicas libres de herbicidas. Esta es una gran oportunidad para tener una discusión nacional y una profunda reflexión de los modelos de desarrollo que realmente queremos. Esta es la oportunidad de defender la salud pública frente al beneficio económico de algunos pocos."

El Gobierno de Costa Rica inicia un 2017 con un paquete de decretos a favor del sector que vende agrotóxicos en Costa Rica marcando un retroceso histórico en protección ambiental frente al negocio del agroveneno.

La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) planea reunirse este 15 de mayo por primera vez en esta administración y entre los temas a discutir llama la atención la solicitud de un Certificado para la Liberación de transgénicos de la empresa Dow AgroSciences. Aun no se conoce el detalle de la solicitud ni la forma en que se procederá con el permiso.

La Sala Constitucional ha determinado que la manera en la que se otorgan los permisos para liberar transgénicos en Costa Rica es inconstitucional, pues viola los derechos de todas las personas.

"La Sala Constitucional convocó para el jueves 7 agosto a las 9:00am a los accionantes y coadyuvantes a una audiencia sobre la Acción de Inconstitucionalidad. Esta acción, interpuesta por ecologistas, campesinos, indígenas y el exdiputado Villalta es contra el reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria y es la que tiene detenida las resoluciones para autorizar transgénicos, incluyendo el polémico maíz transgénico de la trasnacional Monsanto."

"Las compañías D&PL Semillas Ltda y Semillas del Trópico se encuentran solicitando al Departamento del Servicio Fitosanitario del Estado y a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad la autorización para sembrar 4 tipos de maíz transgénico en la región de Guanacaste."

"La aprobación de una ley en materia de etiquetado sobre productos transgénicos en el congreso sería de gran utilidad para la construcción de marcos reales de bioseguridad comunitaria a nivel nacional. Es muy difícil proteger las semillas nacionales de la contaminación genética cuando los granos transgénicos que nos venden en el mercado no están etiquetados."