Desintoxicar Costa Rica

El País más fumigado es Costa Rica. Me duele decirlo, pero Costa Rica es el país que presenta el mayor uso y abuso de agrotóxicos en el planeta por unidad de área al año. Según el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica se reveló que el país usó un promedio 18,2 kilogramos de agrotóxicos por hectárea al año en el 2013. Por su parte el World Resources Institute, organización relacionada con el Banco Mundial, ya desde el año 10 informaba de la posición de Costa Rica como primer consumidor de agrotóxicos en el mundo. ( ver aquí)

Investigaciones del IRET también han señalado que el uso y abuso de venenos agrícolas ha aumentado significativamente sin haber aumentado las áreas agrícolas. Más veneno en la misma área agrícola donde se produce la comida de los costarricenses. Lamentablemente el país alardea de su compromiso ambiental pero dudo que exista un lugar en la Vía Láctea que utilice más agrotóxicos por unidad de área que Costa Rica.

Como si fuera poco…

Como si fuera poco ostentar el primer lugar en el mundo como toxicampeones el actual Gobierno de Costa Rica inició el 2017 con un paquete de decretos* desde el poder ejecutivo a favor del sector que importa, exporta y vende agro tóxicos en Costa Rica. Marcando un retroceso histórico en protección ambiental frente al negocio del agroveneno. El actual Gobierno decidió flexibilizar el registro de Plaguicidas en Costa Rica.

Actualmente se usan alrededor de dos mil plaguicidas en Costa Rica que nunca fueron evaluados ambientalmente debido a que hasta el año 2017 entró en vigencia un reglamento que exigía un verdadero análisis de riesgo antes de otorgar un derecho de registro. Con los nuevos reglamentos aprobados* se perpetua la incertidumbre y se dificulta que las instituciones estatales puedan evaluarlos a profundidad para determinar si se deben prohibir en Costa Rica, tal y cual los prohíben en otros países.

El Estado de Costa Rica (país mega diverso que alardea de la protección ambiental) debe de fortalecer su institucionalidad para que el registro de plaguicidas se realice con total autonomía y profesionalismo. Facilitar la venta de agrotóxicos alivianándole los trámites a las poderosas trasnacionales del agro veneno solo beneficia a unos cuantos y nos pone en riesgo a todos los que vivimos en este país.

*Decreto Ejecutivo No. 40059-MAG-MINAE-S Reglamento Técnico: “RTCR 484:2016. Insumos Agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control”. Rige seis meses después de su publicación. La Gaceta No. 10 del viernes 13 de enero del 2017

*Decreto Ejecutivo No. 39995 Reglamento para la Actualización de la Información de los Expedientes de Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico y Plaguicidas Formulados. La Gaceta 16 de enero 2017. Ver aquí (pdf)

Decretos firmados sin consultas.

Uno de los decretos en cuestión no fue consultado con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Como deberían de hacerse correctamente las cosas por mandato de la Contraloría General de la República, tal y cual lo confirma el Señor Ministro Edgar Gutierrez en sus declaraciones del 19 de enero en la Prensa Libre. (ver aquí)

Tampoco fué consultado Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). La ORT es la comisión interministerial cuya misión es contribuir a la elaboración de los reglamentos técnicos, mediante el asesoramiento técnico en el procedimiento de emitirlos. La ORT Es el encargado de coordinar, con los respectivos ministerios, la elaboración de sus reglamentos técnicos, de modo tal que su emisión permita efectiva y eficiente protección de la salud humana, animal y vegetal, del medio ambiente, de la seguridad, del consumidor y de los demás bienes jurídicos tutelados. ( ver aquí)

Es evidente que este es un decreto a la medida de las necesidades de quienes buscan vender agro tóxicos de forma fácil y expedita. Pero lo que está en juego es la salud de los agroecosistemas y las familias campesinas. Con la aplicación de este reglamento nuevo se estaría propiciando mantener plaguicidas en el mercado por más de 22 años, sin que las autoridades del Gobierno revisen su riesgo para la salud humana y para el ambiente, pero tampoco su eficacia para el control de plagas. Por lo tanto, los agricultores también estarían expuestos a la adquisición de plaguicidas que podrían no ser eficaces para el control de plagas, lo cual encarecería sus procesos de producción e innecesariamente contaminaría el ambiente.

El Gobierno de la “Participación Ciudadana” se precipitó en sacar un nuevo reglamento de agrovenenos sin consultar ampliamente, más solamente a los dueños de tan suculento negocio. Detrás de este combo de decretos se encuentra un intento desesperado de la agroindustria en legalizar cientos de plaguicidas que nunca han sido evaluados por las autoridades costarricenses debido a que los mismos fueron introducidos al país antes de la normativa correspondiente. Normativa que precisamente acaban de eliminar en favor del toxinegocio.

Frente a la intoxicación es urgente la acción. Pérez Zeledón: primer cantón libre de herbicidas en áreas públicas y de interés en agroecología. En respuesta al combo de toxidecretos presidenciales y de la intensidad de fumigación con que vivimos en Costa Rica desde el ecologismo social se ha dado el banderazo de salida para liberar las áreas públicas de herbicidas.

El jueves 6 de abril del presente año, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón fue colmado por activistas de diversos movimientos como el agroecológico, cultural, ecologista y comunitario para solicitar que se diera un paso a favor de la agroecología y mejorar así la salud ambiental del cantón. El objetivo fue logrado por medio de una Declaratoria Municipal que fue acordada ese mismo día en medio de auditorio lleno que celebró la decisión.

A partir de este acuerdo los sitios públicos que administra la Municipalidad de Pérez Zeledón, dejarán de usar herbicidas tan peligrosos como el glifosato que según estudios realizados desde el año 2000 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, dependiente de la OMS) tiene pruebas para que sea ingresado a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos (grupo de sustancias 2A de la IARC).

La intención de la declaratoria en Pérez Zeledón es que todas las personas puedan disfrutar de espacios públicos sin temor de ser expuestos a estos dañinos productos en parques, jardines, aceras, linderos de camino, cementerios y otros sitios de administración municipal.

El movimiento por cantones libres de herbicidas es animado por organizaciones ecologistas, campesinas y de la sociedad civil en general. Vale la pena destacar que se trata del mismo movimiento social responsable de obtener 75 declaraciones de territorios libres de transgénicos en la coyuntura de la Defensa del Maíz en Costa Rica, frente a la amenaza de introducción de maíz transgénico de la compañía Monsanto en el año 2013. En esa campaña se logró obtener que el 91 % del territorio nacional fuera declarado libre de transgénicos por los gobiernos locales. 75 municipalidades liberadas de transgénicos y en ese momento existían en total en 81 municipalidades. Esta fue una campaña sin precedentes a nivel nacional, que permitió llevar la discusión alrededor de las semillas campesinas y sus amenazas a todos los rincones del territorio nacional.

El ecologismo social costarricense esta vez asume el reto de desintoxicar el país. El banderazo de salida está dado y ahora estamos trabajando para que nuestro dinero público no llegue a las arcas de los señores del agroveneno. Queremos vivir en un país con zonas públicas libres de herbicidas. Preferimos que contratan trabajadores para que “vuelen machete” (control mecánico de las hierbas) y así generar empleo. Trabajaremos cantón por cantón para obtener un país entero libre de herbicidas en las áreas públicas. Esta es una gran oportunidad para tener una discusión nacional y una profunda reflexión de los modelos de desarrollo que realmente queremos. Esta es la oportunidad de defender la salud pública frente al beneficio económico de algunos pocos.

27 de abril del 2017

Por Fabián Pacheco Rodríguez (Master en Agrobiología Ambiental, agricultor y ecologista)