Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Compartimos el informe preparado de manera conjunta por las organizaciones participantes en la 1ra Asamblea Mundial por la Amazonía para exponer la situación de la Amazonía venezolana ante el avance de la minería legal e ilegal, el profundo impacto socioambiental del mega proyecto gubernamental del Arco Minero del Orinoco en las comunidades y pueblos indígenas de la región, así como el impacto en la salud y vida de los mismos del avance de la pandemia de COVID-19.

Hasta el día de hoy, a nivel mundial, se han confirmado más de 611 mil personas fallecidas por el virus SARS-CoV2. Nuestro país ronda los 363 mil casos confirmados de coronavirus y aproximadamente 41 mil personas han fallecido víctimas del virus. Un reporte de la organización internacional OXFAM indica que, hacia el final del año, hasta 12 mil personas podrían morir de hambre diariamente en todo el mundo por impactos sociales y económicos directamente relacionados con la pandemia por CoVID-19, quizá más que el número de personas que podrían morir por la infección para esa época del año.

Brasil se está convirtiendo en un gran campo de soja y está claro que destruir la sociobiodiversidad en los territorios tiene consecuencias. El avance de los agronegocios, la ganadería intensiva y la industria extractiva convierte los bosques y las comunidades en monocultivos, pozos y pilas de relaves de minerales. La creación industrial de animales para el matadero es una olla a presión para nuevas mutaciones de virus, lista para explotar. Si mantenemos esta forma de producción, tendremos que acostumbrarnos a vivir así, aislados y con máscara.

San Juan Evangelista Analco decidió seguir el ejemplo de sus vecinos de la Sierra Norte en Oaxaca y tener una relación diferente con su bosque. En pocos años han logrado aprovechar en forma sustentable sus recursos forestales y crear empleos. Ahora ellos son un ejemplo para otros pequeños poblados del país.

El Tribunal Administrativo de Nariño respaldó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, que suspendió las licencias para reanudar las fumigaciones sobre las 170.000 hectáreas de cultivos de coca que, según cifras oficiales, hay actualmente sembradas en Colombia, 59% de ellas concentradas en 14 departamentos y 104 municipios, que son el foco del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato- “PECIG”.

Desertificación, cambios de uso y extracción de nutrientes del suelo, grandes inundaciones, eliminación de los polinizadores, pérdida de bosques y montes nativos, disminución drástica de la diversidad biológica y genética, aguas subterráneas, rios, suelos y aire contaminados, alimentos envenenados, impactos negativos en el clima, afectaciones graves a la salud humana y delibitamiento del sistema inmunológico de la tierra y todos los seres que la habitan, son parte de las consecuencias de un modelo de agricultura que colapsó y no debe continuar con su derrotero ecocida.

Expertos en agroecología, organizaciones campesinas y activistas defensores de la soberanía alimentaria solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que emita un decreto para dejar de producir y consumir Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en México.

Como era de esperar la Iniciativa Popular impulsó al lobby minero a mover piezas en el tablero de ajedrez donde se juega la disputa de sentidos. Deslegitimado socialmente se posiciona a través de campañas publicitarias. Es que la gran llegada de la Iniciativa Popular los preocupa. Y tienen razón para preocuparse, a solo un mes del lanzamiento varias comunidades superan el 10% del padrón electoral, tres veces lo que exige la legislación.