Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

15/09/2020 - La Asociación de Productores Joaju, de la Comunidad campesina 1° de marzo, ubicada en el distrito de Ybyrarobana, Departamento de Canindeyú, se movilizaron hoy exigiendo la regularización de las tierras que ocupan desde hace más de 8 años. Las más de 400 familias campesinas que ocupan unas 4.500 hectáreas exigieron también políticas de apoyo a la producción de alimentos.

"En una compleja historia de claroscuros y cambios sexenales, la educación indígena ha servido como motor y estímulo de conocimiento y mayores ambiciones formativas para los jóvenes, y a la vez ha operado como factor de aculturación, estandarización cultural y limitante de las lenguas originarias y los pensamientos colectivos. Además de la vocación campesina propia de la civilización indígena, lleva un siglo de que la profesión de maestro se naturalizó en los pueblos y muchísimos jóvenes se hicieron normalistas rurales o urbanos para dedicarse a la enseñanza".

Presentamos el noveno informe del especial periodístico sobre la crisis humanitaria de los pueblos indígenas en Colombia, que viene produciendo nuestro medio aliado Hacemos Memoria, a través de la Red de Periodismo y Memoria de la que hacemos parte como Agencia Internacional de Prensa, con el fin de acercar al público internacional los hechos de violencia política que han afectando históricamente a las comunidades más vulnerables en el país suramericano, por causa del conflicto armado interno y la marcada exclusión social y política.

11/09/2020 - Diversas organizaciones campesinas y comisiones vecinales del Departamento de San Pedro mantuvieron ayer una Audiencia Pública con autoridades locales, departamentales y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Tras la jornada de discusión se aprobó a un compromiso de frenar los desalojos a las comunidades que se encuentran asentadas en tierras que exigen sean regularizadas.

Mientras que la discusión sobre la toma de tierras se agudiza, el límite legal impuesto por un sistema que oficia de abogado defensor de los privilegios, sigue mostrando su rostro deshumanizante. La ilegalidad parece ser una vestimenta que solo pueden ostentar aquellos que deben resistir a duras penas el brazo opresivo del poderoso.

El pasado 18 de agosto de 2020, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una nueva resolución, en la que confirmó la revocación del permiso otorgado a Monsanto Comercial S.A. de C.V para la liberación de soya genéticamente modificada en etapa comercial en siete estados del país.

Como Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), red de asambleas socioambientales, que venimos denunciando la explotación y destrucción de la naturaleza y de nuestros cuerpos para las ganancias de unos pocos, queremos hacer un llamado a toda la sociedad para detener este mundo de pandemias.

"En esta ocasión se trata de la selva de los Chimalapas ubicada en el sur de México (istmo de Tehuantepec, Oaxaca) que está amenazada entre otras cosas, por megaproyectos mineros a cielo abierto. Estas actividades extractivas generarían enormes impactos ambientales en uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta, alterando miles de hectáreas de selva y contaminando las importantes masas de agua dulce que existen en este territorio que alcanza  594.000 hectáreas de propiedad comunal".