Campesinos logran compromiso de frenar desalojos

Durante la jornada representantes de diversas comunidades campesinas expusieron la grave situación que atraviesan ante la imposibilidad de acceder a la tierra de forma segura, ya que muchos asentamientos se encuentran bajo amenaza de desalojo ante la falta de acción estatal para garantizar las tierras de los campesinos y campesinas. Señalaron también que muchos territorios campesinos han sido irregularmente usurpados por grandes sojeros, muchos de ellos extranjeros.

Ante esta realidad los campesinos exigieron a las autoridades acciones concretas para garantizar el acceso a la tierra, señalaron que es fundamental realizar mensuras judiciales en gran parte del Departamento a fin de recuperar las tierras que se encuentran en manos de personas que no son sujetas de la reforma agraria, así como identificar las tierras públicas que deben ser destinadas a ese fin.

Los dirigentes de la zona cuestionaron duramente al Presidente del INDERT, Ingeniero Mario Vega, por la falta de acciones concretas para garantizar el derecho a la tierra para el campesinado. Ante las críticas el Presidente del INDERT abandonó el encuentro.

Finalmente los representantes campesinos y las autoridades locales acordaron la firma de un acta de compromiso, el documento fue firmado por el Gobernador de San Pedro, Carlos Giménez, y por el Diputado del Departamento, Ariel Villagra, además de los representantes de los campesinos y campesinas. En el acta las autoridades se comprometen a mediar ante las instituciones para lograr la mensura de las tierras reclamadas por las comunidades y frenar los desalojos mientras dure el proceso de regularización de tierras de los asentamientos.

Según datos revelados en el Informe Con la Soja al Cuello 2019, San Pedro es el Departamento con mayor cantidad de ocupaciones de tierras en los últimos 10 años, con 32 ocupaciones que movilizaron a casi seis mil campesinos y campesinas. Para la investigadora y socióloga Marielle Palau las ocupaciones de tierra son la respuesta del campesinado ante la inacción estatal, “las comunidades luchan por recuperar parte del territorio apropiado para la producción de comodities y al mismo tiempo por acceder a tierras, asumiendo que es un derecho contar con ella para vivir dignamente” señala.

El informe indica que entre los años 2008 y 2018, se han identificado que existen al menos 95 ocupaciones de tierras rurales, las que se llevaron adelante principalmente en los departamentos de San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú, se dieron sobre al menos un poco más de 212 mil hectáreas en la que participaron 19.455 campesinas y campesinos sin tierra. Otro dato relevante señala que más del 30% de las tierras ocupadas, están en posesión de propietarios extranjeros, principalmente de nacionalidad brasilera, y que el principal reclamo que motiva las ocupaciones es la intervención del ente encargado de esta problemática, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), ya sea exigiendo mensura judicial, denunciando la adjudicación/ apropiación irregular o que la tierra ocupada es fiscal.

Como reflexión final, Palau señala que estas ocupaciones representan la resistencia de las comunidades a la lógica de despojo de sus territorios y sus formas de vida e indica que “la extrema desigualdad en la posesión de la tierra en Para guay es probablemente el principal problema del país, impide a campesinas, campesinos e indígenas el disfrute de una serie de derechos humanos, como ser el de la alimentación, la vivienda, el trabajo, entre otros. No afecta sólo a quienes se ven privados del derecho a acceder, producir y vivir en ellas, nos afecta a todas y todos, dado que cada hectárea de tierra negada al campesinado es una hectárea que deja de destinarse a la producción de alimentos. Cada ocupación campesina, cada lucha de comunidades indígenas por sus territorios debería convocar la solidaridad de la ciudadanía, ya que son imprescindibles para avanzar hacia la soberanía alimentaria”.

Fuente: Base Investigaciones Sociales (BASE IS)