Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Alba Bermeo Puin estaba embarazada de cinco meses. Ella y su bebé fueron asesinados la madrugada del 22 de octubre dejando un gran vacío y a toda la comunidad en estado de desolación absoluta. En menos de un mes, ha habido tres ataques contra mujeres que se oponen a actividades de minería en la provincia de Azuay.

El desalojo en el Lof Lafken Winkul Mapu, una comunidad mapuche en Villa Mascardi, volvió a poner el foco sobre las disputas territoriales en la Patagonia argentina y la violencia racializada hacia los pueblos originarios. Un análisis sobre el rol del Estado, los medios de comunicación hegemónicos y la reconstrucción del Pueblo Mapuche.

La defensora de la naturaleza, Alba Bermeo Puin, moradora de la parroquia de Molleturo, provincia del Azuay, cantón Cuenca fue ASESINADA la madrugada del 22 de octubre por personas involucradas en actividades mineras de oro.

Día por medio muere una defensora o defensor ambiental y de la tierra. Más de 1.700 personas en la última década. Desde hace una década, la organización Global Witness ha intentado registrar y dar a conocer los asesinatos a estas personas defensoras y en el mundo. Ha sido una tarea difícil, no solo por la dureza de la situación, también porque en muchos lugares estos crímenes no se denuncian, se subregistran o las autoridades los clasifican bajo otros nombres.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización de la que los defensores Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de Ayotzinapa; Abel Barrera, Rogelio Téliz García y Marco Antonio Suástegui Muñoz, en Guerrero, fueron objeto por los militares, como revelaron los documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

El 12 de octubre recuerda las injusticias que han vivido los pueblos originarios en más de 500 años de colonialismo, etnocidio y despojo, pero también es una fecha que nos habla de su resistencia y dignidad para generar procesos de liberación. En este programa escuchamos las luchas de las comunidades y pueblos indígenas en la defensa de sus territorios, lenguas, saberes y manifestaciones culturales, así como a ejercer sus autonomías.

En un lapidario informe, redactado tras más de una semana de recorrido por el país, Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU en sustancias tóxicas y derechos humanos, denunció la gran cantidad de violaciones a DDHH de comunidades indígenas y campesinas que se cometen por el uso irregular de agrotóxicos. El experto internacional abogó por una verdadera protección de los derechos de las comunidades y recomendó prohibir la importación de agrotóxicos peligrosos de uso intensivo por parte de empresarios sojeros.

El genocidio negado, el despojo de tierras y la lucha de las comunidades indígenas son los ejes de "Argentina Originaria: genocidios, saqueos y resistencias", un libro que traza las continuidades de la violencia estatal y, también, da cuenta de la defensa del territorio que realizan los pueblos originarios.