Criminalizan a defensores de Ayotzinapa y los pueblos en Guerrero
Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización de la que los defensores Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de Ayotzinapa; Abel Barrera, Rogelio Téliz García y Marco Antonio Suástegui Muñoz, en Guerrero, fueron objeto por los militares, como revelaron los documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Lamentaron que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les asegura inmunidad. «Se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa», indicaron las organizaciones.
Vidulfo Rosales Sierra, Abel Barrera y Rogelio Téliz García son integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Marco Antonio Suástegui Muñoz forma parte del Consejo de Ejido y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) en Guerrero.
En un comunicado, se explica que un informe de la Sedena describe la presencia de tres organizaciones civiles que cometen diversos ilícitos y que una está ligada a Vidulfo Rosales. «La información contiene errores, es falsa y exhibe la incapacidad de los cuerpos de inteligencia del ejército al confundir una organización campesina con una instancia gubernamental», señalaron las organizaciones firmantes, como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT).
Destacaron que la defensa que Vidulfo Rosales llevó a cabo es con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), organización campesina que defiende la tierra y el agua contra las empresas extractivas en Guerrero.
«Nos preocupa que desde las fuerzas armadas tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y catalogarlas junto a grupos criminales», indicaron, y añadieron que la represión contra Rosales y otros defensores podría aumentar conforme los padres y madres de Ayotzinapa, a quienes representa, se acerquen más a la verdad sobre el paradero de los 43 normalistas y las autoridades e instituciones implicadas.
Ante las revelaciones, las organizaciones exigieron el cese el hostigamiento y «la inminente represión» contra Vidulfo Rosales, Abel Barrera, Marco Antonio Suástegui Muñoz y Rogelio Téliz García, así como que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el ejército mexicano «por realizar operaciones de seguimiento y vigilancia ilegales».
A continuación el comunicado completo:
La Estrategia de Contrainsurgencia no solo se utiliza en contra de movimientos armados insurgentes, sino también en contra de todo aquel que lucha por la verdad, la justicia y la reparación del daño, como lo hacen algunas y algunos defensores de Derechos Humanos, periodistas y luchadores sociales, tal es el caso de los compañeros Vidulfo Rosales Sierra, Abel Barrera, Rogelio Téliz García y Marco Antonio Suástegui Muñoz. Los tres primeros integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el último líder del Consejo de Ejido y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).
Lo anterior queda demostrado con una reciente publicación en el diario, La Silla Rota, en su nota “Guacamaya leaks: Sedena vincula a Vidulfo Rosales con secuestros y extorsiones”. Ahí afirman que un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) describe la presencia de tres organizaciones civiles que cometen diversos ilícitos y una está ligada a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa.
En la nota, se hace referencia a los documentos, obtenidos a partir del hackeo, en donde la SEDENA afirma que Vidulfo Rosales “forma parte de la estructura del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP)” (sic) que, según el ejército, es una organización dedicada a cometer distintos ilícitos.
La información contiene errores, es falsa y exhibe la incapacidad de los cuerpos de inteligencia del ejército al confundir una organización campesina con una instancia gubernamental.
La defensa que Vidulfo Rosales Sierra llevó a cabo es con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) Organización campesina que defiende la tierra y el agua contra las empresas extractivas.
Nos preocupa que desde las fuerzas armadas tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y catalogarlas junto a grupos criminales.
Hacemos un llamado a los medios de comunicación, su labor es importante, por ello les pedimos que no reproduzcan irresponsablemente información que el ejército tiene para reprimir y castigar a las y los defensores de derechos humanos, así como luchadoras y luchadores sociales.
Con lo anterior es indudable que se prepara una inminente acción judicial contra el defensor que se hará efectiva en la medida que las madres y los padres de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 se acerquen a la verdad. A la fecha todas las investigaciones apuntan a elementos del ejército, gobernantes y políticos de alto nivel. La defensa del compañero Vidulfo ha sido decisiva en esta lucha por lo que el ejército busca neutralizarlo y silenciarlo y no dudará ejercitar acciones penales o de otra índole en su contra.
Tenemos la firme convicción que cuando la lucha es verdadera, honesta e inclaudicable afecta intereses, económicos y políticos de las élites que recurren a la calumnia, a la difamación, criminalizando y deslegitimando nuestra lucha.
La lucha de las madres y padres de los 43 amenaza con colocar al ejército en el banquillo de los acusados y la voz y denuncia permanente del compañero Vidulfo ha sonado con estridencia al grado que molesta al poder militar que ahora da un manotazo para acallar voces incómodas y vigilar a los que considera enemigos realizando impunemente señalamientos infundados.
El acuerdo de las fuerzas armadas con el Presidente de la República les asegura inmunidad y se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa. Delincuentes de Guerreros Unidos convivían y se reunían con altos mandos militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, mientras tanto, fichaban y hostigaban a defensores y luchadores sociales asociándolos con actividades ilícitas que ni siquiera comprobaron y que son falsas.
Por todo lo anterior, exigimos cese el hostigamiento y la inminente represión contra el compañero Vidulfo Rosales, Abel Barrera, Marco Antonio Suástegui Muñoz y Rogelio Téliz García, que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el ejército mexicano por realizar operaciones de seguimiento y vigilancia ilegales.
Fuente: Desinformémonos