Desalojo en Villa Mascardi: “Una identidad impuesta no es una identidad”

Por Ignacio Marchini para la agencia de noticias BiodiversidadLA

El operativo en Villa Mascardi, llevado adelante por más de 250 efectivos de cuatro fuerzas federales distintas, estuvo plagado de irregularidades y generó un enorme rechazo entre los organismos de derechos humanos y hasta en algunos sectores del propio oficialismo. La detención de niñes y de siete mujeres mapuches, cuatro de las cuales fueron trasladadas forzosamente a Buenos Aires sin conocer los cargos que se les imputaban y sin informar a la comunidad y a su defensa legal sobre su situación, provocó la “renuncia indeclinable” de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Además, una de las detenidas transitó las últimas semanas de su embarazo en prisión domiciliaria.

El Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi fue creado el 3 de octubre por medio de la resolución 637, firmada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. El motivo que se desprende del texto es el incendio de una casilla de la Gendarmería Nacional, llevado adelante el 26 de septiembre por un “grupo de encapuchados” que automáticamente fueron asociados a la comunidad mapuche de Villa Mascardi. La resolución misma usa el condicional, al afirmar que “los episodios en cuestión habrían sido protagonizados por miembros de la comunidad autodenominada ‘Lof Lafken Winkul Mapu’, y que, asimismo, los atacantes habrían empleado distintos tipos de armas, entre ellas armas de fuego”. La falta de certezas no impidió que medios como Clarín o Infobae y personajes mediáticos como el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, aseveraran que se trató de un ataque de miembros de esta comunidad y exigieron la intervención del Estado nacional, pedido que fue respaldado por miembros de la oposición como Patricia Bullrich, Mario Negri y Mauricio Macri.

La decisión de llevar adelante este procedimiento, según explica Orlando Carriqueo, werken (vocero) del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, “se explica por un acuerdo político entre el gobierno de Río Negro y el gobierno nacional”, pero, además, “tiene que ver con las políticas extractivas que tienen pensado desarrollar en los territorios”. Sobre este punto coincidió Mauro Millán, lonko (cacique) de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza de Chubut: “El poder económico-empresarial, el aparato judicial y el poder político quieren plantear el falso dilema de la soberanía. Sabemos perfectamente que no les importa, porque despliegan una serie de políticas entreguistas del territorio. Cada gobierno que pasa deja allanado más el camino, más ahora que van a pagar la deuda eterna y externa que dejó el macrismo con el territorio y los recursos naturales”.

Millán denunció el sostenido proceso de extranjerización de la tierra en todo el país, que llevó a que en la actualidad casi 11 millones de hectáreas rurales estén en manos extranjeras, según figura en la última información de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales. Estos terrenos fueron comprados por empresas para proyectos extractivistas o por magnates para su uso personal, como el conocido caso de Lago Escondido, “propiedad” de Joseph Lewis, que se rehúsa a acatar el fallo que lo obliga a liberar el acceso público a la fuente de agua.

El desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu poco tuvo que ver con la “guerra contra el terrorismo”, cuyo máximo representante sería la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una supuesta organización terrorista que nadie puede precisar quién la integra y que fue el caballito de batalla durante el gobierno de Mauricio Macri para recrudecer la violencia hacia los pueblos originarios de la Patagonia. La incomprobada intervención de esta organización, de la que varias comunidades mapuches sospechan que se trata de una invención de los servicios de inteligencia de Argentina y Chile para deslegitimar los reclamos territoriales de las poblaciones indígenas, fue la excusa para la violenta represión que terminó con el asesinato por la espalda del joven mapuche, Rafael Nahuel, en 2017. Justamente, en la misma zona que hoy está en el foco de atención, Villa Mascardi.

Un historial de violencia estatal

El accionar del gobierno nacional en el desalojo fue duramente cuestionado por los organismos de derechos humanos. La causa judicial, a cargo de la jueza Federal subrogante Silvina Domínguez y la fiscal Cándida Etchepare, “se encuentra en secreto de sumario, por lo que no es posible saber si existen pruebas contra integrantes de la comunidad”, según explicaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado. En diálogo con BiodiversidadLA, Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad Democrática de ese organismo, explicó que el procedimiento en Mascardi “presenta muchas dudas”. Según el investigador, “en la causa judicial que da lugar a la orden de allanamiento se investiga el ataque a la garita de Gendarmería; sin embargo, la orden de la jueza excedió en mucho esa causa, ya que además de un allanamiento para buscar información o pruebas sobre ese hecho, ordenó el desalojo de la comunidad que estaba asentada en esos territorios desde 2017, ignorando o pasando por encima de las otras causas donde se están discutiendo la cuestión de la disputa por esos terrenos y en las que varios y varias integrantes de la comunidad ya habían sido sobreseídas”.

Según Trufó, este problema debería haber sido abordado de otra manera y se debería haber dado continuidad a algunas de las políticas de diálogo iniciadas en 2020, cuando la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación era todavía Sabina Frederic. “Estas conversaciones obviamente no son fáciles pero si el mismo gobierno nacional que primero las promovió después las boicotea y las deja languidecer, no hay manera de que el diálogo prospere. Y esa debería haber sido la manera de encauzar este conflicto”, consideró.

Por fuera de las violaciones a las garantías procesales de las detenidas y de la falta de cuidado de las infancias, el accionar que tuvo lugar en Mascardi desconoce la propia legislación nacional, como la ley 26.160, que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y suspende los desalojos de las tierras que ocupen las mismas. O, incluso, desoye los tratados internacionales que fueron incorporados en la Constitución a partir de la reforma de 1994, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a los Estados a la consulta abierta, libre e informada de las comunidades cuando se decida tomar alguna decisión que las afecte.

La historia de violencia hacia los pueblos originarios es larga y traumática, con marcas que perviven en las generaciones. Millán puntualizó sobre esto: “El pueblo mapuche viene hace más de un siglo de momentos trágicos, mucho peores de los que vivimos hoy en día. Pero el eco está, porque la Conquista del Desierto la vivieron mis bisabuelos. Mi abuela y mis padres vivieron los daños colaterales, como también la generación mía y la de mis hijos. Insisto, si no se considera a los pueblos mapuche y mapuche-tehuelche con sus derechos fundamentales específicos, nunca va a haber una discusión política a la altura de las circunstancias. Acá nos impusieron una identidad y la identidad impuesta no es identidad”.

Para el lonko de la comunidad Pillán Mahuiza, las posiciones del pueblo mapuche en relación a los vínculos con el Estado pueden resumirse en dos: los afueristas y los entristas. Los primeros, entre los que se encuentra Millán, consideran que la lucha debe darse no desde la idea del reformismo o el integracionismo, sino desde la interpelación al Estado y la búsqueda de derechos fundamentales. Por su parte, los entristas consideran que ciertos partidos de tendencias de izquierda o centro izquierda pueden forzar reformas en el Estado que permitan, por fin, el reconocimiento pleno de su existencia y su derecho al territorio.

Para el referente mapuche, esto último no sucede porque “hay una matriz que no se reemplaza, que es la matriz capitalista y extractivista, que implica la perpetuidad de los compromisos que tienen las estructuras de poder nacionales con las potencias económicas extranjeras”. Desde su experiencia personal, considera que en relación a las posturas hacia los pueblos originarios “no hay una expresión partidaria, al menos de las que han gobernado hasta el día de hoy, que tenga una política profundamente diferente a lo que conocemos como la derecha en la Argentina, que es supremacista y racista. Los gobiernos progresistas me preocupan más, porque generalmente se camuflan y terminan consumando lo mismo que hacen otro tipo de corrientes políticas”.

Orlando Carriqueo, por su parte, señaló que sí encontró una diferencia con la gestión anterior: “Yo creo que sí hubo una diferencia, y es que el procedimiento no terminó con muertos, a diferencia del de Patricia Bullrich en el 2017. Pero la reciente operación en Mascardi significó el armado del Comando Unificado, que en su momento había planteado Bullrich. Este gobierno ha violado todos los derechos humanos que dice defender, salvo que para los indios no haya derechos humanos, entonces eso también hay que blanquearlo”.

Por su parte, el integrante del CELS no disimuló sus críticas al accionar del Estado nacional, aunque planteó ciertos matices entre la gestión en funciones y lo actuado por Patricia Bullrich: “Durante la gestión del PRO hubo un plan organizado de represión de las comunidades mapuches que implicó la articulación con las gobernaciones y los poderes judiciales provinciales, con la Justicia y las fuerzas federales, que tuvo el uso de la figura de ‘flagrancia’ y acciones de inteligencia ilegal. Toda una serie de cuestiones que estaban orientadas a reprimir a estas comunidades bajo el paraguas de la construcción de un fantasma, una organización extremista, violenta y sofisticada a la que llamaron RAM”.

Para Trufó, la gestión de Sabrina Frederic desarticuló esta estrategia e inició políticas tendientes al diálogo, pero con el ingreso de Aníbal Fernández al frente de la cartera de Seguridad “se empieza a desdibujar un poco esa diferencia, sobre todo con la decisión de crear un comando conjunto de fuerzas federales”, y agregó que “si bien la respuesta fue a través del aparato represivo del Estado, sigue siendo todavía una respuesta reactiva a presiones muy fuertes que emanaron, básicamente, del gobierno provincial de Río Negro y no una respuesta proactiva o un plan organizado como el que había desplegado Patricia Bullrich”.

El rol de los medios de comunicación

Un actor fundamental para el armado de las campañas en contra del pueblo mapuche son los medios masivos de comunicación. Sea dando por ciertas acusaciones sobre “ataques terroristas” que no han sido probados o dándole espacio a actores sociales que operan abiertamente contra los derechos indígenas en pos de intereses políticos y económicos, los medios hegemónicos despliegan toda una serie de recursos retóricos que suelen trabajar sobre la idea de “salvaguardar a la patria” de los ataques de grupos violentos que actuarían dentro del país. No es algo nuevo, sino que se trata de una adaptación vernácula del discurso de la guerra contra el terrorismo y el enemigo interno, que Estados Unidos se encargó de propagar por Occidente después del atentado a las Torres Gemelas.

Como bien indica Trufó, en las coberturas de los medios hegemónicos “nunca se visibilizan todos los intentos de los pueblos indígenas de tramitar a través de los canales legales, jurídicos y políticos de diálogo que no tienen ninguna respuesta”. Pero, además, hay una marcada intencionalidad de desinformar cuando se cubren estos temas, “no sólo en la Patagonia, sino a lo largo y ancho de Argentina y de todo del continente”, agregó Millán.

El objetivo de generar este clima de violencia, interpreta Carriqueo, está vinculado con avalar el desplazamiento de las comunidades para seguir apropiándose de los territorios y poder llevar adelante políticas inmobiliarias, extractivas y forestales. Sin embargo, valoró que contra ese discurso se alzan otras voces que sí dan cuenta de la otra historia, la que se escribe desde el territorio: “Nosotros ponemos en valor a los medios y radios comunitarias, además de la radio nacional, que han sido fundamentales para que nuestra palabra se escuche en todo el país. Eso genera una respuesta frente a un discurso que por momentos parece ser el único”.

La reconstrucción del Pueblo Mapuche

Las principales reivindicaciones que plantea el Pueblo Mapuche tienen que ver con el territorio, con la necesidad del desarrollo propio y de poder vivir de la manera que cada comunidad se plantee para sí. En este sentido, Carriqueo considera que un primer paso importante sería el reconocimiento por parte del Estado del genocidio hacia los pueblos indígenas, para poder instalar socialmente la discusión del derecho al territorio. Esto va de la mano del rechazo a los proyectos mineros, que no sólo no son consultados con los pueblos indígenas y las comunidades que habitan las zonas afectadas, sino que no tienen en cuenta el impacto sobre la espiritualidad de un pueblo que considera que estos emprendimientos “atacan a la Mapu (tierra), porque ataca a los Ngen (espíritus) que están en el territorio, las fuerzas que nosotros sabemos que están presentes y que son parte de nuestra cosmovisión”, explicó el vocero del Parlamento Mapuche.

A pesar de los ataques de las empresas y el Estado contra las comunidades mapuches, la reconstrucción de sus sociedades continúa, más de 100 años después del genocidio que significó la mal llamada “Campaña del Desierto”. Uno de los principios fundamentales del mundo mapuche y mapuche-tehuelche, explicó Millán, tiene que ver con defender los territorios, habitarlos y poder ser autónomos y autosuficientes en ellos. “Todo lo que atente contra nuestros principios espirituales, ideológicos y filosóficos va a tener una reacción del pueblo mapuche y mapuche-tehuelche”, sintetizó.

Esto representa un inconveniente para los dueños de los proyectos extractivos, que solo evalúan variables económicas y para los cuales la presencia de los pueblos indígenas constituye una amenaza para el aumento de sus ganancias. El lonko sintetizó el sentimiento de lucha que los impulsa: “Pensaron que invadiendo el territorio e imponiendo una cultura iban a tener un final acorde a sus proyectos. Eso no sucedió, seguimos existiendo, seguimos pariendo hijos, seguimos viviendo en los territorios y defendemos un proyecto de vida, como cualquier pueblo de cualquier parte del mundo”.

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