Perú

Alto a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”, así comienza un manifiesto público firmado por varias organizaciones de la sociedad civil peruana e internacional. La comunicación dirigida a diversas instancias del gobierno de Perú, así como a la industria minera, denuncia el proceso judicial montado contra Walter Aduviri, principal portavoz de las comunidades indígenas aymaras durante un levantamiento en 2011 en rechazo de un proyecto minero.

"Las organizaciones firmantes recordaron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, y se inscribe en un contexto de políticas pro mineras en el Perú, que ha implicado represión violenta y violación de derechos fundamentales".

"Las comunidades de Cajamarca consiguieron una importante victoria al haber paralizado el proyecto Conga, aunque tienen muy claro que ganaron apenas una batalla. El largo proceso de resistencia les permite sacar algunas conclusiones".

El impacto de las industrias extractivas es agresivo a nivel económico, social, ambiental y cultural en las zonas de influencia directa e indirecta donde se desarrollan estas actividades. Los conflictos han dejado muertes, heridos, criminalización de la protesta, hostigamiento, violencia física y sexual hacia las mujeres.

"Vemos con mucha preocupación las tendencias que apuntan a exacerbar la criminalización de la protesta social mediante la instauración abusiva de procesos judiciales en contra de líderes de organizaciones sociales y de comunidades, a través del uso desnaturalizado de figuras penales que tienen graves impactos en los DDHH, la libertad de expresión y la movilización social."

Desde el 2014 el poblado shipibo de Santa Clara de Uchunya de Coronel Portillo, ha perdido siete mil hectáreas de bosques primarios producto de la tala ilegal de traficantes contratados por empresa extranjera dedicada al cultivo de palma aceitera.

Según el Minam, el 71% de la deforestación se dio en cuatro regiones: Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San Martín. La minería es la responsable.

"Los comuneros y comuneras de 13 comunidades campesinas protestan porque habrían sido excluidos del área de influencia del proyecto en los estudios ambientales presentados por la empresa minera Glencore. Según los manifestantes, al no haber sido consideradas, están excluidas del proceso de participación ciudadana y no pueden hacer oír su voz respecto de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto".