Perú

"Los daños se presentarán a corto plazo en la contaminación de las aguas que consumen los habitantes del área y a mediano plazo se extenderá contra la población urbana, principalmente a los habitantes de la ciudad de Yurimaguas. La afectación no solo va a manifestarse en la contaminación de las aguas, sino que también su efecto va a cortar radicalmente el sistema de subsistencia desde donde la población Shawi se alimenta diariamente."

Una inusitada emisión de títulos de propiedad beneficiaría la expansión de palma aceitera en Ucayali. Según Proética, esto estaría vinculado a la corrupción de funcionarios en la región amazónica. Mientras tanto la población originaria de Santa Clara lucha por preservar su territorio ancestral.

"Los pueblos indígenas aún no tienen seguridad sobre sus territorios y esto afecta el derecho más importante que tienen, que es, precisamente, el derecho al territorio. El Estado ha buscado imponer en ellos un modelo de desarrollo que prioriza la inversión privada y los intereses económicos."

A nueve años de los sucesos de Bagua, compartimos un breve documental realizado por Martin Ladd, producido por IWGIA y Ore-media.

"El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste, en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido desde la racionalidad del Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de vulnerar derechos y en algunos casos destruir comunidades campesinas. A estas alturas del camino, estas prácticas se han normalizado."

Ojo Público revela cómo un grupo de agroexportadoras agota el agua del subsuelo de la región Ica, en el sur del Perú, a través de normas extraordinarias y el bloqueo de los inspectores del Estado para cerrar los pozos ilegales. Nuestro equipo elevó un drone sobre Villacurí, uno de los principales productores de espárragos del mundo, donde más de la mitad de perforaciones es informal y se pronostica una pronta sequía.

La demanda pretende declarar la inconstitucionalidad del decreto supremo que prorroga el Estado de Emergencia en el corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa por violar derechos y principios de la Constitución Política del Perú.

“Por alzar nuestra voz de protesta, por reclamar un compromiso pactado nos han sentenciado como si fuéramos delincuentes. Lamentablemente para los campesinos no hay justicia”, finalizó.