Perú

En el sur de Perú, en la provincia de Espinar, departamento de Cuzco, se encuentran los proyectos mineros Tintaya y Antapaccay, de propiedad de la transnacional Glencore Xstrata –denunciada internacionalmente por contaminar el agua, destruir territorios y promover la violencia y la represión para proteger sus intereses.

Una nueva denuncia mostraría el interés de la empresa minera Yanacocha por las Lagunas del Alto Perú, pese a que reiteradamente ha negado tener planes de exploración o explotación en la zona.

¿Hay bosque o no en el distrito de peruano de Balsapuerto? Sí hay bosque. Una selva tropical en la que viven los pueblos indígenas Shawis. Pero para entregar concesiones mineras a una empresa canadiense intentan negar su existencia.

"Los daños se presentarán a corto plazo en la contaminación de las aguas que consumen los habitantes del área y a mediano plazo se extenderá contra la población urbana, principalmente a los habitantes de la ciudad de Yurimaguas. La afectación no solo va a manifestarse en la contaminación de las aguas, sino que también su efecto va a cortar radicalmente el sistema de subsistencia desde donde la población Shawi se alimenta diariamente."

Una inusitada emisión de títulos de propiedad beneficiaría la expansión de palma aceitera en Ucayali. Según Proética, esto estaría vinculado a la corrupción de funcionarios en la región amazónica. Mientras tanto la población originaria de Santa Clara lucha por preservar su territorio ancestral.

"Los pueblos indígenas aún no tienen seguridad sobre sus territorios y esto afecta el derecho más importante que tienen, que es, precisamente, el derecho al territorio. El Estado ha buscado imponer en ellos un modelo de desarrollo que prioriza la inversión privada y los intereses económicos."

A nueve años de los sucesos de Bagua, compartimos un breve documental realizado por Martin Ladd, producido por IWGIA y Ore-media.

"El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste, en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido desde la racionalidad del Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de vulnerar derechos y en algunos casos destruir comunidades campesinas. A estas alturas del camino, estas prácticas se han normalizado."