Perú: Piden anular sentencia contra Aduviri y rechazan pago millonario a minera

En las últimas semanas, organizaciones internacionales de los cinco continentes firmaron un manifiesto público titulado:  ¡Alto a la Criminalización de la Protesta Social y a la Impunidad Corporativa en el Perú!.

Se trata de una iniciativa impulsada por la organización local Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno (miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) y de la Red MUQUI), acompañada por organizaciones internacionales como el Institute for Policy Studies (IPS), The Democracy Center y MiningWatch Canadá.

El Manifiesto, firmado por más de 130 organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, exhorta a la Corte Suprema de Justicia anular una sentencia en contra de Walter Aduviri, condenado a 7 años de prisión y a pagar más de 600,000 dólares en daños, por supuestos delitos cometidos durante el conflicto socio-ambiental conocido como el “Aymarazo”, el año 2011.

La Corte Suprema de Justicia tratará este caso el 17 de setiembre en Lima. El manifiesto señala que, si la Corte Suprema no anula la sentencia, se estarán sentando duros precedentes para la defensa del territorio y los Derechos Humanos en Perú.

“En particular vemos con mucha preocupación las tendencias que apuntan a exacerbar la criminalización de la protesta social mediante la instauración abusiva de procesos judiciales en contra de líderes de organizaciones sociales y de comunidades, a través del uso desnaturalizado de figuras penales; como la extorsión y autoría mediata, que tienen graves impactos en los DDHH, la libertad de expresión y la movilización social, debido a que en la práctica equiparan a las organizaciones sociales con entes criminales creados para delinquir y  a sus portavoces como instigadores al delito” (parte del texto del manifiesto)

El caso se remonta al año 2011, cuando las comunidades del departamento de Puno se movilizaron en contra del proyecto minero Santa Ana, de propiedad de la empresa canadiense Bear Creek.

La movilización exigía la cancelación del proyecto por los riesgos de contaminación de las fuentes de agua (incluyendo el Lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia), la falta de consulta a las comunidades, la ilegalidad del proyecto y la falta de transparencia y mala fe de la empresa con las comunidades.

Después de reprimir las protestas, el gobierno finalmente canceló el proyecto. Sin embargo, la Fiscalía de Puno inició procesos penales a los principales dirigentes, que derivó en la condena de Walter Aduviri en diciembre de 2017.

El manifiesto fue entregado a la Corte Suprema de Justicia el día 5 de Septiembre del presente año. La defensora Yolanda Flores, en representación de la organización Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno), hizo la entrega oficial del documento en un acto que fue transmitido en vivo (ver aquí).

Flores estuvo acompañada por otras defensoras de Cajamarca, Selva Central, Cuzco y Puno, además de representantes de la  Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quienes realizaron un plantón en el frontis del Palacio de Justicia.

El martes 11 de septiembre en la ciudad de Puno se realizó una conferencia de prensa en la que estuvo presente el padre de Walter Aduviri, Pablo Aduviri, quien con lágrimas en los ojos se dirigió a los medios exigiendo a la Corte Suprema de Justicia y al Gobierno del Perú, liberen a su hijo de la injusta condena.

“Mi hijo no puede ir a la cárcel, mi hijo no es ratero, no es corrupto, no es asesino”, dijo, lamentando las grandes penurias que este proceso trajo a toda su familia.  

En el acto también estuvo presente Patricio llacutipa, uno de los procesados por el Aymarazo, quien dijo que es indignante la forma en que son calificados todo el tiempo, “adjetivados de radicales, antimineros, antisistema, antidesarrollo”.

“Mi persona ha sido 8 años destruido psicológicamente. Ahorita estoy luchando para recuperar a mi familia”, dijo, refiriéndose a las consecuencias de enfrentar los procesos en su contra.

Llacutipa ahora es presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la región del Sur de Puno. En su intervención también rechazó el pago de una millonaria compensación que Bear Creek exige al Perú por la cancelación de su proyecto en 2011. Se trata de una demanda que la empresa interpuso en contra del país en el CIADI del Banco Mundial el año 2014. 

En diciembre de 2017, el mismo mes en que la “justicia” condenó a Aduviri, el CIADI falló en favor de la empresa y le ordenó al Perú pagar a la empresa más de 30 millones de dólares en compensación. 

“El pueblo peruano no tiene el por qué pagar. A parte de que han violado los derechos colectivos, la constitución, ¿ahora la empresa quiere que le paguen? eso no lo vamos a permitir nunca. Va a tener que levantarse el pueblo y se va a desatar el segundo Aymarazo”, dijo Llacutipa.

Afirmó, por el contrario, que es Bear Creek la que tiene que compensar al pueblo y a las comunidades por provocar el conflicto y perjudicarlos en sus actividades por los días de paro.

Rodrigo Lauracio, que estuvo presente en la conferencia en representación de DHUMA, también manifestó su rechazo al fallo del CIADI.  

“La empresa minera Bear Creek exige una compensación, pero a las personas que han sido criminalizadas y a las que se les ha realizado procesos judiciales, no se les repara. Siete años de asistir audiencias, daños emocionales, morales, etc. ¿quién los ha reparado?”, resaltó.

Los representantes, entre los que también estuvieron presentes RED MUQUI SUR, The Democracy Center y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), recalcaron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, sino que es un eslabón más del modelo desarrollista extractivista impuesto por el estado, y que busca despojar a las comunidades indígenas de sus recursos y su territorio en favor de los intereses de las empresas multinacionales.

La criminalización, los procesos penales, la estigmatización y deslegitimización de las luchas de las comunidades y sus portavoces, es utilizada justamente para inhibir las movilizaciones que buscan proteger el territorio de la vorágine extractivista.

“Creemos que los procesos de criminalización no solamente se restringen al tema de procesos judiciales, sino que también conllevan campañas de estigmatización y en algunos casos de difamación contra voceros o representantes de pueblos indígenas.

Todo esto es parte de un proceso de criminalización y estigmatización a los procesos que las comunidades enfrentan, cuando rechazan proyectos extractivos que no han sido consultados a los pueblos indígenas”, afirmó Rodrigo Lauracio.

El Manifiesto también fue enviado a la empresa minera Canadiense Bear Creek. De hecho, en una de sus exigencias las organizaciones se dirigen directamente a ella.

“Exigimos a la empresa Bear Creek Mining Corporation  y a las empresas mineras que se encuentran principalmente en el Sur del Perú a respetar los derechos y decisiones de las comunidades, en relación al proyecto Santa Ana y a cualquier otro proyecto minero en todo el país”, señala.

Por su parte, Patricia Llacutipa, en su última intervención hizo un llamado a la población y a las comunidades a impedir el ingreso de las mineras a sus territorios.

“Nunca van a entrar estas empresas extractivitas, saqueadoras de nuestros recursos naturales. Nosotros tenemos que defender nuestra tierra y territorio, nuestros recursos naturales, nuestro recurso agua, porque el agua es vida, la mina es muerte”, señaló.

- Fotos por Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Fuente: Servindi