Tráfico de tierras en Ucayali: apuntes para comprender el fenómeno

Su detención indicaría que el tráfico de tierras en Ucayali –fenómeno denunciado repetidamente por comunidades nativas, autoridades regionales, periodistas y organizaciones de sociedad civil– involucraba directamente a las autoridades precisamente a cargo de evitar este tipo de prácticas. Se trataría, como es común en casos de corrupción, de organizaciones que penetran el aparato público para promover beneficios privados, en este caso, lucrar a través de los procesos de titulación de predios.

Qué entendemos por tráfico de tierras

El tráfico de tierras es el uso perverso y sistemático de mecanismos de titulación de tierras del Estado para incorporarlas a los circuitos del mercado y lucrar con ellas (ver  Dammert 2018). En términos genéricos, este consiste en organizar ocupaciones de terrenos y promover trámites administrativos para que estos terrenos sean titulados y posteriormente vendidos. El cálculo es que las tierras tendrán un valor futuro mayor al actual, de ahí que los casos sean más intensos en áreas donde hay infraestructura proyectada u otro factor que permita especular que los precios de la tierra se elevarán considerablemente.

El tráfico de tierras tiene un carácter sistemático en tanto se crean estructuras dedicadas a obtener terrenos del Estado y lucrar con ellos en serie. Estas estructuras hacen uso perverso del mecanismo de titulación ya que apuntan a utilizar las campañas de titulación –dirigidas a regularizar la ocupación del territorio de agricultores y comunidades nativas y así brindarles seguridad jurídica– para acceder a títulos que luego venden al mejor postor. Al controlar los trámites de titulación en zonas rurales, las direcciones agrarias son el epicentro del manejo político de las presiones por la tierra.

Tierras y agronegocios en Ucayali

En Ucayali el tráfico de tierras está en el centro del debate público hace varios años. La abundancia de tierras sin titular (boscosas en su gran mayoría), el crecimiento económico sostenido, sus mejoras en infraestructura y el consenso político alrededor del desarrollo agrario son algunas de las bases para la presión creciente por la tierra en esta región. La atención que ha tenido el tráfico de tierras se explica en parte por su asociación con el desarrollo reciente de grandes plantaciones de palma aceitera en la margen izquierda del bajo Aguaytía. Este fenómeno capturó la atención de investigadores, periodistas y activistas que le hacen seguimiento a la expansión de agronegocios en la Amazonía peruana, entre quienes me incluyo.

El caso de la empresa Ocho Sur P (antes Plantaciones de Pucallpa) en esta zona, en el distrito de Nueva Requena, es tal vez el caso más emblemático de conexión entre palma aceitera y tráfico de tierras. Es necesario recordar los diferentes momentos alrededor del desarrollo de esta plantación. En el año 2008, la Asociación Palmeras de Tibecocha (constituida en 2006) adquirió las tierras en cuestión mediante lo que denomino una “titulación fantasma”. Un grupo de personas, organizadas por operadores que tramitaron el expediente en coordinación con el gobierno regional, lograron títulos individuales de predios que sumados alcanzaban más de cinco mil hectáreas. Estas personas no estaban asentadas en la zona, sino que eran allegados de alguna manera a los operadores que organizaron el esquema y decidieron invertir en las tierras, con una perspectiva vaga de desarrollar un proyecto agrario en el futuro. Años después, alrededor del 2011, la empresa de Dennis Melka estableció contacto con la asociación, compró los predios y desboscó rápidamente más de seis mil hectáreas (ver  MAAP 2016,  Dammert 2017), lo cual generó un escándalo por deforestación y denuncias por parte de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya que considera esas tierras como parte de su territorio ancestral.

La forma de acceder a las tierras fue un antecedente del fenómeno generalizado de tráfico de tierras que hay actualmente en Ucayali. En tanto no había ocupación real del área –salvo presencia de cocaleros y madereros y algunos agricultores–, quienes accedieron al título no regularizaron una ocupación real del terreno sino que se titularon básicamente “al gabinetazo”. De ahí el término “titulación fantasma”. Pero ante la llegada de la plantación y el dinamismo generado en la zona (cuya entrada está a poco más de una hora de distancia de Pucallpa) llegaron nuevos agricultores y traficantes para especular con el aumento de precios de la tierra. Es difícil saber hasta qué punto son ciertas las acusaciones de que la empresa ha promovido las invasiones como una estrategia para obtener más tierras (a través de testaferros), o hasta qué punto sucede lo contrario: que han aparecido invasores que buscan titularse para venderle tierras al mejor postor. Cómo es el detalle sobre las dinámicas entre actores para la expansión de la frontera forestal en Nueva Requena es un tema de investigación pendiente.

Mecanismos de acceso y creación de un mercado de tierras

Sobre el caso de Ocho Sur se ha escrito mucho (ver  aquí y  aquí), sobre todo alrededor de la legalidad del desbosque ocurrido, pero lo que interesa remarcar aquí es que el desarrollo de este proyecto expresa un giro en las formas de acceso a la tierra de las grandes plantaciones en la Amazonía: la compra directa de predios individuales titulados. Existe un procedimiento en el marco del decreto legislativo 653 para desarrollar plantaciones de este tipo, que implican una serie de condiciones que se desprenden de la ley forestal. Entre ellas la clasificación de tierras como agrarias y la presentación de un estudio de impacto ambiental. En la medida en que este procedimiento es largo y engorroso, en los últimos años se ha utilizado muy poco para desarrollar plantaciones. Resulta más ágil comprar tierras ya tituladas y saltarse el resto del procedimiento.

La legislación peruana permite titular solo aquellas tierras clasificadas como agrarias. La titulación dirigida a agricultores en la práctica ha venido relajando los criterios de suelos en sus campañas, por lo que las tierras tituladas tienen implícitamente el permiso para deforestar (legalmente esto no debe ser así, pero es lo que ha venido ocurriendo en la práctica). Lo que interesa destacar es que la expansión de la agricultura comercial ha encontrado en esta modalidad (la compra de predios individuales titulados) una vía más sencilla para el acceso a tierras. Así, en la carrera por la tierra confluye la economía colona (colonizar tierras que se trabajan hasta que es oportuno venderlas y se buscan tierras más “al fondo”) con emprendimientos empresariales, que también requieren tierras en escalas mayores. Un ejemplo es la expansión del cultivo de arroz en el mismo margen izquierdo del Aguaytía: los arroceros de San Martín y de la costa norte compran aquí tierras por precios irrisorios comparados con sus lugares de origen, generando una demanda que los colonos aprovechan. Alrededor de las plantaciones de palma esta dinámica también se intensifica, ya sea porque la empresa promueve la siembra de palma de terceros o porque se producen invasiones con el objetivo de venderle posteriormente a la misma empresa.

Tráfico de tierras y violencia

La acelerada carrera por la tierra en la zona del margen izquierdo del bajo Aguaytía ha incluido graves hechos de violencia. En este proceso de ocupación de la frontera forestal, que incluye ocupación de terrenos al interior del Bosque de Producción Permanente (BPP) Biabo Cordillera Azul, ha habido invasiones, se han otorgado títulos y constancias de posesión y también promesas de futuras titulaciones. En esta carrera participan empresas, agricultores, asociaciones creadas ad hoc, municipios y juzgados locales que otorgan constancias de posesión, y también, como ente que oficializa a quiénes se les otorga cuáles derechos, la Dirección Regional Sectorial de Agricultura de Ucayali (DRSAU). Los intereses de estos diferentes actores no son siempre los mismos ni están necesariamente coordinados. Al contrario, hay permanentes rencillas, malentendidos, denuncias y presiones a las autoridades para que apoyen una u otra posición de las partes interesadas. En este contexto han florecido los traficantes de tierras y los enfrentamientos entre estos.

El caso más dramático de violencia se produjo el 1 de septiembre de 2017, cuando fueron asesinados seis campesinos agricultores en las inmediaciones del caserío Bajo Rayal. De acuerdo con  una noticia aparecida en el portal La Mula, “Jorge Calderón Campos (33), Elías Gamonal Mozimbite (31), Feliciano Córdova Abad (71), Edil Córdova López (41), Alcides Córdova López y Orlando Burillo Mendoza (53), pertenecientes a la Asociación Agrícola Bello Paraíso, fueron maniatados cuando se disponían a descansar y luego ultimados con disparos en la cabeza”. En un  reportaje para Mongabay, la periodista Yvette Sierra explicó que el asesinato fue producto del enfrentamiento entre bandas de traficantes de tierras que se disputaban la posesión de un terreno al interior del BPP (que por ley no se puede titular). Luego de “ventas” entre diferentes grupos, pedidos de desalojo y amenazas, un grupo organizó una incursión homicida para acabar con la vida de quienes consideraban invasores de sus tierras. La DRSAU tenía conocimiento de cuáles eran las áreas que se disputaban estas organizaciones.

A este caso dramático de violencia se suma la violencia cotidiana que denuncia Santa Clara de Uchunya, que no puede transitar por donde los comuneros cazaban, recolectaban y circulaban pocos años atrás, al estar estas tierras invadidas y ocupadas incluso por personas armadas.

La DRSAU y el tráfico de tierras

Por sus competencias en el marco del proceso de descentralización, las direcciones agrarias están en el epicentro del otorgamiento de derechos de propiedad rural en todo el país. En Ucayali, la DRSAU debe gobernar la enorme presión sobre la tierra que hay en toda la región, incluyendo aquellos casos emblemáticos de conflictos por deforestación y derechos territoriales de pueblos indígenas. Durante la gestión que acaba de terminar (2015-2018), el hoy detenido Isaac Huamán estuvo a cargo de la DRSAU. Su gestión no fue la que entregó las tierras a Melka (esa fue la gestión anterior, bajo el gobernador Velásquez Portocarrero, actualmente preso por corrupción) sino que tuvo que lidiar con las disputas por la tierra en las inmediaciones de estas plantaciones.

La comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya ha denunciado repetidamente invasiones de su territorio ancestral y complicidad de las autoridades regionales con el tráfico de tierras ( ver testimonios). En el marco de este conflicto, la DRSAU avanzó trámites para titular a la comunidad en aquellas áreas que permanecían “desocupadas” y anuló un conjunto de constancias de posesión otorgadas en la zona a terceros, constancias que la propia DRSAU había otorgado. Los “afectados” por estas anulaciones denunciaron a la DRSAU y judicializaron el caso al sentirse perjudicados por los avances en el proceso de titulación de Uchunya. Los comuneros no pueden ingresar a partes de las tierras que están en proceso de titulación, al haber personas armadas que incluso han llegado a dispararles –sin éxito– cuando se han cruzado en el campo. La propia DRSAU afirmaba que una de las razones para no terminar de marcar los linderos de Uchunya eran las condiciones de seguridad para que su personal ingrese a la zona.

Es difícil saber con exactitud cómo se negocian los diferentes intereses involucrados en este caso, pero de la información que se tiene se desprenden algunos elementos. La DRSAU ha denunciado públicamente casos de tráfico de tierras en la zona, principalmente para evitar que haya ventas fraudulentas de tierras que no pasan por la propia DRSAU. Esto indica que el tráfico de tierras es un fenómeno generalizado que la autoridad regional está lejos de controlar. El tráfico de tierras es un campo de disputa, que requiere a la DRSAU para conseguir sus objetivos pero no está orquestado, al menos no en su totalidad, desde la dirección regional.

Sin embargo, la detención de los altos funcionarios de la DRSAU se dio precisamente por imputaciones vinculadas al tráfico de tierras, bajo las figuras de encubrimiento real, encubrimiento personal y banda criminal. Hay al menos dos ordenanzas regionales que tienen vinculación con dinámicas de tráfico de tierras en Ucayali.

La  Ordenanza Regional 012-2015-GOREU, “Procedimientos para la venta directa de predios revertidos y de dominio privado del Gobierno Regional de Ucayali de libre disponibilidad”, establece mecanismos para vender tierras (al valor de un sol el metro cuadrado) en asentamientos humanos. El MINAGRI, a pedido de la fiscalía, opinó en 2017 que esta ordenanza era ilegal en tanto el hecho de que los predios estén inscritos a su nombre no faculta al Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) de disponer de estos (en este caso venderlos) por fuera de la ley.

Por otra parte está la  Ordenanza Regional-010-2018, que “declara de interés público regional el procedimiento de exclusión y formalización de predios superpuestos por los bosques de producción permanente, áreas de conservación regional y concesiones en la Región Ucayali, y crean Comisión Técnica Legal”. Si bien la ordenanza especifica que se excluirá de los BPP tan solo aquellas ocupaciones anteriores a la creación del BPP en cuestión, lo cierto es que hay muchísima expectativa, sobre todo en el Biabo Cordillera Azul, de que con este procedimiento se regularizarán las ocupaciones masivas que se han dado en dicho BPP en los últimos años.

La decisión del juez que autorizó el allanamiento de la DRSAU se basa en el argumento de que, en el marco de la  Ordenanza 010-2018, los funcionarios titularon predios a favor de familiares de trabajadores de la DRSAU a través de documentos falsificados que permiten la titulación a personas que nunca tuvieron la posesión de las áreas. Al contrario –argumenta la resolución judicial– estas eran de posesión de comunidades nativas, BPPs y áreas de conservación regional que luego eran vendidas a empresas extranjeras dedicadas a la siembra de palma aceitera y cacao. Más aún, de acuerdo con el testimonio de un testigo protegido, habría evidencia de desaparición de documentos en un caso concreto de titulación irregular. Es decir, desde la DRSAU se habría propiciado un esquema para que los funcionarios o sus allegados se beneficien directamente del tráfico de tierras.

Reflexiones finales

Durante su gestión, Isaac Huamán insistía en que su rol era promover el desarrollo agrario y la “justicia de la tierra” en Ucayali, que consistía en darle tierras a los agricultores que las trabajan ( ver entrevista). Su narrativa agrarista invita a pensar que su fomento a la producción y desconfianza de los reclamos indígenas y ONG eran parte de una visión política orientada a convertir Ucayali en “la despensa del país”, para usar sus propios términos. En este contexto, el fenómeno del tráfico de tierras existía pero no era controlado ni mucho menos promovido por la DRSAU, que actuaba de acuerdo con la legalidad. Sin embargo, de comprobarse las imputaciones, los más altos funcionarios a cargo de la titulación de predios en Ucayali participaban directamente en el tráfico de tierras. Es decir, no solo eran “flexibles” con sus interpretaciones de las normas para promover la agricultura y la propiedad privada, sino que habrían accedido directamente al negocio al otorgar títulos a allegados y luego ocultar la documentación.

No obstante, es evidente que el tráfico de tierras es una práctica extendida, generalizada en Ucayali y probablemente en el resto del país. Hay una creciente demanda por tierras, enormes cantidades de tierras de “libre disponibilidad” del Estado y autoridades regionales con escasos recursos y capacidades. La proliferación del tráfico de tierras tiene su correlato en la transferencia de competencias en materia agraria, forestal y de titulación de tierras a gobiernos regionales que no siempre cuentan con los recursos y capacidades necesarios para cumplir con sus obligaciones. Por otra parte, existen vacíos en la legislación nacional para el acceso a tierras con cobertura forestal. Como fue argumentado líneas arriba, resulta mucho más fácil para empresas agrarias acceder a tierras compradas directamente a agricultores en vez de seguir los trámites de adjudicación desde el Estado, que impone condiciones más estrictas. Es el contexto perfecto para el florecimiento de bandas dedicadas a lucrar con la expansión de la frontera agropecuaria en bosques tropicales y para el negociado desde el aparato público.

Si el Estado no toma cartas en el asunto de forma inmediata e integral para hacer frente a las consecuencias del tráfico de tierras en la Amazonía, no solo habrá fracasado en sus compromisos internacionales por conservar los bosques (en específico los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se desprenden del Acuerdo de París sobre cambio climático y los compromisos de reducción de deforestación asumidos con los gobiernos de Noruega y Alemania a través de la Declaración Conjunta de Intención) sino también en sus obligaciones domésticas de control efectivo sobre el territorio nacional. El inicio de nuevas gestiones regionales es una oportunidad para revertir estas dinámicas cada vez más extendidas, que destruyen los ecosistemas y corrompen las dinámicas de gobernanza territorial en el país.

Fuente:  OXFAM