La devastadora expansión de una empresa de palma en la Amazonía de Perú

En octubre hubo quema del bosque. Ahí dentro olía a podredumbre: cantidad de animales se achicharraron en la quema”, dice el Apu de Puerto Mercedes, Cayo Tanchiva Macahuachi, colocando un énfasis especial en la palabra cantidad. “Es deforestación total. Los animales están huyendo”, cuenta como preludio a un escenario que ya ha visto antes: la aparición de palma en la Amazonía de Perú.

Para llegar a este lugar hay que tomar la carretera que se abre camino al este desde Pongo de Caynarachi, en la región San Martín. Esta vía, construida en el 2015, finaliza en la localidad de Papaplaya. Alrededor de 500 metros del ancho del río Huallaga separan a Papaplaya de Puerto Mercedes y solo se puede llegar cruzando el río.

“Imagínese que yo estoy sentándome aquí y veo un animal correr a medio patio, venía del puerto corriendo, por aquí, era un añuje. Lo maté, y no le digo: en el uso de razón que yo tengo, nunca se había visto que los animales crucen el río”, cuenta Cayo Tanchiva. El añuje (Dasyprocta punctata) es un animal que mide entre 40 y 60 centímetros, mamífero terrestre, roedor, de alguna forma, a decir de Cayo, se las arregló para cruzar el río Huallaga.

Papaplaya es una provincia ubicada en la Amazonía peruana que ha servido al Gobierno comoimagen para difundir una campaña para inversionistas de palma aceitera. Por sus condiciones climatológicas es óptima. Lo mismo pasa con Ucayali, Loreto y Huánuco, también parte de la Amazonía peruana. La suma total de palma aceitera cultivada en estas cuatro regiones es de alrededor de 85 000 hectáreas de acuerdo con Maap, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, y de estas la mitad se plantó sustituyendo bosques amazónicos.

Cayo cuenta que la quema del otro lado del río duró dos meses y no hubo autoridad alguna que la supervisara. Dice que la empresa que la patrocinó es la misma que comenzó a comprar los terrenos boscosos de los habitantes de Puerto Mercedes en abril del 2017. Tiene el nombre de Palmas del Huallaga S.A.C.

Hasta el 8 de noviembre pasado, esta empresa registró ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) 103 predios que suman más de 1900 hectáreas: algo así como dos veces el distrito limeño de Miraflores. De estas, Paz y Esperanza, una organización no gubernamental de San Martín, tiene el registro de que ha avanzado su deforestación en un 27%.

La entrada de las empresas

Cayo señala con la mano extendida el bosque de Papaplaya que está al otro lado del río. Se ve de frente desde donde está sentado, entonces menciona que antes de la humareda se divisaban árboles más altos de los que se ven ahora y eran aquellos, los hoy tumbados y quemados, los que detenían el paso directo de los vientos de verano.

Puerto Mercedes es una comunidad nativa kechwa muy pequeña. Ahí viven alrededor de 10 familias nativas y unas 30 que se reconocen como migrantes. Entre los migrantes y unos cuantos comuneros, le han vendido a Palmas del Huallaga 150 hectáreas de terrenos con bosques. Al preguntarle a Cayo desde hace cuánto tiempo se fundó Puerto Mercedes, él contestó: “desde siempre”. Esta comunidad no pudo ir en bloque a hacerle frente a Palmas del Huallaga por la falta de un título de propiedad comunal; pero tanto los nativos como los migrantes tenían títulos de propiedad individual.

“Una sola persona empezó a vender su terreno; le siguieron dos, tres, cuatro, cinco, y de ahí hasta los 30. Les pagaron 1200 soles por hectárea. Se les acaba la plata y a nosotros ya nos hicieron daño. Esa era nuestra bodega, nuestra farmacia, nuestro mercado”, comenta el Apu.

Cayo y su comunidad tienen acompañamiento de Paz y Esperanza, la misma que desde hace un año investiga a Palmas del Huallaga por sus métodos de deforestación. Su oficina está en Moyobamba, a 241 kilómetros de Papaplaya.

La investigación la lideran Rubén Ninahuanca, abogado, y Melvin Mestanza, ingeniero en recursos naturales renovables.

Ninahuanca explica que lo que está pasando con Palmas del Huallaga es más sencillo de lo que parece: se paga un derecho para retirar la masa boscosa de los predios, luego de presentar una solicitud de cambio de uso de suelo. La cosa aquí es que la Autoridad Regional Ambiental (ARA), explica Ninahuanca, que es la competente para autorizar el cambio de uso de suelo, hasta ahora ha aprobado cada uno de los desbosques sin un estudio exhaustivo de lo que la empresa manifiesta dentro de los expedientes de cambio de uso de suelo; sin verificar si lo que se dice en el papel es realmente lo que existe en los predios. A esto se suma la facilidad con la que Palmas del Huallaga adquiere los predios.

“Lo que hemos encontrado es que las personas, sobre todo en los caseríos, han vendido rápidamente sus tierras. Honestamente, yo creo que es también por un tema económico, no hay posibilidades de empleo, el tema de la agricultura y el acceso a su comercialización era algo difícil, la carretera (Pelejo-Papaplaya) no tiene más de tres años”, dice Rubén Ninahuanca.

Palmas del Huallaga tiene acumulados predios discontinuos desde Barranquita, que queda a siete horas caminando desde Papaplaya, hasta Santa Elena, un centro poblado al que se llega cruzando el río Huallaga, aún más lejos que Puerto Mercedes, entre una y dos horas de caminata hacia el este, en la frontera con Loreto.

Palmas del Huallaga aún no cosecha racimos de aceite. La empresa tiene plantaciones pequeñas en Pelejo, pero en la mayoría de sus parcelas son tres los panoramas: en el primero, está gestionando para desboscar el predio; en el segundo hay un montón de árboles caídos a la espera de ser retirados y en el tercero, los surcos para la plantación de palmas ya están hechos.

Modelos de deforestación

Lo que pasa ahora en Puerto Mercedes ya ha pasado años atrás. En Lima, Juan Luis Dammert reconoce el escenario: “lo que sigue después de vender la tierra a una empresa de plantaciones grandes es el arrepentimiento”. Dammert tiene una larga trayectoria en la investigación académica de la palma africana en el Perú, es autor del libro “Acaparamiento de Tierras en la Amazonía Peruana: el caso de Tamshiyacu”, entre una decena de publicaciones.

“Hay un problema que se repite en todos los casos: las empresas afectan bosques de acceso local, digamos, que se usan para ir a cazar, para recolectar frutas y plantas medicinales. Las personas que creyeron que vendiendo su tierra iban a poder arreglarse la vida terminan por sentirse defraudadas porque pasan los meses y la plata ya no está, y la tierra tampoco”, precisa el académico.

Dammert detalla que la falta de tierra y la falta de dinero, en la mayoría de los casos, orillan a las personas a trabajar en otros lugares, en chacras de familiares e incluso en la misma empresa, además de invadir otras tierras.

Los modelos de plantaciones a gran escala en el Perú fueron los principales depredadores de bosques primarios al sustituirlos por palma aceitera, señalan los investigadores que estudian los impactos de este cultivo en la Amazonía de Perú.

Maap hace un recuento de dos casos. En abril de 2017, el Grupo Romero hizo pública su política de deforestación cero; antes de ello, con la publicación de un informe de la organización Environmental Investigation Agency (EIA) fue expuesto su plan de expansión con cuatro plantaciones que implicaban la deforestación de 23 000 hectáreas de bosque, pero se detuvo. De acuerdo con el informe “Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao”, de la Defensoría del Pueblo, entre los años 2006 y 2011, “en Loreto y San Martín, dentro de las adjudicaciones de tierras otorgadas al Grupo Palmas, que pertenece al Grupo Romero para los proyectos agroindustriales de Palmas del Shanusi y Palmas del Oriente se realizó un desbosque de 6,974 ha de bosque primario“.

En cuanto al Grupo Melka, en el 2015 Santa Clara de Uchunya, comunidad nativa de Ucayali, denunció a Plantaciones de Pucallpa ante la RSPO (la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, un sello de certificación de buenas prácticas empleadas por empresas palmicultoras) por deforestación de bosque primario —5200 hectáreas— algo que fue comprobado por la propia RSPO y concluyó con el retiro de Plantaciones de Pucallpa del sello RSPO. El Grupo Melka, denominado así por Dennis Melka, es investigado hoy por deforestar 11 000 hectáreas de bosques amazónicos, sin autorizaciones y en algunas de ellas sin haber obtenido el título de propiedad de las tierras.

“La deforestación a gran escala ya no es viable, los mercados cada vez se cierran más a comprar el aceite que viene de ese tipo de experiencias y eso va a meter en un problema a la empresa”, afirma Juan Luis Dammert.

A partir de este contexto, de acuerdo con las publicaciones de MAAP, en el 2017 no se registró deforestación a gran escala por palma aceitera.

Hasta ahora, el mecanismo de operación de Palmas del Huallaga apunta a la compra de predios privados. Algo en lo que innovó el Grupo Melka, a decir de Dammert. Esto adquiere relevancia al revisar el nivel de dificultad que tiene deforestar predios de propiedad privada y deforestar predios de los que se solicita su adjudicación por estar a disposición del Estado. Mediante las adjudicaciones de predios a disposición del Estado hay más candados para obtener los permisos de desbosque, y hay más control.

La diferencia entre Palmas del Huallaga y Grupo Melka es que la primera empresa al menos ha pedido 26 autorizaciones para desboscar 59 predios.

¿Tala legal?

Melvin Mestanza, el ingeniero en recursos naturales renovables de Paz y Esperanza, superpuso la información de la ubicación de 59 de los lotes de Palmas del Huallaga sobre los mapas de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de San Martín, y en el del catastro de deforestación del Programa Nacional de Conservación de Bosques, perteneciente al Ministerio del Ambiente (Minam).

Uno de sus principales hallazgos es el cambio de uso de suelo aprobado por la Autoridad Regional Ambiental para cinco lotes en territorio de recuperación, protección y conservación ecológica de acuerdo con la ZEE.

Esta situación se ve con claridad en el lote con registro catastral 294521, que de hecho es información que reconoció la ARA. En uno de sus informes técnicos —número 023-2016-GRSM/ARA/DEGT-MAM— realizado a partir de la solicitud de cambio de uso de suelo de la empresa, describe que la zona es de protección en un 67,24% —por tratarse de pantanos y aguajales— y 12,86% de recuperación.

Esta categoría de protección la da también la ZEE a bosques secos y pajonales alto andinos por su alto valor bioecológico. En esta misma categoría se agrupan el Parque Nacional Cordillera Azul y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.

La ZEE recomienda que este tipo de suelo se use para la conservación, reforestación, investigación o incluso para el turismo y nunca para la agricultura perenne: la palma aceitera es agricultura perenne.

El predio de registro catastral 294521, ya fue deforestado, consta de poco más de 103 hectáreas y era el hábitat —según expone Palmas del Huallaga en su estudio técnico de microzonificación— de añujes (Dasyprocta variegata), majaz (Agouti paca), ardillas (Sciurus vulgaris), achuni (Nasua nasua), perezoso de dos dedos (Choloepus didactylus), zarigüeya (Didelphis marsupialis), zchuni mama (Procyon cancrivorus), chosna (Potos flavus), sajino (Pecari tajacu), ratón arrozalero (Euryoryzomys), murciélagos fruteros, y de charreteras rojizas (Carollia perspicillata y Sturnira tildae).

También de aves como el pihuicho (Brotogeris versicolorus), pinsha (Andigena hypoglauca), gallinazo cabeza negra (Coragyps atratus), martín pescador pigmeo (Chloroceryle aenea) y trepador de barbilla blanca (dendrocincla merula). También de reptiles, anfibios, y una gran variedad de peces y árboles como el cachimbo (Cariniana), cetico (Cecropia engleriana), espintana (Anaxagorea pachypetala) y caraña (Trattinickia peruviana).

Un hallazgo más de Melvin Mestanza tiene que ver con el desbosque anticipado, se ve con claridad en el lote con registro catastral 300101. Es decir: aunque la solicitud de cambio de uso de suelo —gestionada por la empresa en marzo del 2017— aún no está resuelta, el sistema de monitoreo de deforestación del Ministerio del Ambiente, Geobosques, emitió 1404 alertas de deforestación de bosque primario entre octubre y noviembre del 2017, con la suma de la tala de 126 hectáreas, de un total de 136. Dado que las alertas se emitieron en 2017, el sistema no precisa la causa de la pérdida de bosque, explica Melvin, pero para cerciorarse que el territorio había sido talado sin permiso registraron el área con la ayuda de un drone.

A lo anterior se suma una obligación establecida en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre que además se dispone en todas las autorizaciones que la ARA da a Palmas del Huallaga: siempre que hay cobertura boscosa en un predio de propiedad privada, el 30 % de la superficie deberá dejarse intacta, sin talar.

Con la investigación, Paz y Esperanza ha detectado que esto no se respeta al pie de la letra y se tala todo el predio.

Hay otra cosa: Rubén Ninahuanca y Melvin Mestanza han encontrado que al menos en seis de los expedientes con predios en contacto con cuencas, no se han respetado las fajas marginales ribereñas —el terreno en las inmediaciones de las cuencas—, algo que también establece la Ley como una medida de protección al agua.

En suma, de acuerdo con la investigación de Paz y Esperanza, del total de los expedientes por los que Palmas del Huallaga ha solicitado el cambio de uso de suelo: cinco se encuentran en áreas para conservación y recuperación así clasificados por la ZEE, en 21 expedientes no se respetó el 30% del área a conservar y en dos hubo tala de árboles antes de haber sido aprobada la solicitud. En seis, además, no se respetaron las fajas marginales y en cuatro hubo una superposición con predios vecinos, es decir, no respetaron los límites de sus lotes.

Respuesta de la autoridad

Al igual que la oficina de Paz y Esperanza, las instalaciones de la Autoridad Regional Ambiental están en Moyobamba. Ahí Mario Torres García atiende la Dirección de Conservación de los Recursos Naturales. Mario Torres explica que no hay mucho que se pueda hacer, las solicitudes de cambio de uso de suelo se autorizan por tratarse de propiedad privada, incluso si afectan zonas de recuperación, protección y conservación ecológica de acuerdo con la ZEE, cuya observación es obligatoria por decreto regional.

En esa misma oficina está Liz del Carmen Leyva, especialista forestal, supervisora de las empresas palmicultoras. Dice que están abiertas unas 10 investigaciones administrativas, en su mayoría por no respetar que al menos el 30 % de los bosques quede intacto tras limpiar el terreno en los predios privados. Otra mayoría de las investigaciones corresponde a que las empresas no han respetado la faja marginal.

Leyva asegura que están buscando la forma de que, si los procedimientos llegan a sanciones contra las empresas, no sólo se imponga una multa administrativa, sino que se exija remediación. Para Rubén Ninahuanca esto es una broma: “finalmente ellos son los que están autorizando todos los cambios de uso de suelo”.

Ese sentimiento de decepción no es solo de Ninahuanca. Cuando la humareda de octubre, que particularmente recuerda Cayo, era evidente, Cayo dice que no hubo autoridad que fuera para cerciorarse de los hechos.

En los expedientes por los que Palmas del Huallaga solicita el cambio de uso de suelo en las inmediaciones al río Huallaga, frente a Puerto Mercedes, expone con claridad que “no se realizará quema”, que para el desbosque se utilizarían motosierras, machetes y hachas.

En esos expedientes Palmas del Huallaga hasta se compromete a desplazar la fauna que podría ser afectada con la deforestación.

Islas ecosistémicas

El 30% que determina la ley que debe ser conservado al desboscar un predio privado, tiene igual consecuencias drásticas a gran escala.

Sidney Novoa, director de Tecnologías de Conservación Amazónica (ACCA), plantea que van quedando islas de bosques que a la larga se transforman en parches ornamentales: “pierden su funcionalidad como bosques, como Amazonía. Hoy en día son sólo un resto, un fragmento de vegetación que está en pie, pero que ya no provee los mismos servicios ecosistémicos: captación de carbono, purificación del aire, del agua. Pierde todas sus propiedades de bosque”.

Juan Luis Dammert opina que para este modo de adquirir predios para plantaciones de gran escala, se debería exigir la presentación de un estudio de impacto ambiental integral por las afectaciones que generan. Y agrega que con la adquisición de predios individuales si bien el camino es tedioso, el resultado es un desbosque asegurado.

Lo que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece con claridad es que en la evaluación de la solicitud de cambio de uso de suelo se debe considerar además de la ZEE: la capacidad de la tierra de uso mayor agraria; la existencia de hábitats críticos; la existencia de especies categorizadas como amenazadas, protegidas por convenios internacionales o endémicas; la presencia de áreas que tienen valor de conectividad entre ecosistemas; la protección de las fajas marginales de los ríos que contienen vegetación ribereña o de protección; y el potencial para la provisión de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre.

Esto no se ve estrictamente detallado en los expedientes de cambio de uso de suelo presentados por Palmas del Huallaga.

La vigilancia de cada uno de estos puntos se complica cuando el Estado no cuenta con las herramientas necesarias para fiscalizar. Por ejemplo, hay ciertas cosas que quedan en el aire ante la falta de un catálogo de las especies que habitan la Amazonía por zonas específicas. De acuerdo con los expertos consultados, no existe estudio alguno que detalle esa información. Esto significa que las autoridades tienen que confiar en la buena voluntad de los empresarios: en que realicen con sinceridad, por ejemplo, sus catálogos de especies a perturbar y que no escondan las especies con categorías de protección especial que habitan en esos lotes.

Palmas del Huallaga se expande

Como afirma Dammert, cada vez se hace más difícil la entrada al mercado de aceites de palma con trayectoria de haber generado conflictos sociales y ambientales. Aunque Palmas del Huallaga —como otras empresas del país— podría en un par de años obtener una certificación por parte del RSPO, en la medida de que cumpla con un plan de remediación y compensación de daños.

Francisco Naranjo, director de RSPO para Latinoamérica, explica que “cualquier empresa que aplica a la membresía de RSPO debe hacer públicas todas sus plantaciones de palma aceitera, tanto de la empresa aplicante de forma directa, como de todas sus subsidiarias. Además, junto con la divulgación de las plantaciones debe realizar un Análisis de Cambio de Uso de Suelo, el cuál mediante imágenes satelitales determina si esas plantaciones afectaron no solo bosques primarios sino también cualquier otro alto valor de conservación”.

Juan Luis Dammert conoce de cerca la operación de Palmas del Huallaga y opina que lo que está mal en ella “es el modelo en sí que evidencia la debilidad del sistema peruano para prevenir estas situaciones”.

Se buscó a la empresa Palmas del Huallaga para obtener su versión de los puntos expuestos a lo largo del reportaje, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

Fuente: Rumbos de Sol y Piedra