Paraguay

El juicio está a días de terminar, y para todo el pueblo paraguayo es importante saber la verdad. Si permitimos que personas inocentes sean condenadas a prisión por 5 a 40 años, nunca podrán ser investigados los verdaderos responsables de esta tragedia, en adelante cualquier persona podría ser acusada falsamente y condenada sin ni una sola prueba. Sería una gran injusticia, un grave precedente y el Estado paraguayo se expone a sanciones de organismos internacionales.

Indignante: Finalizó en el día de hoy el juicio a once campesinas y campesinos del predio de Marina Cué acusadas de la masacre ocurrida allí el 12 de junio de 2012. El Ministerio Público pidió sentencias de hasta 40 años de prisión para algunos de los campesinos.

En la mañana de ayer (30 de junio) alrededor de mil policías ejecutaron una orden de desalojo en el asentamiento Ko’e Pyahu, ubicado en el distrito de Juan Manuel Frutos de Caaguazú, a 200 kilómetros de la capital paraguaya.

“La fiscalía nunca hizo los peritajes de las armas de policías, para ver si mataron a campesinos. No se hizo, porque no quería saber la verdad. Y sigue así sin querer saber la verdad. Quiere plantar una mentira.”, dijo el abogado Sisco.

"El abogado Amelio Sisco retomó sus explicaciones, que rebatió la hipótesis del Ministerio Público de que los campesinos se guiaron por un plan que implicaba emboscar a los policías para luego matarlos".

Apenas el sol se despereza y ya trajinan por la plaza campesinas y campesinos que de muchos rincones de Paraguay traen sus semillas y plantas de maíz, porotos, zapallos, plátanos, mandioca, batata, yerba mate, ka´a he´e (stevia) y otras hortalizas y hierbas medicinales. Hay emoción y orgullo, cuando van formando con calma y constancia campesina la ronda de mesas alrededor de la Plaza de la Democracia en el centro de Asunción.

“Si en Paraguay hubiera pena de muerte iban a aplicarlo con Rubén Villalba”, dice en esta entrevista la historiadora Margarita Durán Estragó. “Desde que se inició esta tragedia el 15 de junio de 2012 estamos siguiendo de cerca. Vemos con mucha angustia, con mucho dolor que los resultados de la investigación se hicieron tan parcialmente, ya que no se buscó a los asesinos de 11 campesinos,entre ellos muchos ajusticiados mientras huían hacia los bosques cercanos,como si fueran animales de cacería.

Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri denunciamos que empresarios y corporaciones, en contubernio con funcionarios locales del Indert (Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra), usufructuando el aparato fiscal-policial, perpetran actos de amedrentamiento y amenazas contra pobladoras y pobladores campesinos que, en consecuencia, viven en permanente estado de zozobra.