Paraguay

Las organizaciones campesinas y sociales que forman parte de la Coordinadora Nacional Intersectorial, resolvieron en la última reunión plenaria -realizada a mediados de este mes de julio-, decir no al desalojo del Asentamiento Primero de Marzo “Joaju” del Distrito de Ybyrarobana , Departamento de Canindeyu.

A través de un comunicado de prensa, el referente de las Naciones Unidas expresó estar preocupado por el resultado del juicio del caso Curuguaty de Paraguay.

Las multinacionales se han apropiado del saber de los guaraníes y usan la planta stevia para endulzar los refrescos. Sin embargo, la venta de esta planta, de uso ancestral entre los indígenas, está prohibida.

"La actividad tuvo como objetivo el intercambio de experiencias y propuestas a fin de afianzar los procesos de producción de la agricultura campesina en transición agroecológica en la región".

Diálogo con el comunicador paraguayo Carlos Goncálvez sobre las consecuencias de la sentencia contra campesinos por el caso Curuguaty. Las consecuencias del fallo contra los campesinos de Marina Kué “son nefastas” y se basan en “mentiras demostradas” de parte de integrantes del sistema judicial paraguayo, dijo a Radio Mundo Real, Carlos Goncálvez, responsable del proyecto comunicacional alternativo Demoinfo.org.

"La apertura a la agro-industria, las Asociaciones Público Privadas, la militarización del territorio campesino y forestal, encuentran una reafirmación en la búsqueda de cierre de etapa que representan la sentencia por la Masacre de Curuguaty y la embestida diplomática contra Venezuela en el Mercosur. Un proyecto que tiene bases sociales y políticas sólidas para plantearse continuidad a largo plazo. Y con el cual el resto de los países de la región deberán lidiar."

Como ustedes saben el pasado 11 de julio el tribunal constituido por Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero, Benito González decidió aceptar tal cual las disposiciones de la fiscalía y condenar sin pruebas a once campesinos/as del caso de la Masacre de Curuguaty. Esta decisión representa un nuevo atropello al pueblo paraguayo. Con esta nefasta decisión, el poder judicial intenta construir una pena aleccionadora con la intención de amedrentar y desmovilizar al campesinado y los sectores populares.

"Oxfam y Amnistía Internacional instan a las autoridades paraguayas a investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial, todos los hechos relativos a la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos ocurridos en junio del 2012".