México

Más de 350 personas pertenecientes a organizaciones y comunidades indígenas de Oaxaca se pronunciaron por exigir al Gobierno Estatal declarar a Oaxaca “Territorio Libre de Transgénicos”.

"Resulta inaudito que a pesar de los problemas que los cultivos transgénicos están generando en los países que los han autorizado, el gobierno mexicano siga permitiendo la experimentación a campo abierto en nuestro país."

Setenta organizaciones de apicultores de 24 países, reunidas en la Segunda Conferencia Mundial de Apicultura Orgánica en Chiapas en marzo 2012, demandaron a las secretarías de Agricultura, de Medio Ambiente y de Salud detener las siembras de transgénicos en la península de Yucatán, Chiapas y otras regiones con gran producción de miel, en apoyo a los apicultores de esas regiones.

Este martes 3 de abril concluye la consulta pública, concertada por el SENASICA, respecto a la solicitud de la empresa Monsanto para la siembra de 60 mil hectáreas de soya transgénica en la Península de Yucatán, que ponen en peligro la producción y el comercio internacional de miel en la región.

Carta de organizaciones, académicos, investigadores y ciudadanos, enviada a la Cibiogem y al Senasica-Sagarpa para exigir la anulación de la solicitud de siembra de 60 mil hectáreas de soya transgénica de Monsanto.

En beneficio de las trasnacionales que monopolizan semillas y patentes agrícolas, una nueva amenaza legislativa pende sobre productores y consumidores mexicanos desde el 14 de marzo, cuando la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el proyecto que reforma la Ley Federal de Variedades Vegetales.

La reforma nulifica los derechos débilmente considerados para los agricultores e investigadores en la actual Ley; para el caso de los agricultores, limita su derecho a producir su propia semilla y material de propagación para usarlos en sus unidades de producción, situación grave si tenemos en cuenta que en nuestro país, mas del ochenta por ciento de los agricultores realiza esa práctica.

De acuerdo a una publicación del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), se deslinda del programa de pagos por captura de carbono que implementó el gobierno en la Selva Lacandona, en tanto, descartó que éste pertenezca al programa nacional de REDD.