México

A pesar de no contar con los permisos necesarios para hacer trabajos, la minera canadiense Revolution Resources perfora territorio sagrado del pueblo wirrárika, por lo que, señalan los wixaritari, se le deberían cancelar las concesiones.

Ha de ser mala señal que los conflictos que aquejan a las comunidades indígenas estén llegando, notoriamente, hasta las frías escalinatas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), esa protagonista a la alza del acontecer público en México, no obstante lo aberrante o desconcertante de ciertas determinaciones suyas, desde su respuesta a las impugnaciones contra la “ley indígena” hace una década a su decisión de liberar a los paramilitares de Acteal, o su rechazo a darle causa al profesor Alberto Patishtán, sumandose así la Corte a la larga cauda de captores y carceleros de un hombre inocente.

El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria reportó que son 25 granjas en Guanajuato y 16 en Jalisco las que presentan el virus aviar H7N3.

La política del mal gobierno es acabar la vida común, la vida comunitaria. Es que dejes tu terreno o que lo vendas, ahora sí, si lo vendes te chingaste. Es una política de injusticia, es de crear más miseria, exponen bases de apoyo del EZLN de los Altos en el más reciente comunicado de la organización, donde exponen con varios casos cómo funcionan la contrainsurgencia, el despilfarro y la ineficacia gubernamentales.

"Las gentes profundas dominamos nuestro espacio. En vez de tratar de dominar el tiempo conocemos y reconocemos, hasta el último rincón, el espacio que habitamos. Este espacio al que pertenecemos nos pertenece; por eso tratamos de vivirlo, transformarlo, convertirlo en nuestra morada. En nuestros espacios compartimos con otros la alegría de vivir con base en nuestra experiencia dentro de nuestras comunidades, estamos tratando de expulsar el principio de la escasez del centro de la política y de la ética."

La organización de los pueblos que se oponen a vender su viento, mar y tierra para la “economía verde” madura rápidamente frente al clima de corrupción y paramilitarismo fomentado por la empresa Mareña Renovables y sus “mandaderos serviles”, los gobiernos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está ante la oportunidad de reconocer por primera vez el derecho a las tierras ancestrales de un pueblo, en el caso de los choles del ejido Tila; de lo contrario, demostraría que “trabaja para los capitales”, indica Francisco Pérez, comisionado del ejido para difundir el caso.

El 26 de febrero se vencieron los plazos para que las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) emitieran una respuesta a las solicitudes de siembras comerciales de maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas.