México: Agotados los plazos para el maíz transgénico
El 26 de febrero se vencieron los plazos para que las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) emitieran una respuesta a las solicitudes de siembras comerciales de maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas.
Debido a que no hubo una contestación dentro de los periodos establecidos por la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), Greenpeace exigió a estas dependencias que hagan pública la negación de los permisos que solicitaron las empresas Monsanto, Agrosciences y Pioneer en septiembre de 2012.
“Han pasado ya casi cinco meses desde que se presentó en la Sagarpa la primer solicitud para siembras comerciales de maíz transgénico, a pesar de carecer de un marco legal completo para tramitar estos permisos. El tiempo de irregularidades y vacíos jurídicos que le allanan el camino a las empresas de biotecnología debe terminar.
“El gobierno mexicano debe actuar con responsabilidad y aplicar el principio precautorio establecido en el Protocolo de Cartagena antes de volver a aceptar cualquier tipo de solicitud de siembras de maíz transgénico, ante el alto riesgo de contaminación de nuestras variedades nativas”, dijo Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura Sustentable y Transgénicos.
Además del vencimiento de los plazos, existen otros argumentos por los que las siembras comerciales deben ser rechazadas en nuestro país. Por ejemplo, irregularidades en procedimientos y violaciones a la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Entre ellas, destaca que no existe un marco legal completo en el tema de las autorizaciones comerciales, pues falta una Norma Oficial Mexicana que establezca las características del reporte de resultados de cultivos en fase experimental y piloto que las empresas están obligadas deben presentar ante las autoridades.
Ante este escenario, el pasado 12 de febrero, Greenpeace presentó una denuncia penal ante la PGR, en contra de los funcionarios que decidieran dar el aval a los cultivos transgénicos violando la normatividad aplicable, ya que incurrirían en un delito que se castiga hasta con nueve años de prisión.
“Es claro que no existen las condiciones legales para autorizar siembras comerciales de maíz transgénicos en el país, por lo que si éstas se dieran, estaríamos frente al albazo más grande de la administración de Enrique Peña Nieto, porque se pondrá en riesgo la diversidad de maíz que existe en nuestro territorio, la producción de este grano se monopolizará en manos de las empresas de biotecnología y se obligará, de facto, al pueblo de México a consumir maíz transgénico sin medir los riesgos para la salud humana”, declaró Lara.
Fuente: Greenpeace