México

En la cancha de fútbol de la comunidad San Felipe Tepatlán, Puebla, más de dos mil personas se reunieron con el presidente municipal y empresarios de Deselec-Comexhidro, para manifestar que no quieren que la hidroeléctrica Puebla 1 se construya en su pueblo y no se movieron del lugar hasta que el edil firmó el documento donde revocó el permiso de uso de suelo, informó Antonio Márquez Zaragoza, habitante de la comunidad.

La reforma energética aprobada en el presente gobierno “no es sino el clarín de arranque para una enloquecida carrera para el despojo”, afirmó el Subcomandante Galeano.

Miembros de la comunidad indígena San Francisco Xochicuautla anunciaron que impugnarán el decreto presidencial del 9 de julio firmado por el mandatario Enrique Peña Nieto, que expropia 38 hectáreas para construir la autopista privada Toluca-Naucalpan.

Los habitantes de San Felipe Tepatlán acudieron a la cita que les hizo el secretario del ayuntamiento con empresarios de DESELEC-COMEXHIDRO que quieren hacer una hidroeléctrica en el río Ajajalpan; y ahí, frente a ellos, dijeron otra vez “no” al proyecto.

"Un decreto de expropiación presidencial, por más que sea superficialmente un acto legal y en apariencia cumpla con las formalidades jurídicas del caso, puede ser también no sólo un acto ilegítimo y un delito, sino un abuso de poder en tanto violenta derechos fundamentales de las personas, colectivos y comunidades afectadas. En México, los gobiernos neoliberales violan los derechos humanos en contra de la ley o con la ley en la mano, eso lo tenemos todos muy claro."

La suspensión temporal del otorgamiento de permisos a empresas productoras de semillas de maíz transgénico está por cumplir dos años y ya resistió 93 impugnaciones y 22 amparos, tanto por parte de las principales trasnacionales –Monsanto, Syngenta, Dow Agrosciences, entre otras— como de dependencias federales, entre ellas la Sagarpa y Semarnat.

El maíz transgénico eleva el riesgo de padecer cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos, por lo que su uso debe ser prohibido, afirmó el académico del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emmanuel González-Ortega.

"En una carta publicada en los medios de Torreón, diversas organizaciones civiles y ambientalistas de la Comarca Lagunera piden la intervención del presidente Peña Nieto y las instancias federales y estatales para garantizar el buen estado del citado parque. Y sobre todo, que los intereses particulares no se antepongan a los de la sociedad y la naturaleza".