México

¡No queremos minería porque atenta contra la vida!, es una de las consignas más sonadas por las resistencias a nivel mundial, y sin duda alguna, es la que más dignifica la lucha por la vida emprendida por millones de mujeres y hombres de los pueblos mexicanos.

El Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, conformado por 20 organizaciones indígenas y campesinas se pronunció por la destitución anticipada de Víctor Villalobos, anunciado secretario de Agricultura del próximo sexenio. Fue Villalobos quien firmó el referido TLCAN transgénico.

Flores en el desierto es un proyecto periodístico multimedia sobre 10 mujeres referentes de pueblos indígenas mexicanos. Entre las historias se destaca Marichuy, vocera del Concejo Indígena de Gobierno.

"Los pueblos y comunidades originarias del mundo están dando una férrea lucha por la preservación del planeta. Los 68 grupos originarios de México no son la excepción; en estos momentos cada pueblo se encuentra enfrentando una batalla por cuidar los recursos existentes dentro de sus tierras y territorios"

Una semana escasa después de la elección, un sin número de comunidades, pueblos, organizaciones, figuras académicas y personas individuales le exigen al presidente electo AMLO, que cancele el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, puesto que dicha obra, impugnada desde principios del siglo XXI, es a todas luces un monstruo de devastación y despojo extremos. La extrañeza aumenta desde que el presidente electo, que al principio apareció como crítico de la obra, ahora es impulsor decidido de ésta, tal vez el acaparamiento de tierras más grande en la historia reciente del país.

Se trata de un proyecto para promover la exportación y la producción especializada para los más pudientes. A esto le agregarán que los jóvenes del campo vayan a trabajar ­a las agroindustrias agrícolas, que actualmente en muchos casos se caracterizan por condiciones laborales y de salud deplorables e impactos ambientales tremendos. Lo que está claramente ausente de este proyecto es la voz y propuestas de las propias comunidades indígenas y campesinas, que son quienes producen la mayor parte del maíz y muchos otros alimentos que se consumen en México.

Un tribunal colegiado con sede en Cancún, Quintana Roo, emitió un fallo a favor del pueblo maya, que interpuso un amparo contra el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), y lo calificó de “insostenible” por haber excluido al pueblo maya en la elaboración y puesta en marcha de la inciativa regional firmada por Campeche, Quintana Roo y Yucatán en 2016.

Asociaciones civiles indigenistas y ecologistas lograron que se deje sin efecto el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán (Aspy), obligando a los gobiernos estatales a poner en marcha la consulta más grande en el país para que se conozca la opinión de los pueblos originarios en relación a las acciones que integra dicho acuerdo, que les han significado despojos.