Hubert Carrera Palí

Delegación estatal de Profepa mantiene puertas cerradas a los medios de comunicación

Ejidatarios y menonitas de la comunidad chenera de Iturbide cumplieron con su advertencia, al comenzar el desmonte de zonas vírgenes de la montaña, en la región limítrofe con Quintana Roo, donde se ubican importantes vestigios mayas, ante la inmovilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Dirigentes y representantes de 80 comunidades y organizaciones indígenas de la península de Yucatán, organizaron un foro-taller en donde de manera unánime dijeron no al Tren Maya y se pronunciaron a favor del servicio de agua.

El Colegio de la Barra de Abogados de Campeche anunció hoy que se sumará a la lucha que los indígenas mayas han emprendido contra la siembra de transgénicos, y a favor del cuidado y preservación del ambiente, en el marco del anuncio de la suscripción de un convenio con mujeres emprendedoras mayas para la constitución legal de su empresa comercializadora de miel y sus derivados.

La ONG México Indígena, anunció que interpondrá una denuncia a nivel internacional por la destrucción de la selva y contaminación del agua que ocasionan los menonitas en la región de los chenes en su persistente deseo de cultivar soya transgénica.

"Lamentó que la sentencia judicial sólo sea un instrumento de escritorio, pues pese a las constantes violaciones, la siembra de soya transgénica y devastación se siguen dando con el consentimiento de las autoridades".

Las comunidades "reiteraron su exigencia de que la consulta previa ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se lleve a cabo de manera transparente, pues existe una franca violación a los derechos humanos de decidir libremente y a no respetar los acuerdos previos".

"El proyecto inmediato es sembrar 253 mil hectáreas de la oleaginosa, aunque no especificó si esto es sólo para Campeche y denunció que ya se prepara el gran golpe para dejar a las comunidades mayas sin ningún derecho, mediante la modificación al artículo séptimo de la Constitución Política del estado, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación".