Colombia

El próximo jueves 25 de Febrero, Nury Martínez, presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) – miembro de La Vía Campesina – intervendrá ante la reunión plenaria del 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU,  para denunciar la violencia y la represión sistemáticas contra organizaciones campesinas en Colombia, así como las continuas amenazas selectivas contra defensoras y defensores de la tierra y los territorios, incluso ella misma fue amenazada recientemente.

Cercadas y sin alimento. Así se encuentran unas 231 familias indígenas del municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia, Colombia. Según la Organización Indígena de Antioquia (OIA), las comunidades se encuentran confinadas debido a los enfrentamientos que se reporta en la zona entre grupos armados ilegales. Estos grupos les han prohibido salir para pescar o recoger los alimentos que cultivan, por lo que piden la intervención urgente de las autoridades colombianas.

Organizaciones ambientalistas y de Derechos Humanos presentaron una denuncia formal contra las empresas ESB (Electricity Supply Board) de Irlanda, CMC (Coal Marketing Company) de Dublín, Irlanda y contra las sociedades multinacionales mineras dueñas de Cerrejón que opera en la Guajira: BHP, Angloamerican y Glencore.

La lucha contra el cambio climático puede ser neutralizada por las condiciones y circunstancias en que se desarrolla la transición hacia las energías limpias. El accionar de las empresas de energía eólica en La Guajira, el territorio del pueblo indígena Wayuu, es un ejemplo muy ilustrativo.

Ante el anuncio de la Dirección Antinarcóticos de la Policía de iniciar a principios de febrero la erradicación de cultivos de uso ilícito por medio de las aspersión terrestre de glifosato en Norte de Santander, la Asociación Campesina del Catatumbo anunció movilizaciones para mostrar su rechazo a la medida. 

El senador Pablo Catatumbo alertó sobre las intenciones del gobierno de Iván Duque de comenzar en Colombia las fumigaciones aéreas a cultivos ilícitos con el herbicida tóxico glifosato.

En la legislatura de 2020 cursa en la Cámara de Representantes un proyecto de Acto Legislativo que busca modificar el artículo 81 de la Constitución de Colombia para prohibir el ingreso, producción, comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas. Éste es un proyecto de iniciativa ciudadana presentado por el representante Juan Carlos Lozada. Fue aprobado el primer debate, pero luego se presentó una fuerte oposición del gremio de la industria biotecnológica, de algunos sectores académicos y del gobierno nacional, aunque también ha habido una importante intervención ciudadana nacional e internacional de respaldo a esta iniciativa. El segundo debate realizado el 5 de noviembre fue cancelado por la emergencia del Covid 19, y el Congreso suspendió las sesiones presenciales en el Congreso, por lo que probablemente no se realice en esta legislatura.

La Minga pasó de ser una concepción del trabajo comunitario de los pueblos indígenas a convertirse en exitosa convocatoria a luchar pacíficamente por los derechos de todos los ciudadanos en Colombia.