¿Qué pasa en Colombia? La voz del Coordinador Nacional Agrario

Lo que viene ocurriendo desde el 28 de abril es la continuidad de las jornadas de la historia más reciente de Colombia, sobre todo, la que llenó calles, plazas y carreteras desde el 21 de noviembre de 2019. En estos días, nuevamente el pueblo colombiano, se levantó contra la propuesta de contrarreforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque, que lesiona los intereses de la clase popular, por lo que la gente asumió la convocatoria al llamado al paro nacional. En esta medida, distintas expresiones sociales, sindicales, de mujeres, étnicas y campesinas, como el Coordinador Nacional Agrario (CNA), nos hemos sumado a ese ejercicio de movilización nacional.

Como era de esperarse el Estado ha respondido con brutalidad, con represión y con bota militar. Lo que viene ocurriendo es una masacre al pueblo movilizado. Desafortunadamente, no podemos tener un dato concreto de las víctimas, pero se conoce de un informe que presentó el mismo Ejército ante Naciones Unidas, que los muertos son más de 100 en el marco de las movilizaciones, en manos de las fuerzas estatales.

Desde el mismo momento de la represión, el Gobierno intentó generar escenarios que desmovilicen lo que hasta ahora se ha presentado en el país. Para ello ha utilizado toda una serie de estrategias: represión, brutalidad, masacre, genocidio y además a todos los medios de desinformación planteando estrategias comunicativas orientadas a invisibilizar las marchas y justificar todo el nivel de represión contra la gente.

Diálogo con el pueblo movilizado en la mesa

A esa conjunto de estrategias se suma el llamamiento a sentarse a dialogar y negociar con voceros del Comité Nacional del Paro. Desde la CNA hemos planteado que no se puede hablar de negociación con quién está masacrando al pueblo movilizado. Pero, además, desde la organización campesina planteamos que tienen que existir las plenas garantías para podernos sentar a dialogar. Garantías de derechos humanos: 

• Desmilitarización de las ciudades y los territorios
• Esclarecimiento de la barbarie cometida contra el pueblo movilizado
• Condena a los responsables materiales e intelectuales de la represión ocurrida
• Veeduría internacional que garantice que exista justicia, verdad, reparación y no repetición. 

Lo que pedimos es que exista una voluntad política desde el gobierno que, efectivamente, garantice que el diálogo va a partir de un acercamiento y una posible ruta de cómo van a ocurrir este serie de pasos. 

El diálogo tiene que hacerse con el pueblo movilizado. Hoy ningún instrumento organizativo puede autoproclamarse el vocero del ejercicio de movilización que se da a nivel nacional. Hemos llamado a todas las expresiones organizadas a un principio de ética, orientada a que un gran sector del pueblo movilizado no es un pueblo organizado. 

Tiene que ser el pueblo el que determine sus reivindicaciones a través de asambleas o de otras expresiones en las que pueda quedar representado. O sea, a partir de mecanismos autónomos y democráticos para que cada sector movilizado pueda sintetizar sus reivindicaciones y nombrar a sus voceros para un posible diálogo con el gobierno nacional. 

La represión sobre los campesinos 

La represión, en el caso de los campesinos y campesinas, es sistemática. Si bien hoy la brutalidad policial se hizo ver en el pueblo movilizado en las grandes ciudades y ciudades intermedias, nosotros históricamente la hemos vivido diariamente en nuestros territorios: porque están supremamente militarizados, pero además porque hay una reconfiguración del paramilitarismo que, en el marco de las movilizaciones, hicieron resurgir las amenazas de muerte para que la gente no salga a protestar. 

El paramilitarismo se reconfigura por estos días en los territorios más militarizados del país. Es un coincidencia que se nos parece un poco extraña, porque el paramilitarismo es una política de Estado orientada  a garantizar que se desarrollen los grandes megaproyectos que tiene planteados el gran capital para el territorio nacional. 

Reivindicaciones del Coordinador Nacional Agrario en el marco Paro Nacional

La desmilitarización del territorio y el desmonte definitivo del paramilitarismo es uno de nuestros reclamos y hay una cosa que va ligada a eso: una política antidrogas. Nosotros hemos dicho que hay que revisar la política antidrogas de Colombia que, lejos de resolver el problema estructural del narcotráfico, lo que ha hecho es fortalecerlo. Actualmente, bajo un supuesto de contrarrestar el terrorismo y el narcotráfico, quieren justificar nuevamente las asperciones aéreas con glifosato sobre los cultivos de coca.  

Tenemos la experiencia de lo que fue la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, respecto del ejercicio de fumigaciones con glifosato a los cultivos. ¿Qué dejó como saldo esa política? Fortaleció la corrupción, aumentó las arcas de la contratación de la Policía y cifras desastrosas en términos del envenenamiento de la vida y del ecosistema en el territorio nacional. Tenemos demostrado que las aspersiones no son la alternativa para controlar el narcotráfico en Colombia. 

Esta es una excusa para seguir reprimiendo y persiguiendo a los campesinos que se han visto obligados a producir hoja de coca para poder sobrevivir. Como CNA hemos dicho que no defendemos la coca, nuestra apuesta es la soberanía alimentaria. Somos defensores de los derechos de los campesinos y campesinas, porque las políticas excluyentes del Estado han llevado a que campesinos y campesinas vean como única alternativa sembrar coca. 

Desde 2013, sabemos que las aspersiones no resolvieron el problema del narcotráfico, que lejos de disminuir, aumentó. Hoy no hay un interés real de la elite política de atacar el narcotráfico, cuando es el colchón amortiguador de la crisis que viven. No es un secreto para nadie que la clase política en Colombia está permeada por el narcotráfico y el paramilitarismo. Volver a las aspersiones con glifosato es volver a una época oscura. 

Cuando decimos que no es la alternativa podemos dar un ejemplo: en Arauca, los campesinos y campesinas de la CNA, en el 2006, dijeron de manera autónoma no más fumigaciones y erradicaron más de 5 mil hectáreas de coca. Fueron los campesinos, no fue la voluntad del Gobierno. Aún hoy, la deuda de inversión social con el pueblo campesino de Arauca continúa. Fueron los campesinos los que invirtieron y hoy Arauca es el departamento de mayor producción de plátano y cacao, con una economía campesina y diversificada porque no existe la coca. 

Por eso decimos que retomar la política de aspersiones es una excusa para seguir persiguiendo, judicializando y desterrando a los campesinos de sus territorios. Territorios en los que existen intereses de orden estratégicos para nosotros y para el mundo, toda vez que en muchos de esos territorios los bienes comunes de la naturaleza están en abundancia. Debieran ser ecosistemas estratégicos para toda la sociedad, no para una élite política. 

Reforma agraria frente a la crisis alimentaria 

La desmilitarización, el desmonte definitivo del paramilitarismo y el rechazo a la política de fumigaciones son reivindicaciones concretas. Pero nosotros como campesinos y campesinas seguimos reivindicando la lucha histórica por una reforma agraria integral,  democrática y popular. Esa sigue siendo una bandera histórica que vamos a tratar de cohesionar, desde lo campesino y agrario, en el marco de las jornadas del Paro Nacional. Son problemas estructurales que necesariamente tienen que revisarse.  

La pandemia dejó en mayor evidencia la crisis alimentaria que hay, no solamente en Colombia sino en el mundo. En nuestro territorio el nivel de concentración de la tierra es cada vez más marcado y pese a eso, en la poca tierra que tenemos, los campesinos producimos el 68 por ciento de lo que se come en el país. 

Pero el aceleramiento y puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio (TLC) han llevado a que haya mayor quiebre en el campesino productor de alimentos. No solamente hay que revisar los TLC sino que hay que suspenderlos y fortalecer la producción nacional para resolver un problema estructural, el de la soberanía alimentaria.

Esto es lo que hemos venido planteando desde el CNA no solo durante estas jornadas de Paro Nacional sino como banderas históricas del movimiento campesino.

Fuente: Agencia Tierra Viva