Colombia

Garantizar la protección de líderes sociales, ambientales e indígenas es indispensable, pues la violencia viene en aumento desde hace varios años. Reducir la deforestación sigue siendo un gran objetivo y es necesario implementar y actualizar los planes de adaptación al cambio climático.

Luego de más de 14 fallos judiciales que ratifican la vulneración de derechos por parte de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos de las comunidades y el territorio guajiros, varias organizaciones denuncian ante la OCDE a esta empresa y sus aliados por los daños en la región. 

Ante la devastación de los bosques y el incumplimiento del Estado a lo ordenado en un fallo de tutela de proteger ese patrimonio, tribunal le exige cuentas al gobierno.

Antes de dejar su cargo como directora de Parques Nacionales, Julia Miranda firmó la resolución que confirmó la sanción a la compañía La Samaria por invadir con un proyecto agrícola un área que pertenece al Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta.

En Caquetá hay una pelea porque Corpoamazonía ordenó cerrar más de 100 kilómetros de carreteras en Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, los dos municipios con más deforestación en el país, porque le abren paso a la ganadería extensiva y al acaparamiento de tierras, y amenazan con llegar al Parque Nacional de Chiribiquete, la joya ambiental de Colombia.

Desde la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia denunciamos las detenciones, este martes 15 de diciembre del 2020, de dos de nuestros integrantes TEÓFILO ACUÑA y ADELSO GALLO, voceros de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. A estos se suma la detención de ROBERT DAZA, dirigente campesino del CNA en el departamento de Nariño, en la madrugada del 16 de diciembre.

"Desde la CLOC- Vía Campesina brindamos toda nuestra solidaridad al CNA-Colombia y manifestamos nuestro más profundo rechazo a las acciones de criminalización del movimiento social y popular colombiano, así mismo exigimos a autoridades encargadas de proteger los derechos que estén atentas a estos hechos, e instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alertas ante la crítica situación de derechos humanos que están afrontando nuestros movimientos campesinos a nivel internacional".

El 24 de noviembre se cumplieron 4 años desde el día en que el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmaron un Acuerdo para dar al fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. La esperanza que ese evento suscitó en el pueblo colombiano y en el mundo entero se ha desvanecido con el trascurrir de estos años. El escenario del posacuerdo se ha caracterizado no sólo por el descarado incumplimiento del Estado frente a los compromisos asumidos en La Habana sino también, y principalmente, por un amargo recrudecimiento de la violencia a nivel nacional, la cual sufren principalmente las comunidades rurales que habitan en los rincones olvidados del país.