Energías renovables en Colombia: no todo lo que brilla es oro

La Guajira es un lugar anecdótico. Ubicada en el extremo norte de Colombia, limita con el Mar Caribe y su desértico paisaje es adornado por la extraña vegetación del bosque seco subtropical. A medida que se adentra hacia el este, en la llamada Alta Guajira, la flora disminuye hasta no dejar más que espinosos matorrales llamados trumpillos. De igual forma, también disminuyen las comodidades de la civilización occidental.

Al alejarse de los cascos urbanos, las carreteras son reemplazadas por polvorientos caminos, mientras que las viviendas elaboradas con yotojoro, el corazón seco del cactus cardomo, sustituyen a las casas construidas en ladrillo con techo de zinc. Tampoco existe energía eléctrica y solo quedan unos cuantos postes que evidencian los tímidos intentos por electrificar una zona donde todo se lo lleva la corrupción.

Sin embargo, la más dura escasez, es la del agua, en parte, por culpa del cambio climático. Según el último Censo Agropecuario de 2014, los chivos ascendían a cerca de un millón de cabezas y están en crisis al no obtener el mínimo de agua necesaria para criar nuevas camadas. “Se les seca la leche antes de que la cría mame”, dice con tristeza una líder indígena. El acueducto, prometido en cada campaña electoral, nunca ha logrado materializarse y el agua solo llega en costosos carrotanques que las comunidades almacenan al lado de sus viviendas.

La Guajira es la tierra del pueblo indígena Wayuu: los hijos del desierto. Según  el último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), su población binacional asciende a 380.460 miembros y se estima que pueden ser aún más debido a los movimientos migratorios desde y hacia Venezuela, más allá de la resistencia de algunos a ser censados. Aun así, son la etnia más numerosa de Colombia y también una de las menos comprendidas.

La vulneración de los derechos fundamentales del pueblo Wayuu es tan extrema, que la Corte Constitucional colombiana ha emitido varias sentencias a su favor. Entre ellas, se destaca la T-302, del 8 de mayo de 2017, que declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional, en consonancia con las medidas cautelares adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales de la Guajira. Si bien la medida tutela los derechos fundamentales a la salud, agua potable, alimentación y seguridad alimentaria de los niños Wayuu, no se olvida de la necesidad de que se garantice el derecho fundamental a la participación de los beneficiarios.

Un desierto de recursos naturales:

En contraste con esta dura realidad, los Wayuu están rodeados de energía y riqueza. En su subsuelo  descansan más de 3.670 millones de toneladas de carbón térmico, donde se origina  el 35% del gas extraído en Colombia y se encuentran los nuevos yacimientos que garantizarán el gas para los años venideros. Todo lo anterior sin contar las expectativas de petróleo costa fuera que vienen y van, y la minería de talco y otros materiales de construcción. Como si todo lo anterior fuera poco, ahora se habla de su gran potencial eólico y solar. Toda esta riqueza está concentrada en un área de 1.080.336 hectáreas: un territorio cobijado como resguardo indígena por la Constitución de 1991.

A pesar de esta demarcación, al menos una docena de empresas multinacionales y multilatinas pretenden desarrollar los parques eólicos de Colombia en La Guajira. Los poderosos inversionistas llegaron a estas tierras abandonadas por el Estado para establecer acuerdos de uso del territorio con centenares de comunidades. El Estado nunca vigiló los procesos de información y concertación para que se respeten los derechos del pueblo Wayuu y de otros pobladores de la región. La irresponsabilidad estatal ha dejado al azar y a la incertidumbre la suerte de la gente de La Guajira y la seguridad jurídica de las inversiones.

El mensaje que han recibido las empresas ha sido el de crear situaciones de hecho. El lema oficial de los megaproyectos energéticos en la península parece ser: “Avancen con sus proyectos que en el camino les arreglamos lo que sea necesario”. Para las comunidades, la realidad acerca de lo que se pretende en sus territorios va apareciendo de a poco y con promesas de baratijas. Algunas comunidades llevan años de acercamientos al tener a su cuidado las torres de medición necesarias para viabilizar proyectos ante la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) en las zonas pretendidas para los parques. Otras observan por un plazo a la empresa que opera en su territorio e inician conversaciones, pero, al poco tiempo, la compañía vende su negocio a otra: como resultado, la confusión y la desconfianza reinan en la región.

Actualmente, las comunidades en inmediaciones a los parques eólicos en Alta Guajira afirman que no se han concluido las Consultas Previas, mientras que, en algunos casos, ni siquiera se han comenzado. Más allá de que las consultas deben ser previas, las compañías ya cerraron varios negocios de venta de energía con el Estado. Incluso ya han adquirido aerogeneradores a empresas extranjeras valuados entre 1 y 2 millones de dólares dependiendo de su capacidad. En este marco, el último trámite que les falta por hacer debería ser el primero: el consentimiento de las comunidades dueñas del territorio.

El pronunciamiento de la Procuraduría sobre las consultas previas:

En respuesta a las denuncias y al informe elaborado por INDEPAZ  El viento del Este llega con revoluciones, la Procuraduría General de la Nación instó, en agosto de 2020, al Ministerio de Minas y Energía, la Unidad de Planeación Minero-Energética, la Autoridad de Licencias Ambientales, Copoguajira y al Ministerio del Interior a  no olvidar el principio de la moralidad administrativa. De este modo, la Justicia colombiana solicitó la suspensión del proyecto Línea de Transmisión Asociada la Conexión Cuestecitas-Colectora 1 a 500Kv en tanto no se agote el procedimiento de Consulta Previa y la obtención del Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades étnicas que se encuentran dentro del área de impacto.

La construcción de la Colectora fue contratada mediante una licitación a la empresa de Energía de Bogotá en 2017 y es indispensable para la evacuación de la electricidad que producirán los parques eólicos de la Alta Guajira. Su obra depende de que se hagan las consultas previas a las 248 comunidades indígenas del área. Bajo las líneas de alta tensión,  la reglamentación vigente estipula que no puede haber construcciones ni asentamientos en una franja conocida como de servidumbre de un ancho de 60 metros. Además del perpetuo derecho de tránsito de la empresa por sus tierras, esto supone el reasentamiento de los pueblos indígenas y campesinos que habitan la zona.

Si bien algunas comunidades ya habían llegado a etapas avanzadas de la Consulta Previa, INDEPAZ pudo evidenciar que debieron volver a comenzar a petición de las mismas comunidades por la confusión o falta de entendimiento entre los líderes. Este caso se repite también con los parques eólicos, donde los miembros de la comunidad son deslegitimados por no contar con el respaldo de los dueños ancestrales o tíos maternos y deben reiniciar las consultas, siempre y cuando las empresas así lo consideren.

Es siempre útil aclarar que los Wayuu funcionan como unidades federadas y que cada urruku o ranchería tiene autoridad para decidir sobre el futuro de su familia. Sin embargo, debe ser guiado por el dueño ancestral de su territorio, lo que ha llevado al fraccionamiento y enfrentamientos al interior de las comunidades.

Defendiendo los intereses de las empresas:

El Gobierno de Colombia no ha ahorrado esfuerzos para agilizar el trámite de las Consultas Previas a las empresas: desde el intento de simplificación “Guajira consulta y actúa”, pasando por  la circular que las habilitaba de manera virtual, hasta la creación de plataformas impulsadas por contratos con organizaciones multilaterales internacionales en franco apoyo a las empresas. En la misma línea, en plena pandemia, el Decreto 990 de 2020 autorizó a los funcionarios del Ministerio del Interior a visitar a las comunidades indígenas, ya golpeadas por el Covid-19, para presionarlas.

Pero la estocada final a los procesos de Consulta Previa llegaría con la Directiva Presidencial N° 8, emitida el 9 de septiembre pasado, que tiene como asunto Guía para la realización de consulta previa. Esta directiva introduce el delicado término de “Test de proporcionalidad” que puede ser aplicado por el gobierno cuando, en un plazo no mayor a los tres meses de iniciado el acercamiento con las comunidades, no llegaran a un acuerdo, por la inasistencia de las autoridades o falta de representatividad de la comunidad étnica. Este último punto parece pensado para la comunidad Wayuu donde los conflictos entre los líderes ancestrales, quienes realmente deciden sobre los territorios y los achones, y los sobrinos que no tienen la potestad de decidir, está presente en casi todos los proyectos eólicos.

De más está decir que la finalidad de este test es permitirle al gobierno decidir las medidas adecuadas para prevenir, corregir o mitigar las afectaciones directas. Sin embargo, en base a eufemismos, el Gobierno limita el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorio y las obliga a adaptarse a los tiempos impuestos por el Ministerio del Interior y las empresas. Esto último va en contra de la esencia misma de la Consulta Previa, tal como es concebida en la Convención 169 de la OIT.

Las comunidades de La Guajira se han dirigido por muchas vías al Estado colombiano para que intervenga como garante de los derechos de la Nación Wayuu y no como simples aliados de las multinacionales. Se escuchan voces de líderes y, sobre todo, de lideresas que rechazan los megaproyectos por poner en riesgo a la comunidad. Otras autoridades piden que se llegue a acuerdos y a consentimientos con previa información, en términos justos y con beneficios reales, dada la transformación que estos megaproyectos generarán en el territorio hasta 2100.

Son muchas las preguntas que se hacen en La Guajira sobre la ocupación de sus territorios para producir energías renovables, cuando al mismo tiempo se extienden las concesiones para extraer carbón, gas y petróleo. La orden de la Procuraduría General de la República debe ser una oportunidad para que se revisen las ejecuciones de esos contratos y se siente un precedente sobre el respeto a los derechos de la Nación Wayuu. Esto es necesario para avanzar en una transición energética con proyectos verdaderamente limpios, en lugar de atropellar y amenazar a todo un pueblo indígena, y condenarlo al sacrificio en nombre de las llamadas energías verdes.

Fuente: Debates Indígenas