Glifosato: organizaciones piden audiencia en CIDH para evitar su uso

La solicitud la hacen, a su juicio, como consecuencia de las “arbitrarias medidas” encaminadas a la reactivación, por parte del gobierno nacional, del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión con Glifosato (PECIG).

“Lo anterior tiene como objeto que la CIDH conozca toda la información concerniente al incumplimiento del Estado colombiano respecto a su obligación de protección. Desde la sociedad civil consideramos necesario que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos conozca los efectos que esta política ha tenido en los derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y específicamente, en perjuicio de grupos en situación de vulnerabilidad como comunidades indígenas, afros y campesinas”, dice la petición.

Para las organizaciones, la revisión se vuelve fundamental con el fin de evitar que más personas y comunidades sean afectadas por la aspersión aérea con glifosato.

El documento expone que desde 2019, el Estado colombiano ha insistido en priorizar la reactivación de la aspersión aérea con glifosato en el país, a pesar de la evidencia científica sobre sus efectos en la salud de la población, los daños al medio ambiente, la fragmentación social en las zonas rurales y la inefectividad de la medida para contrarrestar las actividades de los eslabones más fuertes de la cadena de narcotráfico.

“Dicha priorización desconoce las órdenes de la Corte Constitucional y el contenido de los Acuerdo de Paz que contemplan medidas menos gravosas como la sustitución voluntaria de cultivos y prevén la aspersión aérea con glifosato como la última opción”, dicen las organizaciones.

El informe elevado al tribunal da cuenta que la preocupación por dicha practica en el país trasciende a lo nacional, pues durante diciembre del año pasado entes internacionales hicieron un llamado al actual mandato para evitar el uso del químico debido a que dicha medida atentaría y vulneraría derechos humanos protegidos por el derecho internacional y sobre los que Colombia tiene compromisos firmados.

Para las organizaciones es claro que el Gobierno tiene el deber de prevenir y evitar la exposición a sustancias y desechos peligrosos, respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y proteger a niños y adolescentes de situaciones que atenten contra su bienestar.

Las entidades trajeron a colación las medidas administrativas que ha tomado el Estado colombiano para adelantar el uso del químico, entre ellos, los dos decretos emitidos en abril de este año, la modificación al Plan de Manejo Ambiental y el proceso de licencia para el uso de químico.

En lo anterior, tras su análisis, han reiterado que el glifosato es un producto tóxico compuesto por más de 750 herbicidas que mata efectiva e indiscriminadamente todo tipo de plantas al bloquear una enzima esencial para su crecimiento.

Aseguraron que si bien los antiguos gobiernos habían usado el químico, también las comunidades indígenas han expuesto las afectaciones que han sufrido a causa de la aspersión aérea.

“Tanto organizaciones de la sociedad civil como la academia han identificado que la política de aspersión aérea con glifosato ha impactado en la salud reproductiva de las mujeres en las comunidades rurales donde se ha implementado la misma”, expone el documento.

Por otro lado, también expusieron que en materia ambiental el químico ha generado afectación de los suelos y el agua. “Un estudio realizado por la Corporación Geoambiental Terrae, señala que el glifosato después de la aspersión, puede seguir varias rutas, entre estas destaca la llegada al suelo donde puede transformarse y formar un compuesto similar denominado AMPA, más tóxico que el propio glifosato, o seguir siendo glifosato y quedarse dentro del suelo”.

Con dichos argumentos, las organizaciones pretenden llevar a estrados internacionales el debate sobre el uso del herbicida, antes de que este empiece a ser una realidad en el país.

Cabe mencionar que la autorización para asperjar Colombia con el químico, está en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Fuente: El Universal