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Iliana González Moya, de la Cooperativa de Créditos y Servicios - CCS Reinaldo Manning

¡Derechos campesinos, ya!

La Vía Campesina (LVC), un movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos e indígenas, rechaza la agricultura industrial y defiende la soberanía alimentaria a través de la agroecología. En su lucha por la conservación de la biodiversidad y la justicia climática, LVC critica las soluciones tecnológicas y financieras impulsadas por las corporaciones, que no abordan las causas profundas de la crisis ambiental.

Se habla poco acerca de los transgénicos. Quizás sea por las cifras millonarias de dinero que derivan de su comercio y, también, porque es un tema que polariza las opiniones que lo hace difícil de abordar.

El FMI y el Banco Mundial tienen 80 años. 80 años de neocolonialismo financiero y de imposición de políticas de austeridad en nombre del pago de la deuda. ¡80 años son suficientes! Las instituciones de Bretton Woods deben ser abolidas y sustituidas por instituciones democráticas al servicio de una bifurcación ecológica, feminista y antirracista. Para conmemorar estos 80 años, volvemos a publicar todos los miércoles hasta julio una serie de artículos que analizan en detalle la historia y los daños causados por estas dos instituciones.

• Siguiendo con el relato sobre extractivismo en la Panamazonía, Killeen en esta sección revela los primeros hallazgos exploratorios en Perú, Ecuador y Colombia, donde la abundancia de petróleo y gas ha generado gran impacto en los bosques y en quienes dependen de su existencia.
• En Ecuador, hasta hoy, se mantiene un juicio con Texaco (hoy Chevron) por la innumerable cantidad de pozos petroleros abandonados que contaminan ríos y tierras antes boscosas. En Perú, similar situación se presentan en las concesiones de los Lotes 8 y 192.
• Si bien Colombia ha invertido menos en la exploración de petróleo comparado con sus dos países vecinos, el potencial de explotación de hidrocarburos en la cuenca del río Putumayo y del río Caquetá es enorme. Allí, decenas de comunidades indígenas llevan tiempo señalando los problemas que los aquejan, a pesar de contar con protocolos de consulta previa.

• El 5 de julio de 2024, el Tribunal de Garantías Penales con Sede en la Parroquia de Iñaquito del Distrito de Quito declaró al principal río de esta ciudad como sujeto de derechos para protegerlo y ordenar su descontaminación, tras una solicitud de un grupo de ambientalistas ecuatorianos.
• La sentencia obliga al municipio de Quito a destinar recursos para un plan que resuelva la contaminación del río. Sin embargo, el municipio apeló la decisión judicial.

A un año del histórico referéndum, donde más del 60% de los ecuatorianos decidimos dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, el gobierno aún no cumple la voluntad popular.