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La nueva publicación, producida por diferentes movimientos campesinos y sociales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay junto a la Fundación Rosa Luxemburgo, fue presentada a fines de julio y puede descargarse libremente. “El punto de partida de este trabajo son las experiencias históricas de resistencia y las diversas prácticas de solidaridad fortalecidas durante la pandemia. Es un conjunto de iniciativas que apuntan a otro modelo de organización social, garantizando la soberanía alimentaria de los pueblos de la región”. En esta nota, hablamos con la antropóloga social Patricia Lizarraga, una de las coordinadoras del proyecto.

Empresas agrícolas del sur de Baja California que contratan trabajadores de otros estados para la cosecha de productos de exportación retienen a los jornaleros una semana de salario y documentos personales como la credencial del Instituto Nacional Electoral, reveló Abelina Ramírez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA).

El análisis surgido del Censo Agropecuario Nacional del 2008 había arrojado que cerca de 8 millones de hectáreas de tierras rurales se encontraban en manos de extranjeros, principalmente brasileños; esto representaba el 25% del total de la superficie abarcada. El fenómeno se habría profundizado con la presencia de capitales extranjeros en departamentos como Ñeembucú y Alto Paraguay, además de continuar también el avance de la sojización en varios otros Departamentos. El senador Pedro Santacruz plantea una Ley que ponga límites a esta expansión.

Después de una intensa lucha y años de organización, Productores Independientes de Piray (PIP) logró en 2013 una ley de expropiación de 600 hectáreas a la multinacional forestal Arauco, dueña del 10% del total de la superficie de Misiones; de las que ya están en posesión campesina las primeras 166has.

Un juez federal en Yucatán otorgó la suspensión definitiva a las obras del tramo 5 norte del Tren Maya en Quintana Roo, por las omisiones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de aplicar la política de impacto y riesgo ambiental, y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para realizar las evaluaciones ambientales para el proyecto.

El gobierno de Río Negro dio en concesión a empresas mineras más de 50.000 hectáreas, donde se incluyen territorios de comunidades mapuches. Fallos judiciales cruzados —que llegaron hasta la Corte Suprema—, una movilización histórica de pueblos indígenas a Viedma y la decisión de no dejar pasar a las empresas extractivas.

La nueva modalidad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), denominada edición genómica, gana espacio en la región sudamericana, impulsada por las corporaciones del agronegocio y poniendo en riesgo la biodiversidad, la calidad de los alimentos y la soberanía productiva y alimentaria de los pueblos. Esta nueva forma de transgénicos ya fue aprobada en Paraguay, sin debate y con un sospechoso sigilo por parte de las autoridades competentes.

Oscar Fallas, publicó en 1992 un libro titulado: «Modelos de Desarrollo y Crisis Ambiental en Costa Rica»; en el cual repasa la evolución del pensamiento ecologista en Costa Rica.