El informe de Global Witness

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¿Sabían que la minería y las industrias extractivas fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos de defensores en todo el mundo, con 27 casos registrados? ¿Sabías que el último año continuaron los ataques a los pueblos indígenas y “más del 40% de todos los ataques fatales fueron dirigidos a pueblos indígenas, a pesar de que solo representan el 5% de la población mundial? Estos importantes datos forman parte del informe de Global Witness 2022, pero que nunca ocupan las primeras planas de los medios corporativos que soslayan esta realidad. Así lo destaca José de Echave en el siguiente artículo.

Hace muy poco hacíamos notar (1) que los informes que clasifican el grado de inversión –u otras variables del comportamiento de nuestra economía en el escenario internacional– siempre ocupan las primeras planas en los principales medios de comunicación, sobre todo si perdemos puestos en las clasificaciones.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con otro tipo de informes e índices, elaborados por instituciones de prestigio, que son totalmente ignorados. Pasó con el Índice de Desempeño Ambiental que publican cada dos años las prestigiosas universidades de Yale y Columbia, en el que el Perú ha retrocedido al puesto 101 entre los 180 países evaluados.

Y también ha pasado con el informe publicado hace un par de meses por la institución Global Witness, en el que se evalúa la situación de los defensores de la tierra y el ambiente en general en todo el mundo. En esta ocasión, vamos a analizar el último informe de Global Witness, que se titula “Una década de resistencia” (2).

El último informe de Global Witness tiene la particularidad de que no solo presenta la situación y las cifras de persecución y asesinatos de defensores ambientales del último año: también se hace un balance de lo ocurrido en los últimos diez años.

En relación al último año, las cifras confirman una suerte de tendencia: la situación cada vez más difícil que enfrentan los defensores ambientales en todo el planeta, aunque con la particularidad de que “más de tres cuartas partes de los ataques registrados ocurrieron en América Latina. En Brasil, Perú y Venezuela, el 78% de los ataques se produjeron en la Amazonía” (Global Witness 2022).

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el mayor número de asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente se han producido en países como México (54), Colombia (33) y Brasil (26). Le siguen Filipinas, Nicaragua, India, República Democrática del Congo, Honduras y Perú.

Viendo la tendencia de largo plazo, en los últimos diez años la situación es casi similar; figuran los mismos países, intercalando algunas ubicaciones, aunque siempre es preocupante la presencia de un grupo importante de países de América Latina, entre ellos el Perú, que aparece en el grupo de los 10 países con mayor número de asesinatos a defensores y defensoras.

¿Cuáles son los sectores o actividades productivas involucradas con el mayor número de asesinatos de defensores de la tierra? En relación a lo ocurrido el último año, Global Witness subraya que más de una cuarta parte de los ataques letales están vinculados con la explotación de bienes naturales, como madera, minería y agronegocios a gran escala y, por otro lado, a represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. El mismo informe señala que la minería e industrias extractivas fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos de defensores en todo el mundo con 27 casos registrados.

Otro elemento preocupante es que el último año continuaron los ataques a los pueblos indígenas: “Más del 40% de todos los ataques fatales fueron dirigidos a pueblos indígenas, a pesar de que solo representan el 5% de la población mundial. Estos casos fueron documentados predominantemente en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas” (Global Witness 2022).

Como se sabe, desde el inicio de la pandemia, en el Perú han sido asesinados casi una veintena de defensores y defensoras ambientales, principalmente integrantes de pueblos indígenas que se han enfrentado a sectores que controlan actividades como la tala, la minería ilegal y el narcotráfico. Pese a que las comunidades vienen exigiendo la intervención y la protección del Estado, hasta el momento no hay una respuesta de las autoridades.

Notas:

(1) Diferentes varas para medir indicadores y rankings:  https://cooperaccion.org.pe/diferentes-varas-para-medir-indicadores-y-rankings/ 

(2) Disponible aquí:  https://www.globalwitness.org/es/decade-defiance-es/

Fuente: CooperAcción

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Extractivismo, Minería

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