Racismo y desconocimiento de derechos de pueblos indígenas, evidenciado en audiencia de defensores garífunas
Defensa presentó recurso de nulidad ante vicios cometidos por la Fiscal, quien fue la responsable de ordenar la detención de las y los defensores Garífunas, quienes se encontraban en la vía pública al momento de su aprehensión, según informe de jueza de ejecución.
En medio de fuerte presencia policial se desarrolló la audiencia inicial contra seis Garífunas en el Juzgado de Roatán, Islas de la Bahía, en el Caribe de Honduras, denunciaron organizaciones que dieron acompañamiento al proceso.
Las y los defensores acusados de usurpación agravada son Melissa Martínez, Dorotea Arzú, Richard Martínez, Luis Moisés Dolmo, Abad Sánchez Gómez y Keyder Tichani Ballesteros, quienes fueron detenidos durante un violento desalojo realizado por fuerzas policiales y militares el lunes 7 de noviembre. También hay un cargo por atentado contra un policía.
La comunidad de Punta Gorda es el primer asentamiento Garífuna en el Caribe centroamericano, el cual data desde 1797. Pese a esto, su territorio ancestral se ha ido reduciendo a causa de la usurpación del mismo por parte de terceros, “en contubernio con la municipalidad y otros grupos de poder que controlan la Isla”, denunciaron a mediados de septiembre.
El terreno ubicado en la comunidad ancestral Garífuna de Punta Gorda en el municipio de José Santos Guardiola en Islas de la Bahía, es disputado por Ritzi Wanda Norman Jones, según orden de desalojo.
Evidente racismo y desconocimiento en audiencia contra defensores garífunas
Entre las pruebas del Ministerio Público (MP), en la primera mitad de la audiencia, se presentó una certificación de propiedad de terreno emitida por la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (Zolitur) a favor de la familia Norman Jones, obviando que la institución encargada de emitir títulos de propiedad en Honduras es el Instituto de la Propiedad (IP), informó Radio Progreso desde sus redes sociales.
El abogado del Bufete Justicia Para los Pueblos, Edy Tábora, señaló al medio radial que la fiscalía trabaja sobre las bases de presunciones, no realiza una investigación seria junto a la policía, pero sí con un claro objetivo de dañar a la comunidad.
Tábora, quien junto al bufete legal representa a la comunidad Garífuna de Punta Gorda, expresó que fueron lamentables las expresiones racistas emitidas durante la primera mitad de la audiencia.
Los pobladores de Punta Gorda llegaron hasta el tribunal a apoyar a sus compañeras y compañeros que han sido judicializados.
Además, señaló que fue evidente el total desconocimiento en cuanto a lo que promulga el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) relacionada al tema del despojo de la tierra, traduciéndose en un desconocimiento por parte del Ministerio Público que favorece los intereses privados.
¿Qué dice el Convenio 169 sobre la protección del territorio ancestral?
El Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el artículo 14 numeral 2, establece que “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.
De igual forma, en el mismo artículo, numeral 3, establece que “deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.
Algo que a criterio del abogado del Bufete Justicia Para los Pueblos, Edy Tábora, el Estado de Honduras no ha solventado. En cambio, proceden a realizar desalojos sin contar con un protocolo interinstitucional mediante el cual antes de proceder a cualquier acción de expulsión, tanto los agentes policiales como fiscales, deben investigar exhaustivamente la procedencia de la tierra.
Joaquín Mejía, experto en derecho constitucional y derechos humanos. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
El defensor e investigador en derechos humanos, Joaquín Mejía, argumentó vía Twitter que la Sala de lo Constitucional en su sentencia SCO-406-2013, “planteó que los tratados internacionales de derechos humanos se integran al ordenamiento jurídico al más alto nivel, es decir, el constitucional; por tanto, tienen el mismo rango de la Constitución”.
Presentan nulidad para finalizar proceso contra defensores
En la segunda mitad de la audiencia, el Bufete Justicia Para los Pueblos tuiteó un hilo en el que refiere que presentaron un recurso de nulidad para poner fin inmediato al proceso de criminalización contra los seis defensores Garífunas, luego que se demostró una serie de vicios en el proceso de detención.
El bufete legal refirió que las y los seis Garífunas se encontraban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta cuando fueron detenidos por agentes policiales, a petición de la fiscal quien no debía estar en el proceso ni era competente para ello. Eludiendo de esta forma el procedimiento que debió haber incluido una investigación.
De acuerdo al reporte de la jueza de ejecución, las personas Garífunas detenidas estaban en la calle, o sea vía pública, al momento en que fueron detenidos por usurpación por agentes de la Policía Nacional.
El Bufete Justicia para los Pueblos refirió: «Esto fue un gran abuso de autoridad de parte de la Fiscal contra lxs defensorxs Garífunas. Cuando esto fue señalado por la Defensa, la Fiscal se río, a lo que la defensa respondió: ‘usted se ríe porque el Ministerio Público es una institución de impunidad en Honduras'”.
Sobre el tema se pronunció vía Twitter el investigador en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, quien identificó a la Fiscal como Reyna Yessenia Fúnes Canizales.
Señaló que la fiscalía no debe participar en un proceso de desalojo y que su orden de detención a la Policía Nacional contra las personas Garífunas violó el procedimiento, el que debió incluir una investigación. “En otras palabras, mínimamente cometió abuso de autoridad”, destacó.
Remarcó que como Fiscal y parte del Estado, “tiene el deber de garantizar que el pueblo Garífuna ejerza su derecho sobre sus tierras ancestrales”. Agregó: “Este tipo de fiscales avergüenzan la carrera fiscal y son responsables con sus superiores de haber convertido al Ministerio Público en un instrumento de criminalización de la dignidad y de protección a corruptos, golpistas, violadores a derechos humanos y narcotraficantes”.
Evacuación de pruebas continuará mañana
Pasadas las cinco de la tarde, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, indicó que desde el inicio de la audiencia, la fiscal que ordenó la detención de los y las defensores Garífunas ha solicitado prisión para estos.
Más temprano, la lideresa Garífuna se dirigió al pueblo hondureño y pidió que comprendiera que esta es una audiencia contra la primera comunidad garífuna, fundada hace 225 años, antes que Honduras se convirtiera en República. Reiteró que la comunidad es una familia extensa y que Punta Gorda es la comunidad de todo el pueblo garífuna.
Edy Tabora
Pasadas las 6 de la tarde, el abogado defensor, Edy Tábora, indicó que la “conclusión es que se trata de un proceso ilegal, en el que la fiscal ordenó la detención de los compañeros y compañeras, que no tenía facultad para hacerlo, violando […] el Código Procesal Penal y aun así seguimos en la audiencia” mañana.
Además, manifestó que la prueba presentada por el Ministerio Público es incompleta, ilegible, con falta de firmas, ilegal, recabada sin ningún control y sin la participación de la defensa. Aún así el juez dejó pasar todo, y no excluyó ningún medio de prueba.
Fuente: Criterio