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Las enormes extensiones de tierra y su mano de obra barata han despertado la voracidad de los promotores de los agrocombustibles. Tan sólo 15 países africanos —la “opep verde” tienen millones de hectáreas de tierra arable calificadas como “baldías”, disponibles para cultivar agrocombustibles.
 Empresas y países ávidos de energía vuelcan dinero en estos cultivos avivando una fiebre por tierra que remite a la inicial expansión colonialista europea a la que hoy se suman las élites gobernantes y empresariales africanas.

Junto a la rápida expansión de la producción del etanol fabricado a partir de la caña de azúcar, Sudamérica está empezando a desempeñar un papel clave como productor de biodiésel. La material prima principal es la soja [la soya], y para los cultivadores y las grandes empresas multinacionales de granos que estaban acosados por problemas de sobreproducción, este nuevo nicho de mercado es un regalo del cielo. Les da el pretexto perfecto para seguir apropiándose del continente.

Japón está utilizando cada vez más los tratados de libre comercio (TLC) para reforzar el control empresarial sobre las semillas y otras formas de diversidad biológica que son cruciales para la alimentación, la agricultura y la medicina. Dos de esos tratados, concretados este mes con los gobiernos de Chile e Indonesia, pusieron a Japón en la gran liga de las naciones que utilizan los tratados bilaterales de comercio para convertir en cosa del pasado la práctica de guardar la semilla en la finca rural

Las grandes corporaciones agroindustriales se han lanzado a una nueva carrera para ampliar sus ganancias a partir del terreno que ganaron en los últimos diez años imponiendo con éxito monocultivos resistentes a herbicidas a lo largo y ancho de aquellos países que abrieron sus fronteras a los transgénicos

Japón está utilizando cada vez más los tratados de libre comercio (TLC) para reforzar el control empresarial sobre las semillas y otras formas de diversidad biológica que son cruciales para la alimentación, la agricultura y la medicina. Dos de esos tratados, concretados este mes con los gobiernos de Chile e Indonesia, pusieron a Japón en la gran liga de las naciones que utilizan los tratados bilaterales de comercio para convertir en cosa del pasado la práctica de guardar la semilla en la finca rural

La estampida por los biocombustibles está causando un enorme perjuicio ambiental y social a las comunidades campesinas e indígenas. Se están destruyendo preciosos ecosistemas y cientos de miles de comunidades indígenas y campesinas están siendo expulsadas de sus tierras. Nos esperan cosas peores: el gobierno de la India se comprometió a plantar 14 millones de hectáreas con jatropha (un arbusto exótico del cual puede fabricarse biodiesel), el Banco Interamericano de Desarrollo dice que Brasil tiene 120 millones de hectáreas disponibles para biocombustibles, y los grupos de presión de Europa están hablando de casi 400 millones de hectáreas que estarían disponibles para plantaciones con destino a biocombustibles en 15 países africanos. Estamos hablando de una expropiación a una escala sin precedentes

Desde la sociedad civil permanentemente sostenemos una fuerte oposición al rol que han asumido las grandes corporaciones transnacionales: el poder de controlar y determinar las políticas públicas en los que países en que operan de manera de ver favorecidos sus negocios y sus operaciones

Lo que se pretende es reducir la competencia y multiplicar las ganancias. A corto plazo, las víctimas serán los agricultores que probablemente terminarán pagándole US$ 7.000 millones adicionales cada año a las grandes empresas semilleras. Pero a la larga todos perderemos con el control creciente de nuestros sistemas alimentarios en manos de grandes empresas transnacionales