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Los tibios intentos de las frágiles democracias latinoamericanas por poner algún límite al poder económico dominante generado por dos décadas de globalización y neoliberalización económica han encontrado en los últimos meses un topetazo contundente en la perversa alianza de grandes terratenientes con las corporaciones del agronegocio que están actuando de manera brutal en todos los países del Cono Sur.

"La crisis alimentaria actual muestra que no ha sido paranoia sino capacidad para ver que la avidez de ganancia del capital no tiene límites. Por razones de justicia básica y de respeto a la dignidad humana, la alimentación debiera estar por sobre cualquier afán de ganancia; los organismos y gobiernos para los que tales razones no existen al menos debieran tomar conciencia que están creando condiciones de explosividad social que ponen en peligro el mismo sistema que defienden y protegen a todo costo. Sin embargo, la capacidad potencial de la crisis alimentaria para brindar mayores ganancias a las megaempresas dominantes en el mercado de alimentos es tan brutalmente grande (...) que no ha permitido que se escuchen razones éticas o de simple gobernabilidad. Lo concreto es que los gobiernos que restrinjan la exportación de alimentos para asegurar niveles mínimos a su población pueden ser llevados a litigio comercial si sus países han firmado acuerdos de libre comercio..."

El gobierno de China acaba de hacer público el texto preliminar de su nueva propuesta de enmienda para la ley de patentes. Esta es la tercera vez que China modifica la ley desde que entró en vigor en 1984. Las enmiendas tienen el propósito de llevar al país más cerca de cumplir con el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, TRIPS en inglés).

La Unión Europea está desatada impulsando "Acuerdos de Asociación" o de "Cooperación" con los países de América Latina. Estos acuerdos parecen ser más blandos y flexibles que los textos que Estados Unidos va firmando bilateralmente con diversos países. Tras este disfraz, obligan a los firmantes a ampliar periódicamente lo acordado y a emprender un número indefinido de reformas jurídicas, administrativas, económicas, técnicas y sociales cuyo fin es otorgar condiciones cada vez más extremas en favor de las empresas europeas, en todos los rubros de la vida nacional.

A medida que la ofensiva del neoliberalismo avanza y se eliminan las medidas de protección para los mercados locales tales como los aranceles y los cupos de importación, las potencias industriales ponen la mira ahora en medidas cualitativas tales como las reglamentaciones relativas a la inocuidad de los alimentos para continuar sesgando así el mercado a su favor. En materia de sanidad animal y vegetal, tanto Estados Unidos como la Unión Europea están tratando de imponerle sus normas a los demás países. Para Washington eso significa conseguir que otros países acepten los transgénicos y sus normas de inspección de sanidad animal e inocuidad de la carne, a pesar del hecho que el sistema regulatorio estadounidense de sanidad animal y vegetal es ampliamente criticado como demasiado laxo. Para Bruselas, que se rige por normas de inocuidad de los alimentos que gozan de mucha mejor reputación, significa imponerle normas de alta calidad a países que no pueden satisfacerlas. Los tratados de libre comercio (TLC) bilaterales son hoy la herramienta predilecta para forzar esos cambios.

La información sobre las revueltas que estallaron en todo el mundo como resultado de la crisis alimentaria mundial ha sido profusa, pero se ha prestado escasa atención a cómo salir adelante. La solución exige un cambio radical: las políticas agrícolas deben formularlas los agricultores a pequeña escala -quienes siguen siendo responsables de la mayor parte de la producción de los alimentos consumidos en todo el mundo- y para ello es necesario que las instituciones financieras internacionales y los organismos mundiales de desarrollo dejen de tener el poder que detentan actualmente. Habrá que resolver tres temas que están interrelacionados: tierra, mercados y la agricultura misma.

La visión que subyace a la agricultura orgánica es que es central que cuide el ambiente y la salud, y que los agricultores logren un trato justo por sus esfuerzos. Pero la agricultura orgánica también se está convirtiendo en un negocio serio -con instrumentos para comercializarla como la certificación, que ocupa más y más espacio e influencia. Los mercados principales para alimentos orgánicos certificados pertenecen, en buena medida, todavía al Norte, pero la producción orgánica para exportación crece constante en el Sur. Las grandes corporaciones multinacionales que dominan el comercio de alimentos y los mercados al menudeo han cambiado su visión de lo orgánico conforme crecían en los últimos diez años los nichos para alimentos orgánicos. Ya no lo consideran una amenaza sino un mercado creciente por conquistar.

Desde Haití hasta Camerún, pasando por Bangladesh, la gente se ha lanzado a las calles llevada por la rabia de no poder ya comprar alimentos. Hay dirigentes mundiales que reclaman más ayuda alimentaria ante el temor de una agitación política, así como más fondos y tecnología para aumentar la producción agrícola. Mientras, los países exportadores de cereales cierran sus fronteras para proteger sus mercados internos, a la vez que otros se ven forzados a comprar por el pánico a la escasez. ¿Auge de precios? No. ¿Escasez de alimentos? Tampoco. Nos encontramos en medio de un colapso estructural, consecuencia directa de tres décadas de globalización neoliberal.